Reconstrucción de las más de nueve horas del tenso pleno del Tribunal Constitucional que frenó la renovación

Los plenos del Tribunal Constitucional se suelen regir por un estricto orden del día, pero a veces las circunstancias llevan a que el rígido sistema mantenido quincenalmente desde hace más de cuatro décadas sufra ciertas variaciones. Es lo que ocurrió en cierta manera este lunes en la reunión de más de nueve horas que mantuvieron los 11 magistrados que actualmente componen el máximo garante de la Constitución, en la que acordaron por primera vez en su historia paralizar la tramitación de su propia reforma en el Senado.

La reunión comenzó algo después de las 10 de la mañana con la intención de no dejar en el aire ninguno de los aspectos que podían estar sobre la mesa. Por eso se empezó decidiendo si debía ser el pleno o la Sala Segunda quien asumiera la decisión sobre el recurso del PP contra la tramitación de la reforma de la ley orgánica del poder judicial y de la ley reguladora del propio Constitucional introducida vía enmiendas en la modificación del Código Penal que deroga la sedición y modifica la malversación.

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Parecía algo que se daba por sentado, porque cuando por turno la impugnación correspondió a Enrique Arnaldo, este propuso elevarlo a pleno y el presidente, Pedro González-Trevijano, lo convocó para el día siguiente. Si no, le habría correspondido a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, donde son mayoría los magistrados de sensibilidad progresista. Sin embargo, durante la sesión matutina del pleno el presidente de esta Sala, el vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, de tendencia progresista, se sumó a sus compañeros conservadores al entender que la trascendencia del asunto obligaba a su estudio por el pleno.

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Hasta la tarde

Salvo en esa ocasión, el pleno fue escuchando los argumentos jurídicos a favor y en contra de cada medida y adoptando decisiones por mayoría de seis a cinco: los seis magistrados de sensibilidad conservadora frente a los cinco progresistas. Estos últimos estaban confiados en que la proporción cambiaría cuando iniciaran el estudio de las recusaciones de Unidas Podemos y del PSOE dirigidas contra el presidente González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, ambos nombrados en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que son los únicos que tendrían ya sustituto con la aprobación de la reforma ahora paralizada con los elegidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cuando ni González-Trevijano ni Narváez hicieron ademán de apartarse para que sus compañeros del pleno pudieran hablar con más libertad sobre el punto que les afectaba directamente, se vivió el momento de más tensión de la reunión. Magistrados del sector progresista señalan a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que fue "una sorpresa" que jamás habían visto en su trayectoria profesional de décadas. De ahí que consideren lo ocurrido "insólito" y "claramente inconstitucional".

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Los magistrados conservadores argumentaron que ninguno de los dos debía apartarse, porque no era el momento procesal para presentar recusaciones, ya que quien lo hacía eran "coadyuvantes" (el que ayuda a la consecución de una cosa) de las partes personadas, en referencia al Congreso y al Senado, así que no contaban con legitimación para presentar los incidentes. Al no poder tramitarse, nadie tenía que apartarse, ni siquiera para llegar a esa conclusión.

Una vez rechazadas las recusaciones en las práctica, se entró en el fondo de la cuestión a debatir: si el Constitucional debía paralizar las enmiendas recurridas por el PP y por seis votos a cinco salió adelante la inédita medida que paraliza la tramitación parlamentaria de una reforma legislativa por primera vez en la historia de la democracia.

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Los cinco magistrados de sensibilidad progresista, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, preparan un voto particular en el que mostrarán su discrepancia con la medida adoptada por la mayoría.

Cuando se notifiquen el auto y este voto, Congreso y Senado dispondrán de cinco días para recurrir en súplica la decisión, aunque este tipo de impugnación es muy complicado que prospere, porque resuelven los mismos magistrados que dictaron la decisión recurrida. Después tendrán 10 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de la tramitación de la reforma paralizada.

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