TRIBUNALES
Imelsa pagó cursos que debía asumir la contrata del call center
Una teleoperadora al ser despedida: «Nos avisaron un 28 de diciembre. Creía que era una broma»
Los dos funcionarios de la Diputación de València juzgados en el caso Taula por el call center. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS
Laura Ballester
Los trabajadores de una empresa informática que trabaja para la Diputación de Valencia confirmaron ayer en el juicio del caso Taula por el presunto amaño del call center que fueron ellos los que realizaron las horas de formación a las teleoperadoras del call center tributario. Una formación que debía haber pagado la empresa adjudicataria del centro de llamadas, Servimun propiedad del empresario Fernando Palomares y vinculada al también empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y yonqui del dinero confeso.
Los dos informáticos que declararon como testigos confirmaron que uno de los dos funcionarios de la Diputación investigados en esta causa, Ricardo de Ángel Mari, jefe de gestión tributaria, fue quien les reclamó para que dieran la formación sobre "herramientas de gestión tributarias". Otro añadió que "quisieron formar a la gente para que tuvieran un concepto de lo que era un recibo". Los dos dieron las "diez horas de clase" comprometidas y, como empresa contratista que realiza una asistencia técnica para la Diputación de Valencia "facturamos a Imelsa", por orden del jefe de gestión tributaria Ricardo de Ángel Mari. Aunque se trataba de una formación que debía haber pagado la empresa privada Servimun como adjudicataria del "call center" tributario que, además, se había comprometido a una formación inicial de 140 horas y mantenerla a lo largo del contrato.
Otras dos teleoperadoras del call center, destinatarias de esta supuesta formación, también confirmaron las declaraciones del resto de compañeras realizadas esta semana: que la formación que recibieron se prolongó sólo durante un par de mañanas. "Formación como tal, no recibí", aseguró la testigo P. R. A. Esta teleoperadora recordó que "sólo trabajé un sábado. No se hizo más porque apenas entró una llamada en toda esa mañana", admitió a preguntas del Fiscal Anticorrupción del caso Taula. También recordó que se enteró de su despido un 28 de diciembre de 2015. "Avisé a una compañera y creía que era una broma". Y explicó que "alguien de la diputación nos dijo que habíamos hecho muy buen trabajo y no nos merecíamos el despido". Por su parte, P. S. E. explicó que "no dábamos a basto. Nos exigían 2 minutos y medio o tres por llamada, por todas las que había en espera".
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