TRASVASE TAJO-SEGURA

El Gobierno asume que da una baza electoral al PP con el agua pero cree que pesará más la subida de las pensiones

En la Comunidad Valenciana admiten que la reducción del trasvase es "mala" pero el Ejecutivo se escuda en que era indispensable la planificación hídrica y fijar el caudal ecológico del Tajo

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. / EP

Marisol Hernández

A cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno concede al PP la baza electoral del agua. Lo hace sabiendo que es un "riesgo" y que los populares "lo van a utilizar" pero sostiene que no había más remedio, que la revisión de los planes hidrológicos de cuencas no esperaba más y que el Tajo no podía ser el único río sin un régimen de caudales ecológicos mínimos.

En la práctica su aprobación supone un recorte del trasvase del Tajo-Segura, que cumple con los anhelos de Castilla-La Mancha pero solivianta a la Comunidad Valenciana, sobre todo a Alicante, Murcia y Andalucía (Almería). La reacción de los presidentes de estas dos comunidades, ambos del PP, demuestra que será un elemento más de confrontación.

Juanma Moreno calificó de "disparate" la decisión "claramente política". Y Fernando López Miras, sin olvidar también el componente emocional, consideró que es el "mayor ataque político" contra su comunidad en las últimas décadas y anunció que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

En Andalucía no se celebran en mayo elecciones autonómicas, en el resto de regiones implicadas sí. Pero el PSOE andaluz se juega mantener el tipo en las municipales. Aunque la posición más delicada es la del valenciano, Ximo Puig, que ha tratado de condicionar la rebaja del trasvase y ha ejercido de mediador entre el Ministerio de Transición Ecológica y los regantes. Finalmente, ha conseguido que cuando se realice la evaluación para decidir sobre el trasvase se tenga en cuenta la situación de ambas cuencas y ha arrancado al Gobierno compromisos en firme sobre nuevas inversiones para aumentar la desalación, la reutilización y el ahorro de agua.

"El PP de Alicante lo usará"

Pero esto no diluye el temor a que la disminución del agua trasvasada tenga coste electoral. Aunque se ha querido "atemperar" que la subida del caudal ecológico condene el trasvase, apuntan fuentes del socialismo valenciano, la decisión de recortarlo "de entrada es mala".

El Gobierno se escuda en que estaba "obligado" a fijarlo por cinco sentencias del Tribunal Supremo y que el agua no se podía dejar "sin planificar". Se trata, explican, de un proceso que arrancó en 2019, con los planes hidrológicos aprobados previamente en todas las demarcaciones y una aplicación gradual del caudal mínimo para garantizar que a las cuencas receptoras no les falte agua.

Sí comparten que a Puig le habría venido mejor que esto se frenara o que se hubiera aprobado hace un año, pero el Ejecutivo considera que el asunto no se podía eludir sólo porque haya elecciones. Como sucede en la Comunidad Valenciana, dan por hecho que el PP, sobre todo el de Alicante, intentará que tenga "impacto electoral". Pero frente a esto, piensan que pueden esgrimir una movilización histórica de recursos públicos -22.844 millones de euros entre 2022 y 2027, 10.675 de ellos de inversión estatal-, en parte para impulsar inversiones que garanticen agua cuando la sequía no permita trasvasarla o la transferencia del Tajo se vaya reduciendo, y el recordatorio de que fue el PP quien en 2017 y 2018 no pudo autorizar el trasvase por la ausencia de lluvia. Se está alumbrando, defienden, una "solución real".

Un suelo del 26%

En Moncloa entienden que será necesario hacer pedagogía y que los alcaldes socialistas expliquen bien lo que ha hecho el Gobierno, pero se muestran poco inquietos sobre que este asunto tenga realmente coste electoral. Es un tema recurrente, señalan, "nunca ha habido una campaña electoral sin agua".

Su conclusión es que el foco no está ahí sino, apuntan, en que el Ejecutivo ha subido un 8,5% las pensiones. "Justo en estos días se están ingresando en las cuentas corrientes".

A pesar de que las encuestas han reflejado en enero una bajada del PSOE, que se comenzó a visualizarse ya en diciembre, tras la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación y la reducción de condenas en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', el Gobierno conserva intacta su confianza en que continuará una legislatura más.

Sostienen que después de una sucesión de crisis como la pandemia o las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania mantienen un suelo electoral de en torno al 26%. Y eso, matizan, sin que haya comenzado todavía la campaña electoral. Desde la perspectiva de Madrid no se percibe que la reducción del trasvase Tajo-Segura sea un problema.