Laura Díez ha tenido una carrera política menos significada que la de Juan Carlos Campo, el otro jurista que nombrará este martes el Consejo de Ministros para formar parte del Tribunal Constitucional (TC). A diferencia de Campo, no ha sido ni ministra ni diputada. Pero Díez también ha ocupado cargos gubernamentales.
Catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona (UB), y cercana al PSC, trabajó en la Moncloa hasta hace medio año, como directora de Asuntos Constitucionales, cargo del que dependió primero de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y después del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El pasado abril, tras el pacto entre el PSC, ERC y Junts, fue nombrada por el Parlament vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries, el órgano encargado de velar por la adecuación al Estatut y la Constitución de las leyes de la Generalitat, un cargo desde el que avaló en junio, junto al resto de sus compañeros, la ley del catalán en las aulas.
Cuando compareció ante el Parlament a finales de marzo, como paso previo a su nombramiento para el Consell, Díez (Barcelona, 1969), defendió la necesidad de buscar consensos dentro de un marco legal en evolución. “No es lo mismo la Constitución en el año 1978 que en el siglo XXI, ni el Estatut aprobado en 1981 que el aprobado en 2006”, explicó la próxima magistrada del TC, que también ha sido asesora del Govern para la reforma de ley fundamental catalana (2002-2004), directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes (2018-2020) y adjunta al Síndic de Greuges (2004-2010).
En el ámbito académico, sus investigaciones se han dirigido a los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la información y las instituciones constitucionales de garantís de derechos, entre otros ámbitos.
