Un contratista de la Guardia Civil prestó 30.000 euros al teniente general del caso Cuarteles

La Fiscalía de Madrid ha pedido la declaración ante la jueza de instrucción número 3 Madrid de un contratista de la Guardia Civil después de que la investigación del caso Cuarteles descubriese que a finales de 2016 ingresó 30.000 euros en una cuenta del teniente general Pedro Vázquez Jarava, investigado en esta causa y una de las cuatro personas con más poder dentro de la Benemérita en ese momento. El empresario, que es administrador único de una sociedad que trabaja con el Cuerpo desde hace más de 20 años, hizo esa transferencia coincidiendo en el tiempo con la adjudicación de la mayor parte de los contratos para las obras en los cuarteles y con la compra por parte de Vázquez Jarava de un inmueble en Cádiz.

Así consta en los informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, que acreditan que la investigación patrimonial efectuada a Jarava durante aquellos años --entre 2014 y 2019-- incluye dos ingresos en efectivo "en concepto de préstamo" de dos personas diferentes a finales de 2016. Uno de ellos, por valor de 30.000 euros, es el de este contratista, administrador único de una sociedad que lleva varias décadas consiguiendo obras relacionadas con la Guardia Civil.

La obra más antigua realizada por esta empresa para el Cuerpo de la que tiene constancia este periódico se remonta a 2002, cuando la Dirección General le adjudicó 107.910 euros para cambiar la red de tuberías de calefacción en la Comandancia de la Guardia Civil en Segovia. Un año más tarde, cobró 263.658 euros por las obras de instalación del servicio de calefacción en la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zarauz (Guipúzcoa). Una tercera, por valor de 88.093 euros, le fue adjudicada en 2022 para la "construcción de un edificio de una sola planta para vestuarios de los agentes de la Guardia Civil del acuartelamiento en Molina de Aragón", Guadalajara.

Sin embargo, el dinero pagado a esta empresa por obras para la Guardia Civil no solo llegaba desde las arcas públicas, sino también de forma particular por los agentes. En El Confidencial Digital se informó en 2011, por ejemplo, de que esa empresa iba a ser la encargada de construir un parque público enfrente del cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro, Madrid. Para ello, la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (APHGC), una fundación a la que contribuyen integrantes del instituto armado, iba a aportar más de un millón de euros, una cifra que según ese medio provocó "algunas reacciones negativas en la Benemérita".

Una casa en Cádiz de 395.000 euros

El ingreso de 30.000 euros por parte de este nuevo empresario al que la Fiscalía requiere para declarar coincide en el tiempo, según los documentos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, con la transferencia fraccionada en once días de 45.700 euros al teniente general por parte de Ángel Ramón Tejera de León, imputado también en el caso Cuarteles, y con la compra del propio Jarava de una casa en Cádiz por 395.000 euros.

La investigación, según explica la Fiscalía, está intentando esclarecer las circunstancias que rodearon esa compra realizada el 11 de noviembre de 2016, justo en pleno apogeo del caso y cuando se tiene constancia de más adjudicaciones a las empresas del constructor canario Tejedra de León para llevar a cabo reformas en al menos 13 comandancias de la Guardia Civil.

Según explican los escritos de la Fiscalía y Abogacía del Estado, la compra se sufragó con los fondos de dos sociedades patrimoniales de Jarava, los 45.700 euros de Tejera de León, los 30.000 del contratista citado anteriormente y otros 20.000 euros de una tercera persona a la que también se pide citar ante la justicia. A estos dos últimos se les reclama que declaren en calidad de testigos.

Precisamente es en ese periodo cuando las adjudicaciones al empresario canario se vuelven más intensas: si en 2014 y 2015 no se solían superar las dos contratas en 24 horas, en 2016 llegaron a ser 15 en Santa Cruz de Tenerife por un valor total de 72.150 euros entre el 16 y el 18 de noviembre.

Apenas una semana después, mismo modus operandi: otros siete contratos en el acuartelamiento de Ávila por un total de más de 30.000 euros, donde el jefe de la Comandancia en ese momento, el teniente coronel Carlos Alonso, ha terminado siendo imputado en el caso Cuarteles por firmar como completadas y pagar por obras que nunca llegaron a realizarse o no se completaron debidamente.

Una piscina de 15.000 euros

Según explica el escrito de la Abogacía del Estado, "la contratación de Ángel Ramón Tejera de León se produce a instancia del teniente general Pedro Vázquez Jarava a cambio de", entre otras cosas, "la instalación, en marzo de 2017, en el domicilio personal del teniente general en el municipio de Alpedrete de una piscina por importe de 15.504 euros".

Además, y según apuntan los escritos de Abogacía del Estado y Fiscalía a los que ha tenido acceso este periódico, también se pagó un cobertor para esa misma piscina de 1.650 euros con una tarjeta de crédito que era titularidad de Solocorcho, SL, una de las sociedades utilizadas por Tejera de León para vehicular las adjudicaciones de la trama.

A esto habría que sumar, además, que el empresario pagó alojamientos en hoteles de lujo en Cádiz y Lanzarote y viajes a esta isla canaria; a Milán y Cardiff al teniente general Pedro Vázquez Jarava y a su familia (que en algunas ocasiones incluía suegra, yerno, sobrino y nieta).