La Fiscalía evaluará los chats del número dos de Fernández Díaz en 'Kitchen' en los que se basa la querella de Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre una petición realizada por la defensa de quien fuera número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, dirigida a invalidar la querella presentada contra él y varios ex cargos policiales por Podemos, que le acusa de ordenar investigaciones irregulares contra la formación.

Se busca acreditar la firmeza de un auto dictado el pasado mes de julio por el instructor del caso Kitchen que paralizó la difusión de un conjunto de chats de WhatssApp en los que Martínez participaba, y cuya difusión está siendo investigada por ser presuntamente delictiva.

La defensa ejercida por los letrados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez busca acreditar que, al ser firme dicho auto -dictado por el magistrado de kitchen, Manuel García Castellón-, puesto que nadie lo recurrió, decaerían las argumentaciones en las que se basa el partido Morado para sustentar la querella contra el que fuera número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, según se argumenta en el escrito al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Una vez la Fiscalía se pronuncie al respecto, el juez Pedraz podrá adoptar una decisión definitiva sobre el uso de las citadas conversaciones. La querella, a juicio de esta parte, supone un engaño al estar basada en una prueba nula en incluso "delictiva".

23 conversaciones

El contenido de la nueva querella contra Martínez se basa en 23 conversaciones por WhatsApp que Martínez intercambió con investigados en la trama Kitchen -el caso por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas por el que será próximamente juzgado- y con otras personas, entre ellas el expresidente Rajoy y varios periodistas.

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Por esta razón la defensa pide a Pedraz que, además de sobreseer la querella, deduzca testimonio contra el partido liderado por Ione Belarra "por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de revelación de secretos oficiales" y mande el asunto a reparto contra "los letrados, procuradora y el partido político querellante".

“En esos chats íntegros se contienen juicios de valor y opiniones personales sobre multitud de temas independientes y desconectados de la causa que se sigue, por lo que carecen de toda trascendencia. Además, buena parte de ella podría ser tributaria de la protección otorgada por la normativa relativa a secretos oficiales, a la vista de su contenido”, explicaba la defensa en otro recurso sobre este mismo asunto.

Esta nueva querella contra Martínez -ya sentado en el banquillo por Kitchen y también imputado en la denominada Kitchen dos, por presiones al que fuera abogado de Bárcenas Javier Gómez de Liaño- se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se buscó imputar por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque Pedraz desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

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Contenido de la querella

En su querella, Podemos señala que algunos cargos policiales del momento, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apunta que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.