El BOE publica la ley que garantiza el uso del catalán ante la justicia

La ley de Derecho de defensa se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras meses de tramitación, la norma que garantizará el uso de las lenguas cooficiales -catalán, euskera y galego- ante los órganos con jurisdicción en todo el Estado. La medida, pactada por el Ejecutivo de PSOE y Sumar con ERC, Junts y BNG, entrará en vigor en 20 días, como establece la ley. Aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo permiten de manera habitual el uso de cualquiera de estas lenguas con traducción continua, fuentes del Ministerio de Justicia reivindican que ahora se convierte en un derecho el poder expresarse en las tres lenguas en cualquier proceso judicial.

En concreto, la ley de Derecho de Defensa, en su artículo 10, garantiza que todo el mundo pueda usar "cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas" en cualquier proceso ante los órganos con jurisdicción en todo el Estado. Estos son la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de Vigilancia Penitenciaria, así como el Juzgado Central de Menores.

Además, se ha incluido otro apartado en el que se indica que "si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación y/o traducción". Lo que abriría la puerta al uso de las lenguas cooficiales en otras comunidades.

La tramitación parlamentaria

La ley, aplaudida por todos los socios del Ejecutivo, molestó bastante al PP. Al punto de que los populares, haciendo uso de su mayoría absoluta, trataron de eliminar el artículo que permite el uso de las lenguas cooficiales durante la tramitación en el Senado. Sin embargo, la decisión que adoptó la Mesa de la Cámara Alta el pasado 29 de octubre de suspender la sesión por los desastrosos efectos de la DANA obligaron a posponer la votación de la ley con estos cambios, superando los dos meses máximos que tiene el Senado para pronunciarse. De tal forma que la ley se ha publicado directamente en el BOE tal como salió del Congreso.