Sumar se querella contra el presidente y los vocales del CGPJ que forzaron un pronunciamiento contra la amnistía

Sumar se ha querellado este viernes en el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación administrativa contra el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los nueve vocales nombrados en su día a propuesta del PP que votaron una declaración institucional del órgano de gobierno de los jueces contraria a la ley de amnistía, cuya tramitación parlamentaria acaba de comenzar.

La querella, que ha sido ya denunciada ante Europa por uno de los querellados, el vocal José María Macías, al considerarla parte de "una campaña de desprestigio" para impedirles cumplir su labor constitucional, ha marcado la visita del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a Guilarte, para inaugurar su agenda relativa al mundo judicial. El ministro se desvinculó de la iniciativa "de una de las formaciones que componen el Gobierno de coalición", al señalar que a él, como responsable de Justicia, lo que le gustaría es intentar resolver cualquier "cuestión con diálogo y puentes de entendimiento". El propio Guilarte calificó de la querella de "maniobra política" que solo "contribuye a seguir generando tensión", cuando de lo que se trata es de rebajarla.

En la querella de Sumar, adelantada por El Periódico de Cataluña, se destaca que la declaración del Consejo contra una "disposición legal que ni siquiera existía en el momento de su adopción (...) descalifica e imputa conductas gravísimas al (entonces) presidente del Gobierno en funciones, que podrían ser calificadas como desconsideración entre instituciones, contradiciendo lo que el CGPJ exige en sus resoluciones previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo".

Expedientes pendientes

En palabras del portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, la declaración del CGPJ marcó la salida de las numerosas manifestaciones que se han producido en el mundo judicial contra la amnistía; en algunas de las cuales, dijo, los jueces vestían la toga, por lo que retó a Guilarte a dar a conocer los expedientes que les haya abierto por sumarse a una posición partidista. "Nosotros creemos que nadie está por encima de la ley, tampoco están por encima de la ley los vocales del Consejo" y "no se puede permitir esta politización de la justicia", señaló a las puertas del Supremo.

Tras resaltar la querella que el propio acuerdo admite la falta de competencia del CGPJ para pronunciarse y que el vocal nombrado a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta decidió por ello no participar en la sesión -aunque no fue secundado por ningún otro vocal-, la querella reproduce las frases que entiende más graves de la declaración aprobada, entre las que figuran las que atribuyen a Pedro Sánchez un interés personal en la amnistía para conseguir los votos de Junts per Catalunya.

En su opinión, "el acuerdo institucional adoptado (...) se arroga la labor de interpretación de la Constitución, que solo corresponde al Tribunal Constitucional" y "pretende influir en la opinión pública, en la actividad judicial y en el desarrollo de un proceso político legítimo que debe conducir, en su caso, a la investidura del nuevo presidente del Gobierno", lo que vulnera la separación de poderes, que "los querellados afirman defender".

Ilegal y arbitraria

De ahí que la formación liderada por Yolanda Díaz considere que la "actuación de los vocales querellados" fue "ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadanía un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social, máxime cuando se dota de carácter institucional".

En su opinión, ello es constitutivo de un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal y castigado con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre 9 y 15 años, porque entre sus funciones no aparece "valorar acuerdos políticos o futuribles normas fuera de los informes que se regulan competencialmente".

La querella se dirige contra Vicente Guilarte y los vocales que apoyaron la declaración institucional: Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona. Todos menos los dos primeros forzaron la celebración del pleno, porque el reglamento del Consejo prevé su convocatoria cuando lo solicitan al menos cinco vocales, requisito que se cumplía sobradamente en este caso.

"Los vocales promotores y firmantes del acuerdo han actuado con una sorprendente falta de rigor jurídico al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían; han interferido de forma palmaria y totalmente proscrita por la ley y jurisprudencia citadas en el proceso político base de la configuración de gobierno; se han posicionado claramente a favor de la postura defendida por un partido político; han condicionado e influido en la opinión jurídica y en la pública, trasladando una interpretación de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarización, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al presidente del Gobierno en funciones", argumenta la querella para sostener la "palmaria arbitrariedad de la resolución adoptada".