"Mon", el contratista del "caso Cuarteles", acepta un año de cárcel por fraude fiscal

El empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera, Mon, el contratista imputado en el llamado caso Cuarteles y cuyo nombre también figura en el sumario del caso Mediador, se sentó hoy en el banquillo por un delito contra la hacienda pública al considerar que dedujo como gastos ciertas cantidades que no estaban justificadas de forma suficiente. El contratista aceptó una condena por fraude fiscal de un año de cárcel y 136.234 euros de multa. La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Palmas investigó una serie de obras que Mon llevó a cabo en cuarteles de la Guardia Civil, tanto en la Península como en Canarias, entre los años 2013 y 2019.

El Ministerio Fiscal solicita inicialmente tres años de prisión para el empresario y una multa de 488.000 euros –el triple de lo defraudado–, así como la pérdida de derecho a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cuatro años.

Tejera compareció a las 9:30 horas ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife y el juicio duró apenas cinco minutos, pues el acusado se declaró culpable, después de que su defensa acordara una rebaja de condena con el Ministerio Fiscal. La pena, que ya es en firme, le obliga además a indemnizar al Estado con 162.171 euros, la cantidad que defraudó a Hacienda, y a abonar las costas procesales.

Así se confirma que, como administrador de la firma Angrasurcor SL, el acusado eludió parte de los pagos a Hacienda que correspondían a la empresa en el Impuesto de Sociedades de 2016 omitiendo parte de los ingresos que había recibido y deduciendo gastos que no eran deducibles porque eran de naturaleza personal y no estaban relacionados con la actividad económica de su empresa. De esta manera, consiguió reducir la base imponible del periodo declarado y por tanto la cuota que debía abonar a Hacienda. 

El contratista tiene abierta otra causa, el llamado caso Cuarteles, por la que tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, donde se instruye la causa por presuntas irregularidades en los trabajos llevados a cabo en trece comandancias de la Guardia Civil. Esta trama, paralela a la investigación caso Mediador, se trata de un procedimiento de presunta corrupción que instruye el Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife y en el que Mon aparece mencionado en varias de las conversaciones intervenidas por la Policía y la Guardia Civil a los imputados.

Causas pendientes

El empresario lanzaroteño no está imputado por ningún delito en el caso Mediador, pero los informes de la Guardia Civil recogen que Ángel Ramón Tejera mantuvo varios encuentros con tres de los principales implicados en la trama el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes; el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte; y el general retirado Francisco Espinosa Navas, único investigado del caso que entró en prisión y con quien mantenía una estrecha amistad. A pesar de que el nombre de Mon aparece en el extenso sumario de este caso, el contratista no es uno de los investigados.

El caso Cuarteles detona cuando el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 en base a una denuncia anónima que llegó a la Dirección General de la Guardia Civil. En el documento se alertaba de una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras menores en acuartelamientos de Castilla y León por aumentarse la facturación y, en algunos casos, sin llevarse a cabo. Aspectos que beneficiaban siempre al mismo constructor. 

Pagos de obras menores

Esta información fue ratificada por el entonces coronel jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso Rodríguez, quien afirmó que el contratista lanzaroteño había sido recomendado directamente por el teniente general Pedro Vázquez Jaraba –actualmente retirado–. El teniente coronel Alonso Rodríguez declaró ante el juez que él era responsable de la comandancia y defendió el «estricto cumplimiento» de sus obligaciones y «respecto a la gestión del gasto». La razón para recurrir a la empresa canaria era que aseguraba emplear un producto novedoso de impermeabilización, el corcho, que tenía un mantenimiento más económico.

La investigación sobre estos trabajos en los cuarteles del Instituto Armado llevaron a la intervención de la tesorería de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, que sospechaba de irregularidades en los pagos de las obras menores y de los movimientos de caja. Según la Fiscalía, las empresas de Mon habrían llevado a cabo trabajos de pintura e impermeabilización en 13 comandancias de la Guardia Civil –Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid–.