Un exempleado del grupo Cursach declaró en el juicio que un compañero que trabajaba en contabilidad le insinuó que la empresa pagaba a policías locales. El testigo afirmó que cuando empezó a denunciar sus condiciones laborales en la discoteca Megapark de s’Arenal -"trabajábamos 220 días sin librar-", este empleado le dijo que tuviera "cuidado". "Me dijo: ‘Ya sabes que aquí vienen muchos policías locales. Yo les preparo los sobres’", declaró, para puntualizar después que él no vio estas entregas.
Aseguró además que en los seis años que estuvo desempeñando labores de seguridad en el establecimiento por las noches "nunca" vio una inspección y negó haber sido aleccionado por los investigadores para señalar a determinados policías. La antigua inspectora del grupo de Blanqueo, imputada en la causa abierta en el TSJB contra ella, sus excompañeros, el juez Penalva y el fiscal Subirán, defendió en un tenso interrogatorio que "la investigación se hizo con total imparcialidad". La policía dijo no recordar muchas de las cuestiones que se le plantearon sobre sus informes por el supuesto acoso de la Patrulla Verde a los negocios que competían con Cursach y no pudo detallar con precisión cómo llegó a determinadas conclusiones.
El fiscal Tomás Herranz -como hicieron después las defensas-, trató en buena parte de su interrogatorio de desacreditar las declaraciones de los dos testigos, a los que supuestamente había citado el ministerio público para apuntalar la tesis acusatoria que todavía mantiene.
El primer testigo en comparecer explicó que en Megapark sufría explotación laboral, ya que trabajaba siete meses seguidos sin ningún día de descanso. Por eso decidió contactar con dos policías nacionales que "buscaban carteristas" en el local, quienes le dirigieron al grupo de Blanqueo. A ellos les contó que un grupo de agentes de la Policía Local solían entrar de paisano en el establecimiento y las insinuaciones del empleado de contabilidad sobre los sobres que recibían. "Nunca vi que dieran dinero a ningún policía", precisó. También apuntó al posible trato de favor que recibía el Megapark. "En seis años que estuve trabajando allí por las noches nunca vi una inspección", detalló. El abogado de Bartolomé Sbert quiso aportar un acta para evidenciar que esta afirmación no es cierta, pero el tribunal denegó su petición. "Está mintiendo de forma flagrante", sentenció el letrado, que protestó por la inadmisión del documento y aseguró que en Megapark hubo "84 inspecciones de la Policía y 71 de Inspección de Trabajo durante esos años".
No fue aleccionado
El fiscal preguntó al antiguo empleado de Cursach si recibió instrucciones sobre a qué policías debía señalar cuando fue a declarar al juzgado. "No. Nunca me dieron indicaciones sobre a quién debía identificar", replicó. El hombre explicó que en su declaración judicial aparecen los nombres de varios agentes de policía que él no dio. "A mí solo me enseñaban fotos", explicó sobre cómo se llevaron a cabo esas identificaciones. A preguntas de los abogados defensores, insistió en que no fue aleccionado por el grupo de Blanqueo para incriminar a determinadas personas. "Nunca me pidieron favores", aseveró.
La declaración de la antigua inspectora del grupo de Blanqueo fue especialmente tensa y con varias llamadas al orden por parte del tribunal por su "desdén", "soberbia" y falta de concreción sobre las investigaciones que llevó a cabo. "No lo sé, no me acuerdo", respondió a muchas de las preguntas sobre los informes que elaboró en esta causa, donde señalaba que la Patrulla Verde de la Policía Local favorecía a los negocios de Cursach.
Aunque la Fiscalía sigue manteniendo en su escrito de acusación que esta unidad llevaba a cabo inspecciones arbitrarias e injustificadas contra determinados locales, Herranz centró buena parte de su interrogatorio en intentar desacreditar las conclusiones de la inspectora. La policía defendió su labor y trató de descargar la responsabilidad en sus "superiores" en la Policía Nacional y en "el equipo instructor", en alusión a Penalva y Subirán.
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, le lanzó una dura reprimenda tras no poder precisar algunos detalles sobre las pruebas que recabó para sus informes, alegando que los redactó hace seis años y no ha podido volver a revisarlos. "Es la primera vez en 22 años que me encuentro con un instructor que no sabe dar explicaciones. Pero sí es usted muy ávida en negar responsabilidades. No puedo admitir que siga diciendo que no sabe qué ha hecho. Le invito a que reflexione si es procedente que siga dando la impresión que estas detenciones se basan en cuestiones que la instructora no sabe precisar", señaló Samantha Romero, que la acusó de actuar con "desdén".
Las dudas de la antigua inspectora sobre si debía contestar acerca de los insultos a abogados y acusados en el grupo de WhatsApp del que formaba parte junto al resto de miembros de Blanqueo, Penalva y Subirán -una de las principales pruebas en la causa abierta en el TSJB en la que está imputada- le valieron una nueva amonestación del tribunal, que la acusó esta vez de "soberbia". Romero le indicó que debía responder porque las conversaciones están aportadas en este proceso. "Yo jamás he faltado al respeto a nadie de esa manera", indicó. La policía negó haber manipulado a ningún testigo y defendió la labor de los investigadores: "Estoy convencida de que la investigación se ha hecho con total imparcialidad. Uno no se despierta por la mañana y decide detener a fulanito. Era una investigación larga".
