La fiscalía catalana abre diligencias para determinar si se investigó a su jefe en la 'operación Cataluña'

Todo tiene su momento y eso parece ocurrir con la 'operación Cataluña'. Pese a las páginas publicadas sobre documentos y audios sobre estas prácticas cuando menos cuestionables del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la Fiscalía nunca había encontrado motivos para abrir una investigación al respecto. Ahora el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Francisco Bañeres, lo ha hecho para llegar hasta el final en relación con la supuesta investigación prospectiva de la que habría sido víctima uno de sus antecesores, Martín Rodríguez Sol, para buscar si tenía afinidades con Unió Democràtica de Catalunya.

La apertura de diligencias preprocesales por parte del ministerio público en este momento obedece, según el decreto a incoación, a un documento publicado por eldiario.es y La Vanguardia en el que aparece: "Propuesta de investigación por informaciones recibidas. Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía".

Entre ellas se mencionan "vínculos entre el fiscal superior de Cataluña Martín Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido". El decreto de apertura de diligencias afirma que "las informaciones periodísticas publicadas no constituyen meras valoraciones carentes de soporte fáctico, sino que, lejos de ello, se sustentan en documentos y fuentes externas, elementos suficientes, atendido el inicial estado de investigación en el que nos hallamos, para acordar la incoación de diligencias".

Rodríguez Sol, que acabó renunciando al puesto al perder la confianza del entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce, se habría convertido en objetivo de las cloacas policiales al intentar abrir en 2012 una investigación sobre los informes falsos que durante el Gobierno de Rajoy se hicieron llegar a los periódicos sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y de su antecesor, Jordi Pujol.

Sin comunicar su investigación

Según la Fiscalía, "los agentes actuantes no habrían comunicado al ministerio fiscal ni su inicio, ni el curso que las actuaciones sugeridas pudieran haber seguido, todo ello con el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal" de Cataluña "e inquietarle en el ejercicio de la misión que el artículo 124 de la Constitución confiere a los fiscales" y todo ello "por el simple hecho de haber expresado su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el curso de investigaciones seguidas contra algunos líderes del movimiento independentista catalán".

"Para lograr aquel objetivo, la unidad policial actuante habría atribuido presuntamente hechos delictivos al fiscal superior de Cataluña, según se desprende de la redacción literal del oficio interno publicado por los medios de comunicación", señala el decreto fiscal por la investigación que se habría desarrollado contra él entre 2012 y 2013.

En marzo de ese último año, Rodríguez Sol renunció al cargo después de que se le abriera un expediente por una entrevista en la que declaró que ante el previsible no de Madrid a un referéndum de autodeterminación, había alternativas. Dos años después fue candidato de Unió, en concreto, número dos de la lista a la provincia de Barcelona como independiente.

En el decreto de incoación de diligencias preprocesales, el fiscal superior catalán ordena al comisario general de la Policía Judicial que investigue la veracidad del documento publicado. También pide conocer la fecha de publicación, los agentes que lo redactaron y, en su caso, las diligencias concretas que se realizaron contra Rodríguez Sol para determinar los resultados que tuvo aquella investigación ilegal.

Otras investigaciones

A diferencia del caso Tándem, en el que se agrupan todas las investigaciones abiertas a las cloacas policiales, entre las que figura la Operación Kitchen, y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo, la fiscalía siempre ha sido reacia a investigar la 'operación Cataluña' más allá de episodios contados, como la introducción de un pendrive sospechoso en el caso Pujol, por lo que terminó siendo condenado el exnúmero dos de la policía Eugenio Pino, o en un principio la querella presentada por el expresidente del Barça Sandro Rosell, que se considera víctima de esas prácticas por la causa por la que estuvo en prisión preventiva durante casi dos años y por la que luego fue absuelto.

Tanto en su querella como las otras cuatro presentadas por el mismo motivo, el ministerio público ha acabado informando a favor del archivo. De hecho, se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid confirme el archivo que distintos jueces de instrucción ya han dictado.

En Andorra una jueza investiga si el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz presionaron y coaccionaron a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de los políticos catalanes que figuraban entre sus clientes, como los Pujol. Su imputación se cursó por una comisión rogatoria (colaboración judicial internacional) que ahora mismo está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.