El 'caso Mediador' esquiva por ahora el código ético del Congreso a pesar de su onda expansiva

No fue este martes un buen día para Patxi López, quien comenzó la tradicional rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso con una diatriba al PP por la anunciada abstención en la moción de censura que liderará el profesor de Economía Ramón Tamames, de 89 años, sin ninguna opción de ganarla. Abstenerse, apuntó, es la evidencia de que Alberto Núñez Feijóo necesita a Vox. El PSOE, en cambio, se va a tomar muy en serio el debate que ha provocado la formación de Santiago Abascal cuando toque, que aún no se sabe.

Como sabía que le iban a preguntar por el caso Mediador, se anticipó al turno de los periodistas con un mensaje de contundencia, justo después de sus críticas al PP. Recalcó que en el PSOE se “ataja” la corrupción, y por ello, al más leve indicio, fuera. En menos de 16 horas, dijo, echaron a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, figura clave de la trama presuntamente corrupta. Añadió que la dirección ha “hablado” con los diputados y ha “mirado” en su bancada por si pudiera haber más implicados. Hechas las pesquisas, el grupo socialista ha constatado que no.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo: "¿Cómo voy a ser el cabecilla si no conozco al general Espinosa?"

Luego, todas las preguntas de los medios incidieron en este caso que ya ha impregnado la política nacional. Proviene de Canarias, en concreto de la financiación de unos proyectos para energías renovables. Una trama de empresarios se habría movido por entre cargos del Gobierno insular y por entre diputados nacionales, entre ellos Fuentes Curbelo, para lograr el dinero. Celebraron reuniones en las dependencias de la Cámara e hicieron cenas y fiestas en locales de lujo en Madrid. Es un asunto feo que cuya onda expansiva, en una semana, ha sacudido a todos los grupos parlamentarios.

La mayor intensidad ha recaído, obviamente, en Patxi López, quien fue respondiendo las preguntas con malestar creciente hasta que decidió abandonar el atril de la sala de prensa. Incluso llegó a espetar a un periodista con un “eso qué más te da”.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en cambio, ha estado mucho más cómoda. Sabía que le iban a preguntar los medios, así que cuando lo hicieron, no se anduvo con rodeos. Acusó al PSOE de “ocultar” la información sobre qué diputados estuvieron en esas cenas. Dijo que pedirán las comparecencias de ministros y ministras quizá afectados, como Nadia Calviño y José Manuel Albares, y destacó que no descarta pedir una comisión de investigación parlamentaria.

Edmundo Bal, de Cs, fue directo. Ya está hablando con formaciones del Grupo Mixto para registrar la comisión de investigación. ERC y Compromís han revelado que apoyarán la iniciativa, venga de quien venga. PNV y PDeCAT pidieron esperar. El caso lo está investigando una jueza y efectivamente, como ha recordado el portavoz vasco, Aitor Esteban, cuando eso ocurre, el Congreso dispone de un margen de maniobra tan estrecho que las comisiones se terminan revelando infructuosas.

Un correo del día 24

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs, dijo algo en la rueda de prensa llamativo. Habló de un correo electrónico enviado a los diputados/as sobre qué hacer a partir de ahora con las invitaciones a personas ajenas a la Cámara.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha accedido a ese correo. Está fechado el día 24, es decir, el viernes pasado. Entonces, el 'caso Mediador' había saltado a la arena nacional, pero no con la virulencia de estos días. El título es el siguiente: “Nuevo procedimiento de comunicación de datos de personas ajenas a la Cámara que deseen acceder al Congreso de los Diputados”. Tiene membrete de la Secretaría General, que es la entidad que se encarga del personal y de la gerencia interna, siempre bajo los criterios de la Mesa.

En él se informa al personal del Congreso que la Comisaría (también la del Defensor del Pueblo y la del Tribunal de Cuentas) va a establecer “un nuevo procedimiento de comunicación de los datos de las personas” que visiten las dependencias a partir de este mismo miércoles, 1 de marzo. Será obligatorio para los actos, las visitas y las reuniones de trabajo. Cada grupo y cada departamento interno de la institución, una vez hecha la solicitud de acreditación, habrá de incorporar los datos a una tabla Excel y remitir el cuadro a la Comisaría.

Consultadas por este medio, fuentes de la Secretaría General del Congreso niegan cualquier vínculo con la polémica que ha creado el 'caso Mediador'. Es algo, dice, que estaba previsto desde varios días atrás. Se trata de facilitar el trabajo de los ujieres que en cada acceso del Congreso deben cotejar los documentos de identidad de los visitantes con las solicitudes de acceso remitidas por los grupos y el resto del personal.

El código de conducta

El conflicto político derivado de los contactos de esta trama presuntamente corrupta con cargos del Gobierno canario y diputados socialistas se ha expandido sin freno por el Congreso, pero no ha alcanzado a la Mesa ni a la Junta de Portavoces.

Fuentes del primero de los órganos han subrayado que no se ha tratado el asunto durante la reunión de este martes. Se ha hablado de cómo respetar el espacio común que es el Congreso, pero no por el 'caso Mediador', sino por la retirada de la bandera española que hizo la diputada de JxCat Miriam Nogueras la semana pasada. Meritxell Batet, la presidenta, va a reprenderla por ello.

A la Presidencia del Congreso no ha llegado aún ninguna petición de apertura de procedimiento. De haberla habido, se habría activado el Código Ético de las Cortes Generales, precisamente hecho para evitar los conflictos de intereses de sus señorías. Si bien deja el claro el documento que las primeras medidas ha de desplegarlas el grupo parlamentario, da un campo de actuación considerable a Batet si tales medidas no se dieran.

E incluso a la Mesa, pues si un parlamentario tuviera dudas sobre su actuación o la de un compañero puede, confidencialmente, dirigirse a la Mesa, que resolverá previo informe, si lo estima oportuno, de la Comisión del Estatuto del Diputado, la que regula las cuestiones internas de sus señorías. La preside ahora Adriana Lastra, exportavoz del PSOE.

El poder de Bate

El artículo 9 del citado Código, terminado en octubre de 2020 aunque iniciado bajo la Presidencia de Ana Pastor en la legislatura 2016-2019, indica que será la Presidencia la que, “de oficio o a petición de otro parlamentario”, podrá solicitar “la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción” del citado Código, especialmente si atañe a los conflictos de intereses de los diputados y/o senadores.

Esto conduce a explorar el contenido del Código, cuya razón de ser se consagra en el artículo 1: “la exigencia de una conducta que responda a altos estándares de integridad y transparencia”. Lo que se va sabiendo de Fuentes Curbelo no encaja mucho aquí. 

Ahora bien, como recuerda una fuente de la Presidencia, Curbelo es ya exdiputado y no se le puede aplicar. Mientras no afecte a parlamentarios en posesión y uso del acta, nada qué hacer. Pero si afecta, se ejecuta, y no es poco lo que dice. 

Habrá conflicto de intereses cuando “un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes, de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia”.

Para prevenir los conflictos de intereses, se pide a los diputados y senadores que rellenen un formulario antes de tomar posesión del acta. Han de enumerar las actividades desarrolladas durante los cinco años anteriores y “las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que haya obtenido para sí” durante esos cinco años.

Una añadidura, por eso de ir a los palcos de los estadios con motivo de competiciones deportivas. “Se incluirán en este apartado los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés” de acuerdo con lo previsto en este Código.

No todos los diputados/as lo han rellenado, y esto pone en duda su eficacia a pesar de que se regulan qué obsequios y regalos recibir siendo ya parlamentario (por encima de 150 euros), se obliga a hacer pública la agenda institucional, en especial las reuniones con los lobbys (no todos los hacen); y se establece la necesaria autorización de viajes de observación electoral al extranjero, durante los cuales “no podrán recibir gratificación de ninguna clase, dineraria o en especie”. Igualmente regula el funcionamiento de la nueva Oficina del Conflicto de Intereses.

Si la presidenta actuara, podrá sancionar según el baremo del reglamento del Congreso previo informe y escucha al afectado. Y todo esto ilustra el poder de la Presidencia de la Cámara para contrarrestar conductas indeseables e indeseadas, como las que se han conocido del 'caso Mediador', una “bomba de relojería”, dice una fuente de la bancada socialista, que ha desatado los nervios de más de uno.