El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha urgido a los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, gobernados por el popular José Luis Martínez-Almeida y por la recién nombrada alcaldesa de la confluencia IU-Equo-Más Madrid, Aída Castillejo, respectivamente, para que actúen ante la falta de electricidad en la Cañada Real. Se refiere en concreto a los sectores 5 y 6 de estos asentamientos, en los que viven cerca de 3.000 personas, de ellas más de 1.200 son niños, que se ven relegados a una vida menos digna y que, en algunos casos, ven cómo su salud se pone en riesgo.
Gabilondo ha propuesto a los consistorios que contemplen la concesión de licencias urbanísticas especiales o títulos habilitantes especiales, que pueden otorgarse en contadas ocasiones y que están sujetas a limitaciones, señala el Defensor. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid recoge que, con esa licencia especial, se podrían iniciar los trámites para solicitar que la compañía que suministre electricidad a la Cañada Real asegure la prestación del servicio. Asimismo, la compañía tendría que presentar a los ayuntamientos el correspondiente proyecto de despliegue de la red.
El Defensor presenta a la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la capital y de Rivas-Vaciamadrid como actores fundamentales para la resolución de esta problemática, que se ha repetido desde hace varios inviernos, y de la que ya alertó en el pasado esta institución. Insta, por tanto, al Ayuntamiento de Madrid a tomar medidas y a aplicar el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencia Urbanísticas y el artículo 173 del Plan Urbanístico General de Rivas-Vaciamadrid, ya que ambos documentos contemplan la regulación de licencias de las edificaciones fuera de ordenación. "El rol de la Comunidad de Madrid también es relevante porque las edificaciones de la Cañada Real se encuentran en suelo patrimonial de la Comunidad y se necesita contar con su autorización para poder activar esta opción", señala el Defensor del Pueblo en una nota de prensa.
Las medidas deberían ser tomadas "con carácter de urgencia" para que se restablezca el suministro eléctrico en la zona. Gabilondo pide además "que se acorten los plazos y se agilicen los trámites por parte de las administraciones y de la compañía suministradora para que la electricidad vuelva" a los sectores afectados "lo antes posible, y desde luego, antes de que comience el invierno".
El Defensor del Pueblo ha hecho llegar esta resolución al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, así como a los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada. También la han recibido las consejerías de Sanidad, y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
