Conde-Pumpido reacciona ante los recursos judiciales a Europa que frenan sentencias del Tribunal Constitucional como la de los ERE

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al pleno su preocupación ante la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de negarse a ejecutar la sentencia de los ERE dictada por la corte de garantías, a la que se ha sumado otra, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre laudos arbitrales, porque será al órgano colegiado al que corresponderá decidir el próximo paso a dar para evitar el incumplimiento de sus resoluciones con el argumento de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados han dejado constancia de su posición respectiva.

El Constitucional anula las condenas de Chaves y Griñán por los ERE

Fuentes jurídicas señalan a este diario que Conde-Pumpido comunicó este lunes a la Sala Primera su determinación de encargar a un equipo de letrados del Constitucional un informe sobre los pasos más convenientes a dar ante la decisión de no cumplir sus sentencias en vez de proceder a ejecutarlas. La Audiencia de Sevilla ha alegado que las sentencias dictadas por el Constitucional en relación con los ERE, por las que se anuló más de una decena de condenas, entre ellas, las de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, invadía competencias del Tribunal Supremo e incumplía el derecho de la Unión, por lo que ha iniciado el trámite para elevar una cuestión prejudicial, que paraliza la ejecución de la sentencia del propio TC.

Por el momento, se ha pedido copia de las providencias a los tribunales superiores de Sevilla y Madrid dictaron "en ejecutoria" de las resoluciones del tribunal de garantías, ya que éste órgano únicamente conoce las decisiones sobre los ERE por la prensa y es cierto que paralizan las decisiones adoptadas al respecto, puntualizan las mismas fuentes.

Sospechas de los conservadores

Cualquier decisión que se acuerde se encontrará previsiblemente con la oposición de los magistrados del sector conservador que discrepan hasta del motivo alegado por el presidente para la consulta. En concreto en relación con la sentencia del Tribunal Superior madrileño, que ven una mera excusa para poder pronunciarse sobre la negativa de la Audiencia sevillana a aplicar la sentencia de los ERE y así poder neutralizar la consulta al tribunal europeo. Según uno de los magistrados consultados, se busca que el Constitucional declare nula de oficio la providencia de los jueces sevillanos que da traslado a las partes sobre su decisión.

En cualquier caso se trata de una situación "inédita" en España que una Audiencia Provincial consulte al TJUE en relación con la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, cuya ley reguladora prevé la anulación de resoluciones que no acaten sus fallos. Otra fórmula podría ser el de ejecución de sentencia, que se utilizó extensamente para tratar de frenar el 'procés' independentista, al entenderse que las decisiones y pasos que daba el independentismo incumplían resoluciones anteriores del propio TC, lo que conllevaba también su anulación a través de este mecanismo.

Solo desde ciertos países, como República Checa y Rumanía, se han planteado cuestiones prejudiciales frente a decisiones de otros tribunales nacionales. Tradicionalmente, el TJUE ha dado mucho margen a los jueces nacionales a la hora de elevar sus dudas sobre la aplicación de una ley que les plantea dudas a la hora dictar su propia sentencia. Plantear una cuestión prejudicial supone la paralización del procedimiento que tiene entre manos, como hizo el Tribunal de Cuentas con la sentencia sobre la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern, que quedó paralizada hasta que se pronuncie el tribunal con sede en Luxemburgo.

Aunque Conde-Pumpido planteara en un primer momento la necesidad de recabar informes ante la Sección Primera, que también preside, cualquier solución a esta falta de incumplimiento debe ser acordada por el pleno, por lo que el contenido de los informes que solicitará a los letrados del órgano para determinar el paso a seguir será estudiado por todos los magistrados.