Junts votará en contra de la reducción de la jornada laboral si no se adapta a las pymes

El Consejo de Ministros aprobará el martes el proyecto de ley que debe permitir reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. Sin embargo, su posterior validación en el Congreso de los Diputados no está ni de lejos garantizada. Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta prospere, sigue en el 'no'. La dirección de Junts, la de Sumar y el ministerio de Trabajo se han reunido en varias ocasiones, tanto en Madrid como en Barcelona, pero no han logrado acercar posiciones. Los posconvergentes, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, exigen cambios antes de que la ley eche a andar en la Cámara baja. Es decir, antes de que termine el plazo para presentar enmiendas a la totalidad.

Desde el partido argumentan que una vez se supera esta primera votación, ya es muy difícil hacer modificaciones de clado en el texto por la vía de las enmiendas. Por esta razón, avisan de que cualquier acuerdo al que se pueda llegar debe ser antes del inicio del debate parlamentario. A día de hoy, sin embargo, parece difícil alcanzar un punto de encuentro que mueva a Junts de su posición. La principal exigencia de los posconvergentes es que la ley se adapte a las pequeñas y medianas empresas, que advierten de que son la gran mayoría del tejido empresarial catalán.

El partido liderado por Carles Puigdemont considera que sería la parte del sector más perjudicada por esta norma y que incluso podría obligar a cerrar pequeños negocios, lo que también repercutiría en los puestos de trabajo. Se trata de una posición similar a la que tienen los representantes patronales de las pymes.

Justamente, Pimec se reunió el viernes con Puigdemont en Waterloo (Bélgica) y ya le trasladó que, a su juicio, la actual propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, es "inviable", especialmente en un contexto agravado por la "guerra arancelaria". El presidente de la patronal, Antoni Cañete, sostuvo ante Junts que es un plan que supondría "un crecimiento insostenible de los costes, especialmente para las microempresas", y denunció que el proceso de negociación llevado a cabo por el Gobierno "evidencia un fracaso del diálogo social estatal".

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que también se ha pronunciado en contra de la norma, ha llegado a cifrar en unos 42.400 millones de euros los costes directos e indirectos que tendrán que encajar los negocios para atender esa reducción.

Acercamiento a la patronal

Detrás de la negativa de Junts en esta materia hay también una estrategia para marcar perfil ante el resto de socios de la investidura de Pedro Sánchez, la autodenominada 'mayoría progresista'. Desde el inicio de la legislatura, los posconvergentes han tratado de afianzar el relato de que no forman parte de ninguno de los bloques y esta ha sido una de sus bazas para defender que ERC tiene menos capacidad de negociación. Junts no se siente obligado a apoyar políticas de izquierdas 'per se' y exigen contrapartidas a cada votación. El último ejemplo fue en el debate sobre los decretos ómnibus del pasado mes de enero, que Junts tumbó a pesar de que incluía medidas sociales como las bonificaciones del transporte público o la revalorización de las pensiones, aunque finalmente alcanzaron un pacto que las hizo salir adelante.

Esta actitud, que les permite la actual aritmética en el Congreso de los Diputados, ha propiciado un reencuentro de los posconvergentes con empresarios y patronales. Muchos de ellos han dejado atrás las reticencias provocadas por el 'procés' y se han desplazado hasta Waterloo para reunirse con Puigdemont, algo que para el expresident es importante al considerar que ha sido denostado durante estos últimos años.

Pimec acudió el viernes, pero también ha pasado por su despacho Cecot, con quién Junts celebró también unas jornadas de trabajo en febrero en las que se abordó la cuestión de la jornada laboral. Al terminar el encuentro, el secretario general del partido, Jordi Turull, compareció acompañado del presidente de la organización, Xavier Panés. Allí avanzó que se inclinaba por rechazar la norma, lo que supuso una clara declaración de intenciones.

También han desfilado por Waterloo representantes sindicales buscando mejorar las relaciones de sus organizaciones con Puigdemont. Es el caso de Pepe Álvarez y Camil Ros, de UGT. Sin embargo, uno de los que lo hace con más asiduidad es el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Debate interno

Dentro de Junts no hay una posición monolítica respecto a la reducción de la jornada laboral. Desde su creación, se establecieron tres corrientes ideológicas organizadas: la de izquierdas, la liberal y la socialdemócrata. Cada una de ellas dispone de su propia dirección y los militantes pueden inscribirse en la que más le represente. Hace unas semanas, Turull pidió a cada uno de estas corrientes que hiciera llegar a la dirección su posición respecto a la propuesta de los morados. Su opinión no es imperativa, ya que se trata de un mecanismo meramente consultivo -la decisión final es siempre de la dirección-, pero permite calibrar las sensibilidades dentro de las filas.

El resultado fue que la corriente de izquierdas se mostró proclive a avalar la propuesta de Sumar. En el texto que hicieron llegar a la dirección afirmaban que se trataba de una "tendencia a escala global", no solo abanderada por la izquierda, y defendían que Cataluña debía estar en la "vanguardia" europea también en esta materia. Y, a pesar de apostar por "medidas compensatorias" para las pymes, reclamaban a la dirección que no se decantara por la posición de la patronal para mantener la "transversalidad" del partido.

Los otras dos corrientes no eran radicalmente contrarias a la propuesta de Sumar, pero abogaban más por la negociación entre sectores y a través de convenios colectivos.

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