El Constitucional rechaza el intento de apartar a magistrados progresistas de la sentencia del aborto

El Pleno del Tribunal Constitucional, que ha programado esta semana cuatro sesiones clave que incluyen en su orden del día los recursos contra leyes del actual Gobierno como son la de eutanasia y la conocida como 'ley Celaá', ha comenzado este martes despejando uno de los últimos flecos del recurso presentado en su día por el PP contra la actual ley del aborto, cuya constitucionalidad ya ha sido avalada por la mayoría de este órgano aunque la sentencia aún está siendo redactada.

La decisión de este martes pasa por rechazar el recurso de súplica que varios exdiputados del PP -del grupo que firmaron en su día el recurso contra la ley-, habrían presentado contra la decisión del Constitucional de no dar cabida a la abstención en este asunto de la magistrada conservadora de Concepción Espejel. También pidieron que se apartaran los progresistas Inmaculada Montalbán -que es la nueva ponente de la sentencia-, el exministro Juan Carlos Campo y el presidente Cándido Conde-Pumpido, y una segunda súplica contra la decisión inicial del tribunal que rechazó esta posibilidad queda aún pendiente.

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Con estos recursos, el grupo comandado por el exministro Federico Trillo busca impedir que la redacción de la sentencia sobre el aborto que será sustentada en la ponencia que elabora la magistrada Montalbán, y ello pese a que se trata de un asunto ya discutido y que se sabe que supondrá un aval definitivo a la ley de plazos que se viene aplicando en nuestro país desde hace casi 13 años. 

La ponencia inicial que correspondió al magistrado conservador Enrique Arnaldo, avalaba en términos generales la ley actual, aunque poniendo algunos peros determinados contenidos de la norma, y fue rechazada a principios del pasado mes de febrero por la mayoría progresista que integran un total de siete magistrados.

En un principio, estaba previsto que el nuevo borrador que prepara Montalbán llegara al Pleno a lo largo de este mes de marzo, si bien el cambio de ponente y la tramitación de estos últimos flecos motivarán que no haya resolución definitiva hasta al menos después de Semana Santa.

En su día, el Constitucional no vio motivos para la abstención formulada por Espejel, que había pedido apartarse por haber participado en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en su día informó sobre el proyecto de ley del Gobierno de Zapatero. 

La cuestión es que si se aceptaba esta abstención, la decisión podría afectar también a la actual ponente, Inmaculada Montalbán, que era igualmente vocal del órgano de gobierno de los jueces cuando se hizo dicho informe; así como a Conde-Pumpido porque participó en el informe preceptivo que tuvo que hacer el Consejo Fiscal cuando él ostentaba el cargo de fiscal general del Estado durante el Gobierno de Rodríguez-Zapatero. Si a ellos se les suma Campo, que por entonces era secretario de Estado de Justicia, el Pleno del TC hubiera perdido el 'quorum' mínimo de ocho magistrados para poder debatir sobre el recurso del aborto.

La providencia dictada este martes por el Pleno del Constitucional razona que la ley no contempla la posibilidad de interponer recurso alguno frente a la decisión de rechazo de la abstención intentada. Explica también que si las partes estimasen que concurre causa de recusación deberán hacer valor su pretensión por esta vía y no mediante un recurso de súplica.

En relación con este mismo asunto, el Pleno ha decidido incorporar a las actuaciones el recurso de súplica de Federico Trillo (comisionado del Grupo Parlamentario Popular) contra otro auto, de 8 de febrero de 2023, que fue el que declaró improcedente la admisión a trámite de las recusaciones formuladas contra el Presidente y tres magistrados, y dar traslado al abogado el Estado para que alegue lo que estime procedente. El Constitucional ya entendió que estos cinco exdiputados 'populares' carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre, para solicitar la recusación porque, ésta sólo corresponde a la agrupación de 50 o más diputados que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad.

Por otro lado, en la sesión de este martes se ha acordado admitir a trámite el recurso del Gobierno de Andalucía contra el llamado impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros, cuya ponencia ha recaído sobre el exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Eutanasia y 'Ley Celáa' en el pleno de esta semana

Por lo que respecta al resto del Pleno, está previsto que entre la primera sesión de este martes y el próximo viernes los magistrados avalen la ley de la eutanasia, conforme a una ponencia del magistrado Ramón Sáez que plantea rechazar el recurso de Vox. Esta ponencia avala completamente la ley de la eutanasia, una postura que encontrará el respaldo de la nueva mayoría progresista. 

La ley, que fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". 

Los dos partidos recurrieron, si bien el recurso de Vox supone prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley porque se dirige contra numerosos artículos, mientras que la impugnación del PP es más limitada, por lo que rechazar el primero supondría 'de facto' desestimar también el segundo, según explican las citadas fuentes.

Otro de los asuntos nucleares en este Pleno es el inicio de las deliberaciones sobre el recurso de Vox contra la la llamada 'ley Celaá'. En este caso, la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez respalda la ley excepto en dos puntos, los que plantean que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".