Los letrados del Senado califican la amnistía de "fraude constitucional"

Los letrados del Senado son tajantes. La ley de amnistía es "una reforma constitucional encubierta", "un fraude constitucional" y "un producto normativo imposible". A lo largo de 69 hojas, los servicios jurídicos de la Cámara Alta desgranan por qué la medida de gracia, que fue aprobada la pasada semana por el Congreso y empieza este martes su recorrido en el Senado, es "claramente inconstitucional". No obstante, en el informe admiten que el Senado está obligado a tramitar la norma en un plazo máximo de dos meses.

El Senado arranca la tramitación de la amnistía advirtiendo que es "una reforma constitucional encubierta"

"En ausencia de mención constitucional expresa y de un pronunciamiento sobre la amnistía como figura jurídica por el Tribunal Constitucional, y teniendo en cuenta los antecedentes del constitucionalismo histórico español y la voluntad del constituyente español de 1978, no cabe entender que la amnistía pueda instrumentarse mediante ley", asevera el informe de los letrados. El argumento, en sí, es bastante simple: la Carta Magna no hace mención a la amnistía ni la incluye entre las competencias de las Cortes Generales, por lo que no se puede aprobar.

Bajo esta idea, el informe apunta que el intento de "llenar los supuestos vacíos" de la Constitución supone suplantar al poder constituyente. Es aquí cuando indica que este procedimiento legislativo es "o una reforma constitucional encubierta, o un fraude constitucional, o bien un producto normativo imposible". A lo largo del texto, los letrados insisten en la idea de la reforma constitucional encubierta, dejando claro que se obliga al Senado a participar del proceso mediante una proposición de ley orgánica.

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Principios e irregularidades

Pero las críticas no cesan en este punto. También denuncian la "clara inconstitucionalidad del texto" por "vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales" recogidos en la Constitución. Entre ellos, apuntan al valor superior de la justicia y la separación de poderes; el principio de igualdad ante la ley y no discriminación; el derecho fundamental a la libertad ideológica; o los principios de seguridad jurídica y legalidad penal. También sostienen que la norma es "incompatible" con el derecho europeo al amnistiar algunos supuestos de terrorismo.

En otro apartado, los letrados se centran en la "irregularidades que se han producido durante la tramitación del procedimiento legislativo en el Congreso". Según dice, estas deficiencias parlamentarias podrían suponer la "nulidad radical de lo actuado en dicha norma". Es decir, que quede sin efecto toda la tramitación al haber defectos de forma.