La renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pendiente desde el pasado mes de junio —dos de los cuales corresponde designar al Gobierno y otros dos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— se producirá "más pronto que tarde", revelan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de este órgano, pese a la actitud obstruccionista en la que parece haberse instalado el sector más conservador de la institución. La cuestión es en qué se traduce ese 'pronto', pues algunos vocales señalan una clave que puede convertirse en nueva excusa para volver a retrasar el cumplimiento de la ley y frenar la llegada de un TC de clara tendencia progresista como ahora corresponde.

El problema sería, según las fuentes consultadas, la decisión que tiene pendiente adoptar el Tribunal Supremo en los próximos días sobre la designación de Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ tras la renuncia de Carlos Lesmes. La elección del vocal de más edad del Consejo para esta suplencia fue recurrida ante el alto tribunal por uno de los vocales, Wenceslao Olea, que la considera ilegal y que pidió como medida cautelar que este nombramiento quede en suspenso hasta que se decida sobre el fondo de la cuestión.

Para que el Supremo pueda decidir sobre este asunto, antes tiene que recibir un informe al respecto solicitado a la Abogacía del Estado cuyo plazo de presentación, que ha sido prorrogado, concluye a principios de la próxima semana. Según las mismas fuentes, y una vez se reciba el dictamen, la decisión del Supremo al respecto podría tardar hasta bien entrado el mes de diciembre.

La cuestión es que se esperaban avances para renovar el TC esta misma semana, pues los interlocutores designados por los sectores conservador y progresista del órgano se han citado el 16 de noviembre para poder hablar ya con nombres sobre la mesa. Se precisa el consenso —la mayoría de al menos 11 vocales del total de 18 que hay ahora en el CGPJ— para que pueda elegirse un magistrado de la confianza de cada uno de los grupos. 

Esperar por cautela

Si como parece, los vocales conservadores prefieren esperar al Supremo, el acuerdo volverá a retrasarse. Los que comparten esta postura aducen que si el alto tribunal suspende la presidencia de Mozo, las designaciones para el órgano de garantías que se hayan realizado quedarían en entredicho, y debe evitarse dicha inseguridad jurídica. En todo caso, no es descartable que la polémica política por la reforma de la sedición acabe contagiando también el ambiente de negociación en el seno del CGPJ.

Por el momento, el único nombre sobre la mesa es el del magistrado José Manuel Bandrés propuesto por los progresistas, sobre cuya idoneidad aún no se han pronunciado los vocales designados en su día a propuesta del PP. En la última reunión, celebrada el pasado 3 de noviembre, los negociadores José Antorio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador, aseguraron que para el próximo miércoles esperaban poder tener ya candidatos que presentar por su parte.

Además, y con respecto a la situación del Supremo, los conservadores lograron forzar un acuerdo por el que el CGPJ ha pedido informes al Tribunal Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sobre vacantes y plazas pendientes de cubrir.

De hecho, en un comunicado difundido tras la reunión, el sector conservador señalaba que valoraría "como muy conveniente" un comunicado conjunto reclamando el restablecimiento de "las competencias constitucionales del CGPJ" —es decir, poder hacer también los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo que les fueron prohibidos por la reforma de marzo de 2021— mientras no se produzca su renovación. Sus compañeros progresistas eludieron pronunciarse sobre esta propuesta, que podría suponer otra piedra en el camino para la renovación del Constitucional, un asunto que por ley debería haberse solventado antes del pasado 13 de septiembre.