REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
El Gobierno negocia con Junts salvar el decreto social a cambio de avanzar en la transferencia de inmigración
El Ejecutivo mantiene sus líneas rojas "constitucionales" en la delegación de competencias sobre el control de fronteras, pero confía en llegar a un punto de encuentro para retomar la relación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del acto 'HispanIA 2040' este lunes en Madrid. / José Luis Roca
El Gobierno asume con calma tensa la primera prueba de fuego en su relación con Junts tras el nuevo órdago de Carles Puigdemont de suspender negociaciones hasta no reconducir los pactos pendientes. El Congreso votará este miércoles los decretos aprobados en el último Consejo de Ministros del año y el Ejecutivo no tiene garantías de salvar el decreto ómnibus en el que se incluyen la revaloración de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones al transporte o nuevas ayudas por la DANA. Depende del apoyo de los posconvergentes. Fuentes de Moncloa trasladan que nada ha cambiado por el momento en su relación con Junts, marcada desde el inicio de la legislatura por los altibajos, y se muestran confiados porque siguen “hablando y negociando como siempre”.
Para salvar el decreto se muestran confiados en avanzar en la transferencia de las competencias de inmigración, hasta el punto de que un ministro socialista conocedor de las conversaciones apunta que el acuerdo está “maduro”. Eso sí, combinan la mano tendida con las líneas rojas que ya marcaron antes de final de año. Principalmente en lo que tiene que ver con el control de fronteras, tanto por el marco constitucional como de la propia Unión Europea.
No todo es delegable, insisten estas mismas fuentes en referencia al artículo 150.2 de la Constitución, con la pretensión de que Junts module su exigencia de un traspaso “integral”. Los socialistas ya pusieron sobre la mesa como solución intermedia que los Mossos asumiesen estas competencias junto a la Policía Nacional en puertos y aeropuertos.
Los más optimistas en el Ejecutivo aseguran que van a llegar pronto a un acuerdo con Junts para desbloquear este compromiso. En lo que coinciden los negociadores socialistas respecto a la votación del pleno extraordinario de esta semana es que desde Junts no se les ha trasladado que “vayan a tumbar nada”. Tampoco lo contrario, lo que amenaza con mantener la tensión hasta el último momento. El propio Puigdemont acompañó su envite de la advertencia de que “si hay decretos que se tienen que convalidar, que no nos busquen”.
Otras fuentes socialistas ponen el foco en que no sería entendible para electorado de Junts votar en contra de medidas beneficiosas para la mayoría social. Un “suicidio”, dicen, sobre todo en lo que respecta a la revaloración de las pensiones para subirlas conforme al IPC. Hacerlo, además, acabaría por dinamitar los puentes cuando tanto PSOE como Junts han evitado llegar a este punto. El PSOE optó por aplazar la tramitación en la Mesa del Congreso de la iniciativa de los posconvergentes para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y Puigdemont respondió con una petición de reunión.
En el Ejecutivo mantienen que en política es mucho tiempo lo que les resta para encauzar la votación del próximo miércoles. Si bien entienden que ante los últimos movimientos hay “dosis de teatralización” y “dramatización política”, están dispuestos a acelerar compromisos en todo lo que esté en su mano. Como lo están en la dirección socialista a celebrar una reunión urgente y extraordinaria en Suiza con Junts, aun con la misma delegación encabezada por el secretario de Organización, Santos Cerdán.
Puigdemont reclamó una rehabilitación de su figura a través de una reunión con Pedro Sánchez, pero en Moncloa dudan de cuál sería el momento adecuado para celebrarla. A corto plazo no está agenda y se descarta antes de la votación de este miércoles. Incluso en Ferraz hablaban el pasado viernes del plazo de una semana para organizar la reunión en Bruselas con el mediador internacional.
Inestabilidad política e inseguridad jurídica
Ante la incertidumbre, las respuestas en público son medidas. Se apela al diálogo y se garantiza que el Gobierno cumple sus compromisos. Todo ello, sin dejar de rebajar el órdago porque nada se ha roto y refiriéndose a meras “discrepancias”. Pese a declarar suspendidas las negociaciones, hay conversaciones, según remarcan en el Ejecutivo, y como siempre se negocia “ley a ley”.
Junto al decreto social, el Congreso votará este miércoles otros dos decretos más. El de la reforma de las pensiones, sobre el que el PP ya ha avanzado su voto a favor, y el de la prórroga del gravamen a las energéticas. Este último se dio casi por perdido antes incluso de llevarlo al Consejo de Ministros por las diferencias entre los socios. Su aprobación fue un compromiso adquirido con las formaciones del arco progresista del bloque de investidura, pero el PNV ya advirtió desde el primer momento que lo tumbaría.
El Gobierno arranca el año como más dificultades de como lo acabó. Lejos de poder garantizarse mayorías parlamentarias y sin ni siquiera abrir negociaciones con Junts para los Presupuestos. Una situación que se trata de normalizar desde Moncloa, pese a los efectos sobre la producción legislativa y la inestabilidad política e inseguridad jurídica que conlleva el riesgo de no convalidar decretos. Mientras tanto, los socialistas apuestan por marcar un mayor perfil propio y tratar de retomar la iniciativa en asuntos como la vivienda con un paquete de medidas cuya falta de consenso previo no hace más que visibilizar la creciente fragmentación parlamentaria.
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