La Audiencia pide un último informe para decidir si el tratamiento de Griñán es "compatible" con la cárcel

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un nuevo paso para ejecutar la pena de seis años de cárcel por malversar caudales públicos que le fue impuesta al expresidente de la junta de Andalucía José Antonio Griñán en el caso de los ERE en Andalucía. Una vez ha tenido conocimiento de que han concluido las sesiones de radioterapia que debía recibir por el cáncer de próstata que padece, la justicia quiere saber si el tratamiento médico que precisa a partir de este momento es "compatible" con su ingreso en un centro penitenciario.

La providencia que firman las magistradas Maria Pilar LLorente, Purificación Hernández y Patricia Fernández da traslado al Instituto de Medicina Legal de la última documentación aportada por la defensa del expresidente de la Junta, de la que se desprende que las sesiones de radioterapia que mantenían en suspenso el ingreso desde el pasado mes de enero ya han terminado.

El informe aportado, según señala la resolución judicial, que tiene fecha de este martes, especifica que el plan de actuación para Griñán a partir de este momento consiste, "tan solo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores". Por eso piden al Instituto de Medicina Legal que, "a la mayor brevedad", informe "sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución" de la condena.

Pendientes del Constitucional

La condena de Griñán está pendiente además del recurso de amparo que su defensa presentó el pasado 18 de abril ante el Tribunal Constitucional. También el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en la misma pieza de los ERE ha recurrido ante la corte de garantías su condena de inhabilitación por participar en el sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011. En el caso de Chaves, sin embargo, la sentencia no implica una pena de prisión.

La llegada de este asunto al Constitucional era, en todo caso, un paso esperado después de que el Tribunal Supremo rechazara hace algunas semanas la petición de Griñán para que su sentencia fuera anulada. La confirmación de la sentencia había incluye un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que reiteran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos deberían haber sido absueltos por el delito de malversación, y es en los argumentos de estas magistradas en los que el expredidente de la Junta se basa para pedir amparo.

Otros condenados ya en prisión

Actualmente se encuentran en prisión siete de los ocho ex altos cargos socialistas de la Junta condenados a penas de cárcel por los ERE: cuatro exconsejeros (José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández), dos exviceconsejeros (Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá), y un exdirector general de la empresa pública Idea (Miguel Ángel Serrano).

El último de ellos ha sido Agustín Barberá quien ingresó en la prisión Puerto III de El Puerto de Santa María (Cádiz) para cumplir su condena, una vez que la Audiencia de Sevilla consideró que en la cárcel puede recibir el tratamiento del cáncer que padece, rechazando así la solicitud de la suspensión de la condena debido a la enfermedad que sufre.