Fosas franquistas

Baleares denuncia ante la Fiscalía crímenes contra la humanidad por los hallazgos en las fosas del franquismo exhumadas en las islas

El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, y la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, explican que la nueva Ley de Memoria Democrática amplía las posibilidades de que la denuncia llegue a buen puerto

19 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en las fosas de Son Coletes.

19 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en las fosas de Son Coletes. / CAIB

Miguel Vicens

El Govern balear, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ha presentado hoy una denuncia ante el fiscal en jefe de las Illes Balear, Bartomeu Barceló, para su remisión al fiscal de Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática, relacionando todos los hallazgos de restos humanos con signos de violencia en las fosas exhumadas en las islas, dada la existencia de indicios de posibles crímenes de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes.

Así lo han explicado en rueda de prensa el vicepresidente del Govern,, Juan Pedro Yllanes, y la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, que han coincidido en señalar la nueva Ley de memoria democrática y la creación el pasado 25 de abril de la nueva figura del fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática como un nuevo abanico de posibilidades para que estas denuncias lleguen a buen puerto.

La Abogacía de la Comunidad ya denunció en 2018 ante la Fiscalía posibles crímenes contra la humanidad en las fosas de los cementerios de Sant Joan y Porreres, al constatar indicios de haberse cometido presuntamente estos crímenes en Mallorca entre agosto de 1936 y marzo de 1937.

No obstante, esta primera denuncia fue archivada por parte del fiscal superior de las Illes Balears "debido a la imposibilidad de exigir responsabilidades criminales por unos hechos perpetrados en el periodo al que se refiere la denuncia, que no solamente se encuentran prescritos, sino que, además, tienen que considerarse amnistiados en virtud de la Ley de 15 de octubre de 1977, aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de Transición".

Con posterioridad al archivo mencionado, tanto el Parlament de las Illes Balears como el Parlamento del Estado han introducido dentro del ordenamiento jurídico nuevas normas y principios generales que forman parte del derecho internacional humanitario y que, según la memoria justificativa aportada por la Dirección General de Memoria Democrática y aprobada en el último Consell de Govern, aconsejan que el ejecutivo ejerza de nuevo su responsabilidad de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

"La reiteración de esta denuncia tiene su fundamento en que, con posterioridad al decreto de archivo de marzo de 2018, tanto el Parlament de las Illes Balears como el Parlamento han aprobado nuevas normas para la protección de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista que configuran un nuevo marco jurídico en el que queda garantizado el derecho a la investigación", ha explicado Mercedes Garrido, quien ha recordado, además, que "la nueva Ley estatal especifica claramente que los crímenes contra la humanidad no prescriben y que la Ley de Amnistía tiene que interpretarse conforme al Derecho internacional de los derechos humanos".

Estas modificaciones normativas que justifican la necesidad de impulsar una nueva denuncia ante la Fiscalía son: la aprobación de la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears (BOIB de 19 de abril); la aprobación de la Ley 20/2022 de memoria democrática (BOE de 20 de octubre); y, por último, la aprobación, el pasado 25 de abril, del Real Decreto 311/2023 por parte del Consejo de Ministros, por el que se crean 70 nuevas plazas de fiscales, entre ellos la de fiscal de Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática.

El vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera Mercedes Garrido.

El vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera Mercedes Garrido. / CAIB

Víctimas con las manos atadas a la cabeza y dos tiros en el cráneo

Con posterioridad a las intervenciones de las fosas de Sant Joan y Porreres de 2014 y 2016, objeto de la primera denuncia, las exhumaciones han continuado, por lo cual se adjuntan a denuncia los informes y certificados de los resultados de las exhumaciones llevadas a cabo entre 2018 y 2022 en las fosas de CalviàIncaLlucmajor, Marratxí, el Pou de s’Àguila (Llucmajor), Porreres y Son Coletes (Manacor), en Mallorca; así como las de los cementerios de Ses Figueretes de Ibiza y de Sant Francesc en Formentera, donde los análisis antropológicos correspondientes también han determinado que hay cuerpos exhumados que presentan evidencias de muerte violenta.

En concreto, los estudios antropológicos han podido certificar hasta ahora la muerte violenta de un mínimo de 196 víctimas, y en ellas se basa la denuncia. Pero, según ha explicado el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, hay más. "Esta denuncia incluye todas las víctimas con signos de violencia que hemos podido certificar desde que Memòria de Mallorca impulsó en 2014 la apertura de la primera fosa en las Illes Balears, y hasta el Tercer Plan de Fosas del Govern incluido", ha explicado el vicepresidente.

En cualquier otro contexto estos crímenes serían investigados por las fuerzas de seguridad y por el poder judicial, excepto cuando se trata de víctimas del franquismo. Y esto es una anomalía democrática que no puede continuar"

"Hay más víctimas. De hecho, el número total de víctimas recuperadas hasta ahora en las Illes Balears es de 301; pero no las incluimos todas en esta denuncia, sea porque no hemos encontrado señales de heridas de este tipo de violencia, o porque sólo disponemos de fragmentos", ha dicho Yllanes. Además, los restos del Cuarto Plan de Fosas del Govern, ahora mismo en ejecución, "todavía no se incluyen en esta denuncia, ya que los análisis antropológicos todavía no han finalizado para determinar todos los detalles", ha añadido. Este último sería el caso de los restos exhumados en la última fase del cementerio de Son Coletes en Manacor.

"Cuando abrimos fosas, encontramos víctimas con las manos atadas a la espalda y dos agujeros de bala en la cabeza. Esto son asesinatos, desapariciones que en cualquier otro contexto serían investigados por las fuerzas de seguridad y por el poder judicial, excepto cuando se trata de víctimas del franquismo. Esto es una anomalía democrática que no puede continuar sucediendo en nuestro país. Impulsamos esta denuncia y pedimos al poder judicial que asuma su responsabilidad hacia las familias de las víctimas, que también son víctimas ellas mismas", ha concluido el vicepresidente Yllanes.