El Supremo emplaza al Gobierno a una vista para que le informe sobre las medidas para los menores solicitantes de asilo

El Tribunal Supremo ha convocado al Gobierno a una vista pública el próximo 29 de mayo para que le informe sobre las medidas adoptadas en relación con la atención en la red estatal nacional de acogida al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. La Sala de lo Contencioso quiere saber los pasos dados para cumplir la medida cautelar que le impuso el pasado 25 de marzo para "garantizar en un plazo improrrogable de 10 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores no acompañados que hubiesen solicitado protección internacional, o manifestado su voluntad de solicitarla", a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. 

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En una providencia, la Sección Quinta indica que, como la respuesta recibida de la Administración demandada (el Estado) “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos” al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo, procede convocar a las partes (la Administración del Estado y la comunidad de Canarias, que actúa como demandante) a una vista pública, en la que el Estado informe de los pasos que ha dado para garantizar el derecho de estos menores a acceder al sistema de protección internacional.

El alto tribunal pide en concreto una relación detallada de los menores que hayan sido ya evaluados individualmente por el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de serlo. El listado debe incluir el recurso de acogida de dicho Sistema asignado y una relación de los que estén pendientes.

El punto tercero por el que se interesa el Supremo consiste en que, "si el Sistema actual no tuviera recursos suficientes para el ejercicio de dicha competencia estatal", el Estado "detalle las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas" y el plazo que calcula "para la obtención de dichos recursos"; cuáles son las unidades administrativas responsables de estas actuaciones, y los acuerdos y protocolos concertados con Canarias para hacerlo posible, así como el calendario detallado establecido para su ejecución.

El pasado 25 de marzo, la Sala acordó requerir a la Administración del Estado para que en el plazo improrrogable de 10 días garantizase el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores solicitantes de asilo. En esa resolución el tribunal ya anunciaba la posibilidad de una vista, como la acordada ahora para el próximo 29 de mayo, para conocer su cumplimiento por parte del Estado.

Unos días antes, el 18 de marzo, el Gobierno había aprobado un real decreto ley para articular un mecanismo de reubicación de los jóvenes desde zonas con los recursos tensionados, como Canarias y Ceuta, a otras regiones, que se topó con el rechazo frontal de las comunidades presididas por el PP. Según el Ejecutivo, el reparto permitirá comenzar con el traslado de aproximadamente 4.400 jóvenes en verano, informa Efe.

El pasado 6 de mayo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó de que el Ejecutivo está negociando con Canarias un protocolo, que permitirá "analizar de forma particular y singular cada uno de los casos para preservar siempre el interés superior del menor"; la solución para acabar con el hacinamiento en que viven los jóvenes migrantes en esa comunidad autónoma pasa por cumplir con el real decreto aprobado para su reubicación en otras. El Gobierno ha hecho hincapié en varias ocasiones en que el sistema de protección internacional está diseñado para atender a adultos o familias.