Los fiscales quieren castigar el "procés" con el delito de desórdenes agravados

Los fiscales que han intervenido en los procedimientos judiciales contra los encausados por el proceso soberanista en Cataluña (conocido como el "procés") tienen que pronunciarse sobre cómo se aplica la reforma del Código Penal a los condenados por el Tribunal Supremo. Tienen siete días para hacerlo y en ese contexto están valorando considerar que lo sucedido en Cataluña en el otoño de 2017 –el referéndum ilegal del 1-0 y los hechos que rodearon su convocatoria– puede enmarcarse en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, informaron fuentes jurídicas.

Si finalmente es esa la postura que adoptan para los condenados en 2019 por sedición, los acusadores públicos estarán obligados a recurrir el auto del juez Pablo Llarena, que anteayer eliminó ese delito para los huidos, con el expresidente catalán Carles Puigdemont a la cabeza. Su procesamiento quedó limitado a una desobediencia y una malversación del tipo más grave, que está penada con hasta 12 años de cárcel.

La Fiscalía, que en el juicio apostó por lo que sucedió en el "procés" era un delito de rebelión, y no una sedición, como acabó declarando el Supremo, no comparte, al menos en su totalidad, los postulados del magistrado instructor y está estudiando que, en vez de sustituir la sedición por una desobediencia (penado sin cárcel), pueda ser aplicado el delito de desórdenes públicos agravados (hasta tres años de privación de libertad) tanto para los que fueron condenados como para los prófugos de la justicia.

Llarena sostiene en su auto que la reforma del Gobierno despenaliza el procés, al no corresponderse las conductas de los huidos con lo tipificado en el delito con el que, según el Ejecutivo, era sustituida la sedición. De ahí que él no impute por el de desórdenes públicos, sino por el de desobediencia, castigado con multa e inhabilitación de hasta dos años. El magistrado ha dictado un auto crítico con la reforma penal al que el Gobierno reaccionó ayer con un toque de atención: "Nosotros no entramos en pronunciamientos judiciales. De la misma forma, siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación", dijo María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE.

En lo que no tiene dudas el ministerio público es en que la malversación cometida por los condenados y los huidos es la más grave de las previstas, pese a la reforma aprobada por el Gobierno, por lo que en ese extremo no recurrirían la resolución de Llarena, que a diferencia del tribunal que juzgó el procés no solicitó informe a las partes para adecuar el procedimiento a la legislación penal que entró en vigor anteayer.

El conjunto la Fiscalía está tratando también de unificar los criterios de todos sus miembros para atemperar el impacto de la reforma del delito de malversación, especialmente en los principales casos de corrupción. Con estas premisas, se realiza un análisis que cristalizará antes de que finalice este mes con la publicación de un decreto por parte del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el que se incidirá en que los cambios no tienen por qué afectar a hechos criminales cometidos antes de 2015, cuando entró en vigor la reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy.

La barrera del 2015, según las mismas fuentes, responde al hecho de que la última reforma supone en muchos aspectos un regreso a los criterios del Código de 1995 con respecto al delito de malversación, por lo que los hechos cometidos entre dicha fecha y la anterior reforma ya estaban siendo analizados o fueron penados conforme a dichas previsiones, más favorables que las impuestas en tiempos de Rajoy.

Se trata de asuntos como los que se investigan el caso Kitchen (por desvío de fondos policiales para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas– o la trama Púnica en relación con diversas actuaciones del PP de Madrid, si bien en los casos en los que se acredite una apropiación clara de fondos públicos apenas debería haber cambios, sobre todo cuando se trate de conductas agravadas.

Esther Fernández, sobre los posibles recursos de "Marea": "Se estudiará caso por caso"

"Se estudiará caso por caso, pero no nos han llegado recursos, y debe haber un dictamen del fiscal general del Estado", indicó este viernes la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, ante la posibilidad de que los letrados de Marta Renedo y María Jesús Otero, dos de las condenadas del "caso Marea" de corrupción en la Administración regional, presenten recursos para recortar sus penas aprovechando las modificaciones del delito de malversación que acaban de entrar en vigor esta misma semana. "He leído que algunos condenados del ‘caso Marea’ pretenden acogerse a la reforma. No tengo nada ni me consta solicitud alguna por ahora en la Fiscalía. Cuando llegue, obviamente se estudiará, uno por uno, como se hace con todos los casos. No todo cabe en el mismo saco", indicó la fiscal superior, poco antes de entrar al acto del 199º aniversario de la creación de la Policía Nacional, celebrado en Oviedo. Esther Fernández añadió: "El fiscal jefe de Anticorrupción espera una postura de la Fiscalía General del Estado y a oír a la junta de fiscales de sala para decidir. Yo estoy en las mismas, y no tenemos ningún caso solicitado, de momento. Así que esperaremos a lo uno y a lo otro: que los interesados lo insten y que haya dictamen del fiscal general del Estado". E indicó que posiblemente sea competencia de los fiscales del Tribunal Supremo decidir qué hacer. Respecto a la posibilidad de que se presenten los recursos por parte de los condenados del "caso Marea", Esther Fernández indicó: "Hay muchos condenados y el concepto es muy sutil: no me lucro yo, pero dejo que lo haga mi hijo...". Aparte de los condenados del "caso Marea", también sopesan recursos los procesados por el "caso Niemeyer" y el exalcalde de Ponga.