El Supremo ofrece declarar voluntariamente a Santos Cerdán el 25 de junio al encontrar “consistentes indicios” contra él

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido declarar voluntariamente al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el próximo día 25, al encontrar “consistentes indicios” contra él en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregó el pasado día 5 y que esta semana motivó registros en varios puntos de España. El magistrado, que acordó este jueves el levantamiento del secreto de las actuaciones, afirma que el documento policial incluye “consistentes indicios acerca de la posible participación” del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y el asesor de este Koldo García Izaguirre, en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas.

El informe de la UCO que implica a Santos Cerdán en comisiones se basa en una grabación de Koldo

Dada la condición de aforado de Santos Cerdán, al ser diputado socialista por Navarra, el magistrado le da la oportunidad de comparecer ante él de forma voluntaria, como en su día hizo con el exministro José Luis Ábalos, que aceptó el envite, aunque eso, al menos en su caso, no le libró de la imputación. En su resolución, el ahora diputado del grupo mixto y Koldo García vuelven a ser citados de nuevo a declarar el día 24.

El juez señala que “a la vista del informe policial" del pasado día 5, que contiene "extremos concretos relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas", y el curso de la investigación desarrollada, "se habrían revelado nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen a la formación de la presente causa especial, acerca de los cuáles no han sido oídos en declaración los investigados Ábalos y García Izaguirre", por lo que procede volverles a citar.

La novedad es la inclusión de Santos Cerdán, respecto al que el auto afirma que han aparecido "consistentes indicios acerca de la posible participación de una persona tercera, actuando en connivencia con aquéllos, en la mencionada adjudicación indebida y a cambio de precio de las referidas obras públicas, lo que, siempre en los términos meramente indiciarios y con el carácter provisional que resulta propio de la fase procesal en la que nos encontramos, podría constituir sendos delitos de integración en organización criminal (artículo 570 del Código Penal) y cohecho (artículo 419 del mismo texto legal)". La resolución lo identifica como "Santos Cerdán León quien ostenta conocidamente la condición de Diputado del Congreso en la presente legislatura (XV)”.

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Dada su condición de aforado solo puede ser investigado por el Supremo tras cursar el correspondiente suplicatorio a la Cámara. Previamente a ello el instructor le ofrece hacerlo voluntariamente antes de elevar a la Sala Segunda una exposición razonada para abrir formalmente la investigación contra él. La propia resolución recuerda que la competencia para la instrucción, enjuiciamiento y fallo de los delitos cometidos por el diputado solo corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo, y será ella la que determine si existen indicios bastantes para abrir causa contra el aforado. La opción de la declaración voluntaria se incluye en el artículo 118 bis de la ley de enjuiciamiento criminal.

Registros en Pamplona

El juez Leopoldo Puente justificó los registros realizados el martes en distintas empresas, entre ellas, la navarra Servinabar en Pamplona, cuyo propietario, Antxon Alonso, creó una cooperativa en 2015 junto al propio Koldo García, en el informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado día 5. En el auto de entrada y registro de la vivienda del exministro, el magistrado afirmaba que había aparecido una grabación en poder de Koldo García Izaguirre de la que se desprende "un determinado beneficio económico" para el exministro.

"José Luis Ábalos pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica", decía el auto en el que se encargaba a la Guardia Civil intervenir los dispositivos electrónicos y la documentación relacionada con los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal investigados.

El instructor del Supremo ordenó al instituto armado el pasado abril investigar si se habían producido irregularidades en las adjudicaciones de obra pública. El comisionista Víctor de Aldama había entregado en el alto tribunal un listado de 128 licitaciones en las que se sostenía se habían pagado comisiones. Aldama está imputado en el Supremo junto a Koldo García y José Luis Ábalos, que dada su condición de aforado solo podía ser investigado en el alto tribunal.