Un imputado achaca el 'Caso Cuarteles' a una venganza por investigar a un comandante de la Guardia Civil por narcotráfico

El teniente coronel Carlos Alonso, ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila y uno de los principales investigados en el Caso Cuarteles, declaró ante la jueza María Durántez que los anónimos que destaparon las presuntas irregularidades en las obras de los acuartelamientos se enviaron después de que él mismo iniciara una investigación interna sobre narcotráfico contra uno de sus comandantes, en concreto Rafael López Furnells, subordinado suyo. 

Se da la circunstancia de que López Furnells, según el testimonio de Alonso ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que instruye la causa, era quien precisamente se debía encargar del control y certificación de las 26 obras en cuarteles de la provincia, ya que era el responsable de la jefatura funcional de Personal y Apoyo, y por lo tanto jefe de la Unidad de Gestión Económica. La declaración, a cuyo contenido ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, tuvo lugar el pasado 20 de septiembre.

El juzgado madrileño investiga desde 2021 los contratos de esas reformas en los acuartelamientos de la provincia que se otorgaron al empresario de la trama, Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el alias de 'Mon', por un importe de 120.000 euros. Según destaparon las pesquisas de Asuntos Internos de la Guardia Civil, muchos de los encargos o no se ejecutaron o no se hicieron según lo abonado, y ahora un amplio informe pericial encargado por la magistrada trata de confirmar esos extremos.

Corrupción

Las presuntas irregularidades, halladas inicialmente en los acuartelamientos de Ávila, fueron solo la antesala del que se habría convertido en uno de los mayores casos de corrupción en la Guardia Civil, ya que los investigadores del Instituto Armado detectaron que ‘Mon’ habría recibido adjudicaciones por valor de 3,3 millones de euros en doce comandancias de otras tantas provincias españolas, y en muchas de ellas habría habido también trabajos no realizados o realizados a medias.

En su testimonio, Alonso, que fue responsable de la Comandancia de Ávila desde mayo de 2015 a noviembre de 2017 y que está acusado de validar obras sin ejecutar, centró la responsabilidad en la Oficina de Gestión Económica dirigida por Furnells, que llegó a realizar adjudicaciones pidiendo distintos presupuestos a empresas del mismo constructor, tal y como reveló la investigación interna. 

“[El procedimiento] deja mucho que desear. No se piden presupuestos al mismo contratista. Es engañoso, es hacerse trampas al solitario. Como ya dije en su momento no fui conocedor de esto. No estudié el expediente porque tampoco era cosa del jefe de Comandancia”, señaló en un testimonio, donde ciñó su responsabilidad a dar luz verde al pago de las obras pero no a la comprobación de su ejecución. 

Firma

“La exploración del mercado, el seguimiento de las obras, la comprobación de que se han acabado, la realización documental de todo eso es obligación de la Jefatura Funcional de Personal de Apoyo con Rafael López al mando”, detalló Alonso, que informó que nunca le comunicaron que había ningún problema con los trabajos. 

"Yo tengo que entender que [el trabajo] está hecho [...] Y yo en todo momento cuando firmo es el ‘Páguese’, que es la obligación del contrato. Yo he contratado a una persona que me dicen que ha realizado un trabajo, yo debo certificar el pago y si no estaría prevaricando", declaró Alonso, que constantemente puso el foco en su subordinado, López Furnells, que a su parecer habría cometido “una negligencia brutal”. 

"He cometido el pecado de confiar en mi personal. Yo físicamente no he ido a ningún cuartel en Ávila", reconoció Alonso, que explicó que le trasladaron que Mon “era capaz de hacer multitud de actuaciones al tiempo”, algo que era una ventaja a la hora de contratarlo: "Con esa condición era ideal para hacerlo. Si podemos pintar cinco cuarteles en un día mejor que uno tras otro". Sobre todo en contraposición con el operador local, ya que "suele ser el más caro. Eso por mi experiencia personal, los vínculos con el acuartelamiento son poco aconsejables".

Sin pruebas

En un momento dado el teniente coronel llegó a decir que no sabía muy bien por qué se validaron trabajos sin hacer, pero que tenía sus teorías: “Lo que ya no me atrevo a decir es si ha sido a cambio de algo o fue por negligencia o fue por animadversión hacia mí. Lo desconozco o puedo tener mis ideas, pero no tengo pruebas para decirlo”. 

A medida que respondía a las preguntas de la jueza fue, sin embargo, dando más detalles, y desveló que, “pese a su fama de persona disoluta”, mantuvo una relación cordial con Furnells hasta finales de 2016, cuando le llegó un chivatazo de la Policía Nacional. “El comisario provincial de Policía Nacional me informó de que el coche oficial del comandante estaba al lado de un narcotraficante de Ávila y a la vez me llegaron noticias por fuentes propias de que posiblemente un guardia civil de la Central de Tráfico con un mando sin determinar tendría que estar trayendo droga desde el Aeropuerto de Barajas a Ávila”, añadió. 

Anónimos

A raíz de ahí ordenó hacer “las [investigaciones] previas” y “desde ese momento todo fue abrumador”, ya que comenzaron a llegar anónimos a altos cargos de la Guardia Civil culpándole de irregularidades en obras que él no controlaba, sino que solo visaba para su pago. “Anónimos a León, sospechas de incumplimiento de órdenes... Luego llegó el anónimo del año 2017 de que un contratista canario había sido contratado. Finalmente, la del mayo del 18, que es la el motivo por el que se inicia esto. Poniéndome a mí como no sé...”. 

Del testimonio de Alonso se desprende que habría sido Furnells el que envió los anónimos. En ese sentido, explica que a raíz de la investigación de Asuntos Internos se enteró de que su comandante se reunió dos voces con Mon, una de ellas en un "hotel de Madrid", en enero de 2017, algo que "no tiene sentido", mientras Alonso defendió que él ni se había llegado ni a tomar un café con el contratista. “No he estado sentado más de cinco minutos con él”.  

“La forma de redactarlo [el anónimo], la forma de decirlo, lo que es, ya lo dije en su momento, hay indicios sobrados para sospechar que el autor se llama Rafael López Furnells. Ese anónimo conlleva la apertura de la información reservada que se le da al comandante de interventor de la zona, cosa que es irregular porque tenía que haber sido un oficial de la Guardia Civil”, aseguró Alonso, que en otro momento de su testimonio viene a decir que habría habido tensión con Furnells a raíz de un ascenso que consiguió en la misma época en que fue suspendido tras una condena por una agresión en Melilla.

Además, y como hizo en declaraciones anteriores, Alonso señaló que fue el teniente general Pedro Vázquez Jarava, uno de los cargos con mayor rango del Instituto Armado hasta que entró en la reserva a finales de 2018, quien ordenó contratar con Mon. Según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil que abrió el caso, el que era responsable de la Subdirección de Apoyo ordenó a comandancias de hasta ocho provincias contratar con las empresas de Tejera de León. Entre ellas la de Ávila: “Me lo recomienda como persona de confianza y que tiene una gran experiencia en la impermeabilización de fachadas y acuartelamientos”, señaló Alonso, que defendió la descentralización de crédito que hizo Jarava en cuanto ayudaba a mejorar los cuarteles.

“Hubiera sido muy fácil decir 'renuncio al crédito', 'no hacemos nada', 'no se pinta ya, a mis queridos cuarteles y guardias, que les den vientos, porque yo duermo en mi casa'”, dijo Alonso, que volvió a reiterar que le habían falsificado sus firmas en varias facturas, algo que “a estas alturas” ya no le “sorprende”. “Algunas firmas no tienen ningún parecido, es que cualquier coincidencia es casualidad”, llegó a decir.

En el caso Cuarteles, la jueza Durántez investiga la presunta adjudicación irregular de casi 3 millones de euros en obras de mantenimiento en 13 comandancias de la Guardia Civil y de la que podrían resultar delitos de cohecho, falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos. Hasta el momento permanecen investigados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, el empresario canario Tejera de León, el teniente coronel Carlos Alonso, que fue comandante de Ávila, y un autónomo afincado en Alicante.