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Proceso judicial

La jueza trunca el intento del Estado de limitar la causa penal contra Adif

La defensa de Cortabitarte y la Abogacía estatal pedían dejar fuera del proceso las medidas de seguridad de la curva donde descarriló el tren y centrarse solo en la evaluación de riesgos de toda la línea

Francisco Garzón, al fondo con mascarilla, y Andrés Cortabitarte, delante suya, sentados en el banquillo de los acusados. XOÁN ÁLVAREZ

El juicio por el accidente del Alvia arrancó hoy con momentos de tensión fuera de la sala, tanto al inicio como al final de la primera sesión, mientras en el interior la jornada se desarrolló sin mayores contratiempos y con los letrados intentando crear el mejor escenario para la defensa de los intereses de sus representados. En esta tesitura, el abogado del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif –uno de los dos acusados–, Ignacio Sánchez, planteó limitar la causa penal que se sigue contra Andrés Cortabitarte, restringiendo así el ámbito de la acusación, tesis que fue respaldada por la Abogacía del Estado. Sin embargo, esta estrategia chocó con la actitud de la jueza, Elena Fernández Currás, que truncó de plano la táctica del Estado de vaciar de contenido el juicio en una decisión que compartió el fiscal, Mario Piñeiro, así como la inmensa mayoría de los representantes de las víctimas.

El abogado de Cortabitarte quería que la acción penal se limitase a si el análisis de riesgos en esa línea era correcto o no, dejando fuera del juicio otros elementos clave para dilucidar las responsabilidades, como la señalización, el funcionamiento del ERTMS –el sistema de seguridad más avanzado, pero que estaba desconectado en el Alvia–, la ausencia de balizas de velocidad en la curva del descarrilamiento o que en ese tramo no hubiera ERTMS.

El letrado indicó, para justificar esta pretensión, en que sucesivos autos de la Audiencia Provincial de A Coruña durante la fase de instrucción excluyeron estos elementos de seguridad de la acción penal, por lo que no podrían llegar ahora a juicio. El abogado del Estado, que ejerce la defensa de Adif, se adhirió a esta estrategia, de intentar que la causa quedara reducida a valorar el análisis de riesgos en la línea.

Santiago de Compostela acoge el macrojuicio por el accidente del Alvia en Angrois

Santiago de Compostela acoge el macrojuicio por el accidente del Alvia en Angrois. Agencia ATLAS | EFE

La jueza no aceptó tal propuesta, arguyendo que todo está “interconectado”, que “todo es objeto de debate” y que no era procedente en la primera jornada –en las cuestiones previas– reducir el proceso contra Cortabitarte a solo el análisis de riesgos. “Si quiere le pongo la sentencia. Esto es un juicio penal y no pretenderá que el juez le plantee ya una relación de hechos probados”, ironizó la titular del juzgado. El fiscal compartió esta decisión, indicando por su parte que los autos previos de la Audiencia de A Coruña durante la fase de instrucción no delimitan el objeto del proceso. “La instrucción no es una foto fija”, concluyó.

Error

La línea estratégica del Estado pasa por defender que Adif no tuvo responsabilidades en el accidente y que el siniestro se debió a un error del maquinista, de ahí que aún hoy la Abogacía del Estado solicitara la incorporación a la causa de más pruebas que refuercen la culpabilidad de Francisco Garzón, como analizar el historial del Ipad que llevaba para comprobar si antes del curva había consultado el manual –lo que reforzaría el fallo humano–, una prueba policial que no se pudo hacer en su día por falta de avances técnicos. La jueza rechazó esta propuesta ya que dicha pericial, arguyó, debería haberse practicado en todo caso en el marco de la instrucción ya cerrada.

Hubo discusión entre las partes sobre el doble papel de Adif, como responsable civil subsidiario y como acusación para reclamar daños causados por el accidente. Fueron dos abogados de las víctimas los que censuraron esta actitud, ya que la empresa no había presentado una denuncia por daños durante todo el procedimiento. Lo que pretendían los letrados, junto con Manuel Prieto –abogado del maquinista–, es desactivar el papel de la Abogacía del Estado como parte acusadora, ya que tiene convenios de asistencia jurídica firmados con Adif y Renfe con intereses en teoría enfrentados, por lo que entraría en conflicto.

“No puede estar acusando la Abogacía del Estado a un empleado de Renfe y a la vez defender a Adif. No puede defender a Adif contra Renfe y un empleado de Renfe”, ex

Por su parte, Javier Suárez –abogado del Estado– sí defendió la compatibilidad, lo mismo que la jueza y el fiscal, destacando que no había ningún motivo para que se dieran las circunstancias de un juicio nulo, lo que motivó protestas de otras partes que tendrán que ser revisadas, como otras muchas presentadas hoy, por la Audiencia de A Coruña.

Otro tema que suscitó numerosas intervenciones fue el vídeo aportado el pasado mes por el Estado en el que se relatan desde un tren llegando a la curva de Angrois los supuestos fallos cometidos por el maquinista.

La sala de vistas. / XOÁN ÁLVAREZ

La mayoría de los abogados de las víctimas, así como el de Garzón, pidió la impugnación de este vídeo que califican como “montaje” y que tiene “claro ánimo de exculpar a Cortabitarte y establecer la única responsabilidad del maquinista”. La jueza lo admitió como una prueba de parte más que corresponde al interés legítimo de la defensa de Adif y, por ello, no se pronunció sobre su valor probatorio, aunque sí que sembró algunas dudas. El abogado del Estado señaló que el vídeo es tan solo “un documento gráfico explicativo” que corresponde a la “secuencia temporal que precede al accidente” y que “recoge los principales hitos” que suceden durante la llamada telefónica del maquinista.

La primera sesión se dedicó íntegramente a cuestiones previas en las que los abogados plantearon centenares de asuntos, desde la ubicación hasta el número de abogados que podían estar en el estrado, pasando por la impugnación de pruebas e informes médicos presentados por las aseguradoras, o cambio de fechas de las declaraciones de testigos y peritos, como el letrado del maquinista, que reclamó varias veces que sus técnicos fueran los últimos en comparecer, tras los peritos de Adif, que buscan responsabilizar a Francisco Garzón del accidente.

Una magistrada firme y expeditiva: “Si empezamos así no acabamos en años”

Un juicio con 110 abogados –aunque hoy ya no acudieron todos– no parece a priori fácil de gestionar. Pero el apartado de cuestiones previas y de proposición de nueva prueba celebrado hoy fue más rápido de lo esperado: arrancó al filo de las 09.45 horas y concluyó a las 13.30, zanjándose en apenas cuatro horas. En la primera sesión de esta macrovista la jueza, María Elena Fernández Currás, se mostró firme y dirigió las intervenciones de forma expeditiva, con agilidad. “Si empezamos así, con réplicas y contrarréplicas, no acabamos en años, no salimos de aquí”, afirmó varias veces poniendo límites a las intervenciones de los letrados.


Hubo bastantes cuestiones que motivaron las protestas de los abogados. Como la de que, al menos en estos momentos iniciales, solo se acepte la presencia de un letrado por parte. Por ejemplo, la Abogacía del Estado –que representa a Adif– insistió en este turno de cuestiones previas en tener a dos abogados en el estrado y no solo a uno como ahora. La magistrada, sin embargo, fue tajante. “Yo también querría tener un juez de apoyo, o dos o tres... Y la Fiscalía también querría venir entera. Pero por razones de espacio, la decisión está más que justificada. Es lo que hay”, manifestó.


En otra de sus intervenciones Elena Fernández Currás también quiso dejar claro que sus decisiones deben ser atendidas. “No admito debate conmigo; claro que tengo que escuchar a las partes, pero escúchenme ustedes también a mí”, avisó. Estaba rechazando una petición relativa a alterar el orden de las declaraciones, que se prolongarán hasta el próximo febrero. “Organizar un juicio así es muy costoso y no hay motivo para alterar nada”, afirmó la jueza, que en otra intervención se refirió a que este proceso que arrancó hoy será “amplio, complejo, técnico y farragoso”. La magistrada admitió la documental propuesta hoy, así como la mayoría de nuevos testigos y/o peritos.

Rechazo frontal de los abogados a la retransmisión en directo de la vista

La retransmisión en directo del juicio motivó el rechazo de los abogados de las víctimas y del letrado del maquinista. El streaming, alegaron, “contaminaría” y condicionaría a testigos y peritos, que podrían “acomodar” sus declaraciones a lo que escuchen en las sesiones. Podría dar lugar a una nulidad de actuaciones porque, entienden, afecta al derecho de defensa. Y, añadieron, esta difusión durante meses contribuiría a “acrecentar” el dolor de víctimas y familiares. Pero la jueza fue tajante. No hay contaminación, porque todas esas personas “ya declararon en la instrucción” y el juicio será además relatado por los medios de comunicación. Y hay víctimas, zanjó, interesadas en seguir este proceso.

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