Sánchez se ampara en el derecho europeo y niega beneficiar a etarras: “No hay rebaja de condenas”

Pedro Sánchez no solo acusa al PP de sobreactuar y cambiar de posición en la reforma que rebaja penas a etarras, después de apoyarla en el Congreso, por las presiones externas, sino que niega cualquier beneficio a los condenados de ETA. “No hay rebaja de condenas, se tienen en cuenta los años que ya han cumplido en el extranjero, conforme al derecho europeo. No hay rebaja alguna, y ustedes los saben, por eso votaron a favor”, reprochó durante el pleno del Congreso este miércoles a Alberto Núñez Feijóo para responder a su petición de retirar el texto.

El líder del PP evitó los rodeos y en cuanto llegó a la tribuna en su turno se dirigió al presidente: “Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto un total de 300 años de prisión para terroristas de ETA. Si le queda un mínimo de conciencia le ruego que recapacite”, insistió Feijóo mirando a Sánchez.

Feijóo, a Sánchez en el pleno: "Si le queda un mínimo de conciencia retire la ley"

El Ejecutivo evita a toda costa hacer una defensa política de esta modificación, reivindicada históricamente por la izquierda abertzale, para centrar su justificación en que responde a la “trasposición de una directiva europea”. 

 La única concesión de Sánchez al fondo político de esta reforma fue su acusación a los populares de que “no quieren que se pase página”. Con todo, no se recreó en la disolución de ETA, como sí hizo el previamente el portavoz del PSOE, Patxi López, desde su autoridad moral como exlehendari y uno de los principales objetivos de la banda terrorista. “Cada vez que utilizan a ETA como si siguiera viva, lo que hacen es negar la victoria de los demócratas y de la democracia frente al terrorismo”, arremetió.

El portavoz de los socialistas empatizó con “el sentimiento de las víctimas” porque “también son nuestras víctimas y porque también nosotros somos víctimas”. Frente a ello, acusó a los populares de “jugar, una vez más, con los sentimientos de las víctimas, instrumentalizándolas como han hecho en tantas ocasiones, la última esta misma mañana”.  

Sánchez no aludió directamente a las presiones de las asociaciones de víctimas, pero vinculó el cambio de posición de los populares en esta reforma "después de ver la reacción de los medios". De ahí que haya descartado un error de los populares al dejar llegar esta reforma con su apoyo y sin presentar enmiendas en el Senado, por lo que se aprobará la próxima semana sin más dilación.

"Sabían lo que votaban", aseguró para ampararse en que se trata de una "trasposición obligatoria" y que el PP apoyó en Bruselas. En este punto, argumentando que se trata de un cambio legal impuesto por la UE, remarcó que formar parte de los Veintisiete "implica privilegios, pero también obligaciones". Entre estas últimas, concluyó para justificar la reforma legal se encontraría la necesidad de "homogeneizar el marco regulatorio". Tras ello volvió a agitar el revuelo interno en el PP por apoyar la tramitación de esta trasposición, incluyendo la emienda que acaba con la excepcionalidad penitenciaria para computar las penas a etarras que haya cumplido en cárceles de fuera de España: "No escurra el bulto, fue aprobada en marzo y ha tenido siete meses de tramitación parlamentaria".

Sin querer entrar a argumentar las razones del Gobierno por las que apoya esta reforma legal, desde Moncloa ha desplegado una estrategia de defensiva. Primero, contraatacando al PP, por haber facilitado la tramitación de esta reforma y ahora acusar al Gobierno de haberlo “engañado” al colar la polémica enmienda por la puerta de atrás. Segundo, valiéndose de informes que validan la norma, aunque todos ellos son previos a la introducción de este cambio legal. Tanto la portavoz del Gobierno como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, blandieron un informe del Consejo de Estado favorable a su tramitación.