El Gobierno cumple con jueces y letrados y aprueba subirles el sueldo hasta 450 euros al mes

Después de un año lleno de protestas en demanda de mayores salarios en justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado las subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes pactadas con el departamento de Pilar Llop. Se intenta poner fin a un conflicto que motivó que los letrados de la administración de justicia pararan entre enero y marzo, afectando al desarrollo de 350.000 diligencias; mientras que los funcionarios paralizaron juicios y vistas entre abril y mayo y hasta los jueces y fiscales amagaron con ir también a la huelga.

"Hemos dado luz verde al acuerdo de actualización salarial de los jueces y fiscales; y a lo que afecta a los letrados de la administración de justicia (LAJ), incrementos retributivos que cumplen con los acuerdos que se alcanzaron este mismo año", ha precisado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, al término del Consejo, informa Europa Press.

La subida, según ha explicado Montero, "se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar todo lo que es el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024". Al hilo, además, ha apuntado que en el caso de los letrados este incremento "se suma" a "otras medidas de mejora de sus condiciones salariales y retributivas que se aprobaron también en acuerdos del Consejo de Ministros anteriormente".

Por el lado de los funcionarios continúa el conflicto, y de hecho la central mayoritaria, CSIF ha anunciado tras conocer las subidas al resto de colectivos, que recurrirá el acuerdo que Justicia pactó con los letrados, "por vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva".

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui celebra que el Ejecutivo haya aprobado este martes el acuerdo firmado en mayo. "La actualización salarial de judicatura y fiscalía es un triunfo de la negociación, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la Administración de Justicia", puesto que "no ha sido necesaria la huelga para alcanzar un acuerdo", señala en un comunicado.

Para esta asociación, hay que poner en valor que el acuerdo que ahora se cumple haya reflejado de algún modo la preocupación por la carga de trabajo de buena parte de los tribunales, como prueba el compromiso de creación de plazas", y el mantenimiento de una mesa permanente de negociación "que evite que haya que esperar cinco años" para atender razonables peticiones de los cuerpos judiciales y fiscales.

Comunicado conjunto

En un comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales remitido horas más tarde, y que no suscribía la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, este colectivo advierte de que al margen del incremento retributivo del que aún quedan dos tramos más por materializarse, el acuerdo prevé otras medidas que consideran de capital importancia.

Entre ellas, el incremento de plazas de jueces y fiscales en las próximas convocatorias y la creación de grupos de trabajo preparatorios de la próxima reunión de la mesa de negociación, prevista para mayo de 2024, y cuya constitución pidieron hace unos días a Hacienda y Justicia.

"Desde el mismo espíritu constructivo, basado en la lealtad institucional y la búsqueda de acuerdos razonables que beneficien al colectivo al que representamos pero, al tiempo, contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, seguiremos reclamando el cumplimiento de lo acordado", concluye la nota, que suscriben la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Demoracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Por su parte, el extinto comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia también ha elaborado un documento en el que reconoce el esfuerzo de Justicia, si bien apunta que las subidas llegan "con tres meses de retraso".

El colectivo precisa que "quedan aún por cumplir el resto de medidas que se recogieron en dicho acuerdo". Por ello, han exigido que "se hagan efectivas sin dilación" tanto la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados que, entre otras cuestiones, elimine la "cuarta categoría", establezca el régimen de los encargados del Registro Civil, regule el régimen de libranzas y garantice la efectividad de la audiencia a las asociaciones; aprobación del decreto regulador de nuestro régimen de sustituciones, entre otras cuestiones.

Subida en funciones

El visto bueno del Ejecutivo tiene lugar después de que, a mediados de septiembre, el Ministerio de Justicia explicara que la subida no se había hecho efectiva aún por la "situación política" que atravesaba el país --con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente para finales de septiembre--.

En aquella ocasión, el Departamento dirigido por Pilar Llop avisó a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados tenían efectos retroactivos y que no corrían ningún peligro, pero desde las asociaciones se aprovechó para recordar que si el compromiso no se cumplían, se tomarían "medidas", lo que parecía apuntar a nuevas prote as.

Así las cosas, finalmente se materializa el acuerdo firmado con los letrados en marzo --tras dos meses de huelga-- y el alcanzado con jueces y fiscales el pasado mayo para evitar la huelga planteada por seis de las siete asociaciones. Tras resolverse el conflicto con jueces, fiscales y LAJ, queda pendiente que se resuelva el conflicto colectivo con los funcionarios de la Administración de Justicia, que antes de verano y a raíz del ambiente electoral suspendieron la huelga.

Los funcionarios recurrirán

Según CSIF, sin embargo, el acuerdo previo a la subida que Llop negoció con los letrados -como se llama a los antiguos secretarios judiciales-, "no pasó por la preceptiva Mesa de negociación, lo que vulnera gravemente la ley de libertad sindical, y el derecho de negociación colectiva".

Por esta razón han elevado ya protesta al Ministerio, que les ha emplazado a retomar las negociaciones. Por su parte, consideran que lo ocurrido denota "clasismo, agravio y desprecio" hacia el personal que conforma más del 90 por ciento de la oficina judicial, y no descartan nuevas movilizaciones.

Por su parte, desde la Abogacía madrileña, su decano Eugenio Ribón ha aprovechado para reclamar también una mayor retribución para los abogados de oficio. En un mensaje en la red social X, señala expresamente que "si el Consejo de Ministros aprueba la subida salarial para jueces, fiscales y LAJs ya está tardando @justiciagob en no dignificar baremos TO".