El Gobierno había pasado página a la muerte de al menos 23 inmigrantes en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. La crisis parecía superada, fuera ya del debate nacional, y sin provocar ninguna interferencia en la nueva relación con Marruecos, que desde el principio se intentó preservar. Pero, el interés de la televisión británica BBC por esta tragedia y la inclusión en un documental de imágenes que ponen en duda la versión del Ministerio del Interior han provocado al Ejecutivo una problema político de primera magnitud, justo cuando disfrutaba de un momento de cierta estabilidad, con Alberto Núñez Feijóo a la baja.
Todo esto, al menos hasta el viernes, antes de que Sánchez detonara la bomba informativa de la reforma del delito de sedición. Ahora, Moncloa se enfrenta a nuevas curvas en el trayecto a las elecciones, pero ni eso esconde el incendio latente de la crisis de Melilla, un asunto en el que el Gobierno se ha quedado solo, sin sus socios de coalición, Unidas Podemos, y de sus habituales apoyos parlamentario, atado completamente a la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que insiste en que no hubo muertos en territorio español y que se actuó de manera "proporcional" y "legal".
De esta versión en el Ejecutivo nadie se mueve, a pesar de la dureza de los vídeos que han trascendido. Pero la prueba de la debilidad política del ministro es la firmeza con la que Pedro Sánchez se ha visto obligado a sujetarlo. La primera vez, en la comparecencia que protagonizó tras la cumbre hispano-lusa, el presidente evidenció su inquietud por este tema al responder con una defensa cerrada de Grande-Marlaska, cuando sólo se le preguntó por el informe del Defensor del Pueblo que reprocha al Ministerio las devoluciones en caliente.
La segunda fue en el entrevista del viernes por la noche, en La Sexta, aunque en esa ocasión ya se inquirió directamente por su cese. Todos los ministros se han conjurado para ayudar al responsable de Interior, en lo que parece una orden clara de Moncloa, que demuestra también el nerviosismo que este asunto provoca. Sobre todo porque hay una investigación abierta por la Fiscalía. Este es el punto más oscuro de esta crisis y donde radica el principal motivo de preocupación del Gobierno.
Dar explicaciones
Por ahora todo pasa porque siga dando explicaciones. El propio Sánchez manifestó que Grande-Marlaska "continuará dando las respuestas que sean precisas". Según aseguraba esta semana un miembro del Ejecutivo que el ministro está convencido de que se actuó correctamente. Pero esta misma personas reconocía también que "el Gobierno va a esperar a conocer la investigación y en función de eso adoptar las medidas necesarias".
Nadie en Moncloa tiene en la cabeza que Grande-Marlaska puede recibir un reproche penal pero sí que, como ya ha hecho el Defensor del Pueblo, se cuestione la actuación de España el día de la tragedia. Eso pondría al presidente en una difícil tesitura, sobre todo porque hay 23 muertos y porque él empezó su andadura acogiendo a las inmigrantes errantes del Open Arms.
Sin apoyo morado
El apoyo dentro del Gobierno es solo de los ministros socialistas. Los cinco representantes de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros han evitado cargar directamente contra el responsable de Interior, como han evitado hacer durante toda la legislatura cada vez que han chocado con un ministro socialista, pero tampoco le han respaldado. Lejos de ello, los morados han pedido la creación de una comisión de investigación en el Congreso que permita aclarar lo que ocurrió en la valla de Melilla el pasado julio. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió esta semana la necesidad de realizar una "investigación profunda" y dejó claro que con "los derechos humanos no se juega". Pero no mencionó a Grande-Marlaska en ningún momento.
El exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sí señaló este viernes que el ministro debe "asumir su responsabilidad", lo que podría indicar que los morados van a incrementar la presión contra Grande-Marlaska en los próximos días. No obstante, fuentes del espacio aseguran que por el momento solo reclamarán la comisión en la Cámara Baja.
Unidas Podemos registró esta iniciativa de la mano de ERC y EH Bildu, dos de los socios habituales del Gobierno en el Congreso. Los republicanos catalanes han pedido de manera clara el cese de Grande-Marlaska y los aberzales le reclaman que "actúe honestamente". No obstante, las tres formaciones necesitarían del PP para aprobar la creación de la comisión de investigación.
Decisión compleja
En el PP, fuentes del grupo parlamentario admiten en privado que su posición es complicada. La dimisión de Marlaska ya la han solicitado por boca de varios portavoces (no por Alberto Núñez Feijóo aún), pero acabar votando a favor de una comisión de investigación son palabras mayores. Oficialmente no descartan llegar a pedirla, pero saben que se les puede volver en contra porque los grupos nacionalistas e independentistas querrán llamar a los responsables de la Guardia Civil en Melilla para escuchar su versión de lo ocurrido. "¿Si votamos a favor de la comisión, cómo no vamos a querer escuchar a los responsables de la Guardia Civil? No tendría sentido", apuntan esas fuentes antes de apuntar que no se entendería que el PP "pareciera" que está en contra del instituto armado.
El partido de Feijóo se ha visto arrastrado por el documental de la BBC sobre el asalto, ya que había olvidado este asunto como objeto de crítica y petición de explicaciones al Ejecutivo. Solo ha vuelto a acordarse tras la emisión del reportaje de la cadena británica, que entre otras cosas acusa a los guardias de permitir que cuerpos de subsaharianos heridos o muertos fueran arrastrados por gendarmes marroquís desde "un área controlada por España" hacia territorio de Marruecos. "Lo habíamos dejado de lado. No dice nada bueno de nosotros [el PP] ni de vosotros [la prensa]", apunta un diputado del PP sobre la falta de investigación por parte de los medios de comunicación españoles.
