Parón de jueces y fiscales contra las reformas de Bolaños en demanda de una justicia independiente y con amenaza de huelga

Jueces y fiscales de toda España han celebrado este miércoles un paro de diez minutos a las puertas de los órganos judiciales para expresar su rechazo a dos proyectos de ley impulsados por el Gobierno, uno para modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales. Los convocantes, todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las más próximas al Ejecutivo (Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales), cifran en un 70% su seguimiento y han constituido un comité para determinar si deben endurecer la movilización con una huelga.

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Secundados por ciudadanos que se han unido a las concentraciones con gritos de "valientes", a favor de la independencia judicial y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los jueces y fiscales reunidos a las puertas de los juzgados han leído un manifiesto en el que cuestionan que los cambios legislativos se planteen "en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la fiscalía".

La medida fue anunciada el pasado 23 de mayo por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, es decir, todas las organizaciones menos las dos progresistas. No obstante, al calor de esta protesta ha surgido una plataforma que se autodenomina Unión espontánea de jueces y fiscales que ya hablaban de huelga, una posibilidad que apuntan ahora las organizaciones en el comunicado leído durante el parón de actividades en los juzgados.

Las puertas del Supremo sirvieron para unir a la cúpula judicial en el centro neurálgico judicial que constituye la madrileña plaza de la Villa de París. Un centenar de jueces y fiscales del alto tribunal, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se sumaron al paro para mostrar su disconformidad con las reformas del ministro Félix Bolaños. Enfrente medio centenar de personas les recibió al grito de "valientes", "libertad" y contra el presidente del Gobierno.

Entre los manifestantes, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, y cuatro de los seis jueces centrales de Instrucción, pero también magistrados de la Sala de lo Penal, como Teresa Palacios. Más de una decena de fiscales encabezados por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y magistrados del Tribunal Supremo, como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, José Luis Requero o Antonio Jesús Fonseca, así como letrados del gabinete técnico del alto tribunal.

La presencia de jueces del alto tribunal se esperaba después de que la Sala de Gobierno del Supremo diera a conocer un acuerdo adoptado por unanimidad en el que se sumaban al malestar de la carrera. Los paros han sido convocados por todos las asociaciones de jueces y fiscales, menos las más cercanas al Gobierno.

En la sede de los juzgados de instrucción madrileños, a las decenas de jueces concentrados se unieron caras reconocibles de la derecha como la exdiputada Macarena Olona o la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, en representación de esta formación, cuyos diputados han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados a la hora prevista para secundar el paro. También han participado en la protesta representantes de sindicatos de policía y Guardia Civil y miembros de Hazte Oír, que han prolongado la protesta más allá de los 10 minutos convocados por las organizaciones de jueces con gritos contra el Ejecutivo y banderas en las que se podía ver a Pedro Sánchez con nariz de Pinocho.

Bolaños alude a los no concentrados

Tras producirse la protesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su respeto a quienes han secundado el paro, pero también a quienes no lo han hecho, porque creen que el Gobierno está emprendiendo las "reformas adecuadas". Sobre las dos leyes cuestionadas -la primera de ellas, que modifica los accesos a ambas carreras, pasará previsiblemente este jueves su primer trámite parlamentario-, considera que es normal que despierten "recelo", pero ha mostrado su seguridad de que ocurrirá como con otras anteriores que finalmente concitan un gran consenso. Se trata de que los jueces sustitutos y suplentes se incorporen directamente a la carrera judicial sin necesidad de aprobar la oposición como ocurría hasta ahora, aspecto que preocupa especialmente a las organizaciones convocantes del paro.

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El ministro anima a "un debate sereno y riguroso", con el objetivo de trabajar para una justicia "más ágil y eficaz". Además, ha reiterado que tan pronto como se apruebe esta reforma se llevará a cabo la convocatoria de 480 nuevas plazas de jueces y fiscales, una oferta que se repetirá los próximos dos años, de modo que la convocatoria final alcanzará casi las 1.500 plazas en tres años. De ellas, la mayor parte será por oposición -la norma prevé incluir un examen escrito- y el resto para el cuarto turno, dirigidas, por tanto, a juristas de reconocido prestigio que acceden por un concurso-oposición.

"El dilema hoy en la justicia es reformas o inmovilismo", ha aseverado Bolaños, para añadir que "la justicia no se merece cronificar todas las reformas", emprendidas, de cuya necesidad el Gobierno está convencido. A preguntas de los periodistas, afirmó que no se siente aludido por las "presiones intolerables" que ha denunciado este miércoles, desde Alicante, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Advertencia de Perelló

La presidenta del Poder Judicial, que participaba en la inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados y Jueces Decanos de España, ha avisado de que "el proceso de selección de jueces y magistrados" para integrarlos en la carrera judicial corresponde "en exclusiva" al Consejo, "que velará por la estricta observancia de los principios de mérito y capacidad y por su adecuada formación técnica".

Por lo que se refiere al manifiesto conjunto, en él se señala que las reformas emprendidas "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias liberales que, por eso, no lo son realmente".

Las asociaciones convocantes también han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras--"tramitado injustificadamente por vía de urgencia"-- "no responde a demanda social alguna". Y han recordado que, además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del propio Consejo del Poder Judicial.

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También han criticado que el texto legislativo incluya medidas, "como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces" --se incorporarán miembros procedentes del mundo académico, responde Justicia-- y que pretenda "crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país". Sobre esto último, desde el Gobierno se insiste en que únicamente se pone a disposición de los preparadores las instalaciones públicas.

Asimismo, reprochan al Ejecutivo que ponga "falsamente a Europa como excusa" para modificar la base de ambas carreras "convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".