Andreu Van den Eynde, abogado del dirigente de ERC, Oriol Junquerasdetalló este martes la jueza que antes y el mismo día que sufrió al ataque a su teléfono móvil a través del programa Pegasus había mantenido reuniones telemáticas confidenciales, entre ellas una con la líder republicana Marta Rovira, que reside en Suiza. El letrado entregado un listado de los encuentros que mantuvo del 1 de abril hasta el 22 de mayo el 2020, durante el confinamiento por el covid. En total, 16 reuniones, la mayoría de coordinación y estrategia jurídica, tanto en España como en Europa, pero también con responsables de Omnium Cultural. En ese periodo también visitó a Junqueras en la prisión de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) y tuvo encuentros con el resto de defensores que actuaban en el juicio contra dirigentes independentistas por el 'procés'

La declaración de Van den Eynde y del eurodiputado Jordi Solé, otra de las víctimas de Pegasus, es la primera diligencia de investigación que practica el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, donde ha recaído la querella presentada por el letrado y el político por el espionaje a través de Pegasus. En su interrogatorio, uno y otro explicaron las actividades que realizaron en los días previos al ataque de sus móviles. En el caso de Soler, las personas que le espiaron entraron en su teléfono para sustraer datos en cinco días de junio del 2020, cuando se estaba debatiendo la sustitución de Junqueras como europarlamentario, escaño que él finalmente ocupó, y cuando participó en reuniones como secretario de política internacional de ERC.

La sospecha del CNI

Van den Eyden ha entregado en el juzgado un informe pericial en el que certifica que Pegasus accedió a su móvil al menos en una ocasión, el 14 de mayo del 2020. Para este abogado, el espionaje a través de Pegasus es "de carácter gubernamental" y, en concreto, apunta a la "agencia de inteligencia". Es decir, sospecha del CNI. "Se ha de investigar la autoría", recalcó a la salida de su declaración. Solé, por su parte, aseguró que el espionaje de un cargo electo como él es "incompatible con un estado de Derecho". "Necesitamos llegar hasta el final", subrayó.

Por ahora, se ha detectado que 65 personas vinculadas al independentista catalán han sido controladas con Pegasus, un programa informático que solo se vende a Gobiernos. Las querellas que se han ido presentando por parte de los afectados han recaído en varios juzgados de la capital catalana y la Audiencia Nacional. En Barcelona, los procedimientos están en punto muerto por un tema de competencia. Sobre la mesa está quien debe investigar cada uno de los casos. La pelota se la pasan de uno a otros. El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, al que fue a parar la querella de Roger Torrent y Ernest Maragall, archivó provisionalmente la causa a la espera de que la empresa de Israel creadora de Pegasus, NSO, respondiera a una comisión rogatoria.