Tribunales

La justicia que viene en 2023: la reforma penal ante el procés, Camps y Lezo en el banquillo y un TC progresista

La polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue pendiente en medio de la tensión política y en año electoral

Entrada a la Audiencia Nacional.

Entrada a la Audiencia Nacional. / EP

Cristina Gallardo

El año 2023 comienza con una agenda judicial apretada y con temas pendientes desde hace ya demasiado tiempo. El principal, una vez solventada la renovación del Tribunal Constitucional, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que arrastra ya más de cuatro años de retraso y no parece que vaya a pactarse antes de que concluya la actual legislatura ante la falta de acuerdo político.

Mientras tanto, los tribunales siguen trabajando y resolverán temas de calado como la aplicación de la reforma penal a los condenados del procés por parte del Tribunal Supremo, que también tiene pendiente resolver los recursos contra los indultos a los líderes independentistas. Por su parte, la Audiencia Nacional avanza en sus instrucciones y sentará en el banquillo a Francisco Camps el próximo 23 de enero por el contrato de Fitur a la trama Gürtel, además de juzgar en mayo la primera pieza del caso Lezo, por la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

En cuanto a la reciente reforma penal, que suprimió el delito de sedición y realizó cambios en las penas de cárcel que merecen determinados supuestos de malversación -precisamente los delitos impuestos al exvicepresident Oriol Junqueras y la mayoría de los implicados en los hechos de 2017 en Cataluña-, desde la Sala de lo Penal de este órgano se espera a su entrada en vigor para estudiar cómo afectarán a los condenados. Los cambios, según reconocen fuentes del Alto tribunal, obligarán a revisar las penas de inhabilitación impuestas y podrán acelerar el regreso de Junqueras a la política.

Casero y Anna Gabriel

También tiene pendiente el Supremo resolver dónde se juzga a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras la conclusión por parte del magistrado Pablo Llarena del sumario que la procesa por desobediencia, por su presunta implicación en la Declaración Unilateral de Independiencia (DUI) de Cataluña. Gabriel, que permanecía desde 2018 huida en Suiza, declaró en el alto tribunal el pasado 14 de septiembre y negó haber cometido delito alguno, además de pedir ser juzgada en Barcelona, lo que previsiblemente acabará ocurriendo dados los precedentes con otros encausados por los mismos hechos.

Igualmente, la Sala de lo Penal de este órgano debe avanzar en la instrucción del conocido como 'caso Casero', sobre la presuntas prevaricación y malversación cometidas por el diputado del Partido Popular y ex alcalde de Trujillo -popularmente conocido por equivocar su voto en el Congreso y permitir la aprobación de la reforma laboral - a raíz de determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de dicho municipio en 2017 y 2018. A principios de diciembre se aplazaron las declaraciones como testigos de antiguos trabajadores municipales que debe ser ahora retomadas.

Los magistrados de lo Penal también tienen pendiente resolver sobre la nulidad de la sentencia de los ERE en Andalucía solicitada por José Antonio Griñán y otros condenados, que será previsiblemente rechazada, pero que es un trámite obligatorio para poder acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la Audiencia de Sevilla estudia la última petición del expresidente de la Junta para evitar su ingreso en prisión, tras serle detectado un cáncer.

Villarejo y 'sí es sí'

Otro fleco pendiente es la llegada al órgano de los recursos que previsiblemente la Fiscalía y víctimas de violencia sexual presentarán contra las rebajas de condena que las audiencias provinciales están dictando en aplicación de la 'ley del sí en sí', y que permitirán fijar definitivamente doctrina en torno a este asunto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tiene en su lista de deberes la resolución sobre los recursos presentados en 2021 contra los indultos otorgados a los condenados por el procés; además del recurso del secretario del órgano de gobierno de los jueces contra la elección del vocal Rafael Mozo como presidente suplente del órgano tras la dimisión de Carlos Lesmes. Se trata de una Sala especialmente castigada por la limitación de los nombramientos que debe realizar el Consejo vigente desde marzo de 2021, pues debería tener 33 magistrados y ahora suma 9 vacantes. La situación empeorará su situación en los próximos meses, con la jubilación el próximo mes de marzo de Inés Huerta.

En la Audiencia Nacional, además de los dos juicios ya señalados, se siguen instruyendo diferentes piezas de los casos de corrupción Lezo y Púnica, la investigación de asuntos como Tsunami Democràtic, el presunto espionaje con Pegasus al Gobierno o el el ciberataque que sufrió el pasado octubre el Punto Neutro Judicial. Continúan también las pesquisas sobre las actividades irregulares del comisario José Manuel Villarejo, que ya suma el medio centenar. En los primeros meses del año se conocerá la primera sentencia dictada contra él tras la celebración del juicio en relación con las tres primeras piezas juzgadas.

Este órgano arrastra además un déficit de espacio que está impidiendo la celebración de macrojuicios que obligan a reunir en una sala a más de cien personas, como son los referidos a los casos Nueva Rumasa, la pieza principal de Gürtel o las que sientan en el banquillo a los Ángeles del Infierno y a los 'Miami'. Finalmente, se reformará y ampliará una de las salas de vistas de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y está previsto que las obras se adjudiquen durante el primer trimestre de 2023 y finalicen en agosto.

Recursos en el TC

El Tribunal Constitucional no es poder judicial, pero sus decisiones pendientes tendrán sin duda incidencia política y en la vida de los ciudadanos a lo largo del próximo año. Antes de ello, el órgano tiene que completar su renovación con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y elegirse presidente, un puesto que se disputan los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Entre los asuntos que aguardan resolución, están los que atañen a las dos últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial-para prohibir los nombramientos en la cúpula judicial por un órgano de gobierno de los jueces y para poner un plazo legal para las renovaciones del propio TC; así como el intento de introducción de enmiendas en la reforma penal para acelerar la renovación del órgano, ya que se paralizó como medida cautelar, pero queda decidir sobre el fondo. También los recursos contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra leyes de gran trascendencia social como la actualmente vigente del aborto o la ley de Eutanasia.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes.

El TC también ha admitido, pero no resuelto, las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, así como las impugnaciones contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá --la ministra que la impulsó--. Igualmente, están pendientes los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño.