La Audiencia Nacional rechaza que Alicia Sánchez-Camacho testifique en el juicio de los Pujol

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no quiere que el juicio del caso Pujol se le escape de las manos. En el auto en el que acuerda las pruebas que se celebrarán en la vista oral -para la que todavía no ha fecha- ha rechazado el testimonio de la expresidenta del PP catalán y actual diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, a la que se vinculó con la 'Operación Cataluña' por aparecer en las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo.

Villarejo afirma que la 'operación Cataluña' se diseñó en la presidencia del Gobierno y la controló Sáenz de Santamaría

El auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también descarta ampliar la comisión rogatoria cursada a Andorra para recabar datos bancarios de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, como solicitaba la defensa de su hijo Oriol, salvo que pueda justificar su necesidad a estas alturas en un procedimiento que se inició en 2012, a raíz de una denuncia de Vicky Álvarez.

Esta, que había sido pareja del primogénito del expresident y de la fallecida Marta Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, denunció que le había acompañado a Andorra con bolsas con dinero en efectivo. Como, según las grabaciones y las agendas del Villarejo, esa iniciativa habría partido de él mismo, los Pujol solicitaron sin éxito varias veces personarse en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, al considerarse víctimas de la 'Operación Cataluña'. De hecho contra la propia Sánchez-Camacho se querelló sin éxito el 'exconseller' de Economía catalán Jaume Giró.

Aunque el tribunal no quiere que el juicio se desvíe de los hechos atribuidos a la familia Pujol, a los que se acusa de delitos fiscales, blanqueo de capitales y asociación ilícita, oirá el testimonio de Álvarez junto al de una cuarentena de testigos propuestos por las partes que también han sido aceptados.

La única objeción que pone el tribunal en su caso es que necesita que las partes que los consideran necesarios para ejercer su derecho de defensa faciliten "datos que permitan su localización" para que puedan comparecer en la vista oral, que ni siquiera se espera que se celebre el próximo año, dados los problemas de agenda que presenta la Audiencia Nacional en las causas en las que ningún imputado está en prisión.

Entre ellos también están varios imputados en el caso 3%, como el exgerente y el extesorero de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó y Andreu Viloca. También lo estaba Daniel Osàcar, pero también ha fallecido antes de la celebración de la vista oral.

Justificar la necesidad

Además, la Sección Primera da un plazo de 10 días para que las partes que lo han solicitado aclaren el motivo por el que quieren que también comparezcan otros 60 testigos, entre los que están los policías más directamente relacionados con este episodio de prácticas cuando menos cuestionables presuntamente cometidas durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre ellos, figuran el que era número dos de la Policía, Eugenio Pino, único condenado hasta el momento por la 'Operación Cataluña', en su caso por la introducción de un pendrive de origen dudoso en el propio caso Pujol, que su entonces instructor pudo apartar del procedimiento para evitar cualquier contaminación.

En la misma situación están varios policías imputados en piezas del caso Tándem, como el propio Villarejo, cuya declaración también ha sido solicitada. El tribunal también considera necesario que se justifique por qué es necesario que declare Higini Cierco, uno de los principales accionistas de la Banca Privada d'Andorra. Junto a su hermano interpuso la querella que ha supuesto la imputación en el principado del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de sus exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por supuestas coacciones a la entidad bancaria que acabó siendo intervenida para recabar información sobre políticos independentistas, como el propio Jordi Pujol.