UNIÓN SINDICAL OBRERA
Un segundo sindicato de RTVE se persona en la causa judicial que tiene a dos imputados de UGT por las filtraciones de la oposición
La organización Unión Sindical Obrera solicita estar como acusación particular en la investigación sobre un presunto delito de revelación de secretos

Opositores a RTVE después de aplazarse las oposiciones a informador previstas para este domingo. / Sergi Cano
La organización Unión Sindical Obrera (USO) de RTVE pide personarse como acusación particular en la causa que investiga las filtraciones del examen de oposición del pasado 29 de septiembre, en la que hay imputados dos trabajadores vinculados a UGT por un presunto delito de revelación de secretos. Es el segundo sindicato de trabajadores que solicita ser parte en el procedimiento judicial que lleva el juzgado número 48 de Madrid, después de que CCOO se uniera a la denuncia inicial. La solicitud llega también después de que RTVE también se haya personado como acusación particular, en una de las primeras decisiones sobre este asunto en la nueva era abierta con José Pablo López.
En un escrito remitido al juez Juan Ramón Reig Puron, USO se presenta como perjudicado por los hechos que se investigan, por haber participado en el proceso de oposición y haber designado a un miembro del tribunal del examen. Un órgano que quedó fuertemente cuestionado después de que saliera a la luz que el miembro designado por UGT, Julián Pérez Olmos, había creado un documento con el contenido de las preguntas que fue posteriormente filtrado a ciertos opositores. Unos hechos por los que está siendo formalmente investigado en la causa.
La organización, en su escrito, apunta también a que los hechos "han afectado a la imagen de los sindicatos de la corporación" y también ha tenido consecuencias en el proceso selectivo en sí mismo, "paralizando la cobertura de plazas" y "pretendiendo alterar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público". Además de todo esto, argumenta su personación como acusación particular en ostentar "representación e implantación" entre los trabajadores de RTVE, además de formar parte del Comité Intercentros, el comité de empresa de la corporación.
El juez deberá ahora admitir o rechazar esta solicitud de personación. Ahora mismo figuran como acusación la denunciante inicial la periodista Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas que alertó sobre las filtraciones; CCOO, que interpuso una denuncia por los mismos hechos apuntando además al área de Recursos Humanos; y la más reciente, la de RTVE, que decidió personarse como acusación particular hace dos semanas, al mismo tiempo en que cesaba al ex director del área de recursos humanos, Jorge San José, y a su responsable última, la directora corporativa, Marta Torralbo.
Implicación de UGT
El pasado marzo tuvieron lugar las últimas elecciones sindicales, donde el sindicato UGT se impuso con un 40% del total de delegados de CRTVE (69 de 170), frente a los 47 del Sindicato Independiente (SI), los 35 de CCOO, los 11 de USO y los 8 de CGT. UGT se revalidaba así como el candidato mayoritario, después de desbancar a CCOO en las anteriores elecciones de 2020. Después de destaparse el escándalo de las filtraciones, una de las principales acusaciones que se hacía a UGT a nivel interno era el de tejer una "red clientelar" que constitía en aumentar el número de afiliaciones entre los trabajadores no fijos a cambio del compromiso de favorecer el acceso a una plaza pública. Unas críticas que UGT atribuyó a una guerra sindical.
Por el momento, hay dos empleados imputados, y ambos están vinculados al sindicato UGT; además de Pérez Olmos, el autor del documento de word que se difundió, también figura como investigado César Moreno, secretario de Organización del sindicato en Madrid, que fue detenido y puesto en libertad en octubre por haber enviado este documento a ciertos aspirantes de la corporación, según avanzó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Ambos investigados son liberados del sindicato -están exentos de servicio y se dedican únicamente a trabajar para UGT- y siguen percibiendo un sueldo público, ya que los expedientes internos abiertos contra ellos están suspendidos, al estar abierta una causa judicial.
Desde el primer momento las sospechas apuntaban hacia UGT, que junto con el SI se negó a firmar un compromiso que sí firmaron el resto de sindicatos, por el que se hacía cargo de los gastos económicos de la suspensión del examen en caso de que alguno de sus dirigentes estuviera implicado. Después de la imputación de dos trabajadores del sindicato mayoritario, ahora el juez tendrá que analizar el material informático incautado en Prado del Rey para investigar la posible implicación de más trabajadores.
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