Del aislamiento a las sanciones no impuestas: ¿Cómo ha sido el debut de Vox en el Parlament catalán?

Uno de los grandes titulares de la noche electoral de las últimas elecciones catalanas, en 2021, fue la irrupción de Vox en el Parament. Y más aún que lo lograran con mayor fuerza de la esperada. Más de 200 mil votos y 11 escaños que convirtieron a la extrema derecha en la cuarta fuerza de Cataluña y que llevaron a su líder, Ignacio Garriga, a autoproclamarse como el líder de oposición contra lo que llamó "mafia separatista". Tres años después, una vez disuelta la Cámara y convocadas las elecciones, el balance que se puede hacer de su paso por la institución es agridulce.

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Sin cargos en el Parlament

Desde el principio, PSC, ERC, Junts, CUP y Comuns firmaron un documento en el que se comprometieron a hacer un 'cordón sanitario' contra la extrema derecha. Es decir, a excluir a Vox de todos los órganos parlamentarios -tanto de la Mesa como de las presidencias de las comisiones- y a no apoyar ninguna de sus iniciativas. Una estrategia que se ha cumplido desde el primer día. Ninguno de sus diputados ha conseguido tener ningún cargo, más allá de los de presidente o portavoz de grupo que dependen estrictamente del grupo parlamentario.

Veto a sus senadores autonómicos

Además, este aislamiento también llevó a los grupos a dejarlos sin poder designar ningún senador autonómico. Las formaciones barajaron todas las opciones para evitar que se hicieran con un representante en la Cámara alta. El reglamento del Parlament solo obligaba a usar un método de cálculo proporcional para repartir los ocho cargos en juego. Bajo el procedimiento habitual -aplicando la ley d'Hondt- el PSC se habría quedado con tres senadores; ERC y Junts, con dos; y uno hubiera sido para la extrema derecha. Para evitarlo, usaron la 'fórmula Imperiali' para hacer el reparto, que dio a los tres grupos mayoritarios dos senadores y ninguno al resto, tampoco a Vox. Los de Ignacio Garriga recurrieron la decisión al Tribunal Constitucional, que acabó no les dio la razón y avaló la elección.

Ausencia de capacidad legislativa

Tampoco ha llegado a ser sometida a votación en la Cámara ninguna de las proposiciones de ley impulsadas por Vox. La junta de portavoces nunca ha incluido sus peticiones en el orden del día. En tres años, Vox ha registrado 11 leyes, ocho en los primeros cuatro meses de legislatura y 3 más poco antes de la convocatoria electoral. Entre julio de 2021 y febrero de 2024 no presentaron ninguna propuesta. Sí han llegado a votarse sus mociones y propuestas de resolución, pero ninguna ha visto la luz verde.

Normalización de los discursos

Sin embargo, a pesar de no tener cargos ni haber podido impulsar ninguna propuesta legislativa, sus discursos sí se han podido escuchar en la Cámara. Y hasta podría decirse que en cierto modo se han normalizado. Los vínculos constantes entre inmigración y delincuencia, las amenazas verbales a sus oponentes o hasta los insultos directos han sido una tónica habitual en las sesiones de control bisemanales. Y nada lo ha conseguido detener. Desde la presidencia del Parlament, primer con Laura Borràs -más vehemente contra ellos- y después con Anna Erra -que ha evitado más el cuerpo a cuerpo-, se les ha advertido en varias ocasiones de que incumplían el código de conducta y que podrían ser expulsados. Sin embargo, la amenaza nunca se ha llegado a materializar.

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Sin sanciones

No han sido expulsados ni tampoco sancionados, a pesar de haberse puesto sobre la mesa en diversas ocasiones que habían vulnerado el código de conducta y que podrían ser amonestados con una suspensión temporal o una multa económica de hasta 1.200 euros. La última vez que se planteó fue por el incidente que tuvo lugar durante la campaña electoral de las pasadas generales en un mitin en Badalona, cuando el diputado Ignacio Garriga se encaró a unos manifestantes. La Mesa encargó una investigación, pero la comisión del estatuto del diputado, a quien corresponde analizarlo, no llegó ni a abrir la carpeta. El argumento es que las sanciones carecen de una base legal sólida -al no estar dentro del reglamento- y que podrían ser tachadas de inconstitucionales. Un hecho que se ha intentado resolver con la reforma del reglamento impulsada por ERC y la CUP, pero que ha caído en saco roto con el adelanto electoral.

Está por ver si habrá consenso suficiente para reactivarlo después de las elecciones y también cómo actuarán los mismos actores si, finalmente, la extrema derecha independentista de Aliança Catalana -que reproduce los mismos discursos xenófobos y hace constantes vínculos entre inmigración y delincuencia- obtiene representación en el Parlament.