Camino de perdición

Escribir sobre la situación política actual causa desasosiego, porque es advertir en vano de un peligro cierto. Aún no ha llegado el momento de ponerle a la democracia el epitafio "Entre todos la mataron y ella sola se murió", pero no está lejos si seguimos así. El camino de perdición no comienza con los gobiernos de Pedro Sánchez, como se intenta hacer creer; lo inquietante es que ahora se transita a paso ligero. Causa estupor ver a Felipe González y a José María Aznar actuar como fariseos, blanqueando en comandita su pasado de gobiernos manchados por la corrupción, mientras arremeten contra el actual Presidente; al menos Mariano Rajoy tiene la prudencia de estar callado para que no le recuerden las faenas de su gobierno pendientes de juicio. El pasado no justifica ni exculpa la gravedad del presente, pero es útil para responder a la pregunta retórica de quién es la mafia "mientras clavas en la pupila de Sánchez tu pupila azul", y, sobre todo, sirve para poner de manifiesto el progresivo deterioro y la perversión del sistema constitucional.

Por más controles que se han establecido para impedir que se sangren las arcas de las Administraciones públicas con corruptelas de diversa especie, lo cierto es que el factor humano se impone cuando el pícaro con poder se lo propone. Siendo esto grave, lo es mucho más si el poder al que se accede es el del gobierno del Estado o el de las Comunidades Autónomas. Las tajadas son tan grandes que no se miden aisladamente en euros, sino en porcentajes. Como el acceso al poder es a través del partido político, una manera de hallar impunidad es buscar la complicidad de este, haciéndole destinatario directo o partícipe en mayor o menor medida de los ingresos opacos. Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía son ejemplos claros de partidos gobernantes financiados de manera irregular, lo mismo que a nivel nacional el PP (casos Gürtel, Bárcenas) y el PSOE (caso Filesa) a la espera de lo que resulte de la trama Koldo, Ábalos y Cerdán.

El daño a la democracia que causan estas prácticas es demoledor, porque enfangan la vía principal que establece la Constitución para la formación y expresión de la voluntad popular en las urnas y para organizar la representación política. La consecuencia es la desafección ciudadana hacia los partidos y, por derivación, hacia las instituciones. Como en política el vacío no existe y la representación parlamentaria se cubre haya o no mucha abstención, el voto se convierte en un plebiscito negativo, en un voto de castigo, de rechazo a quien no se desea que alcance el poder. Y eso se traslada también al proceso de investidura presidencial (coalición de perdedores, tildó Núñez Feijoo a los que apoyaron la Presidencia de Pedro Sánchez para no ver en la Moncloa al PP) y a la moción de censura constructiva, que bien triunfa porque persigue el cese del Presidente, sin importar el candidato que va a sustituirle, bien fracasa porque, es mayor la oposición al candidato incluido en la moción que el repudio que suscita el Presidente objeto de censura.

Desencanto

Otra consecuencia de esta desafección ciudadana es el surgimiento de movimientos antisistema. El 15 M y el lema "No nos representan" es significativo, pero también la creación de grupos, en muchos casos contrarios a la democracia y a sus principios constitucionales. Buscan la transversalidad del desencanto y renuncian a denominarse partidos y a identificarse con una ideología tradicional (conservadora o socialista); por ejemplo, Podemos, Sumar, Vox, Compromís, Teruel Existe, entre otros. Pese a ello, todos acaban constituyéndose en partidos políticos y participando en las elecciones con más o menos éxito. Esto provoca un cambio sustancial en la composición y funcionamiento de una institución tan importante como el Congreso de los Diputados.

No deja de ser curioso que cuando el Parlamento se hace más plural y las minorías acceden a estar representadas, se instala la polarización y la dificultad para formar gobierno y gobernar. Ello se debe a que, en general, las minorías no surgen de la centralidad, sino de la radicalización política y las más importantes con una ideología antisistema. A ello se añade que los partidos nacionalistas se han radicalizado también hacia el soberanismo, de manera que prima más su aspiración de independencia del sistema constitucional español que su coincidencia en temas socioeconómicos.

La consecuencia es que los dos grandes partidos se ven arrastrados a los extremos con los que necesitan pactar para gobernar. La mayoría del país, pese a todas las decepciones causadas por PSOE y PP, sigue confiando en ellos, pero cuando gobiernan o están en la oposición no buscan puntos de acuerdo entre ambos, ni siquiera en las grandes cuestiones de Estado o en situaciones de emergencia nacional (pandemia, apagón eléctrico). Para mantenerse en el poder, el partido gobernante hace lo necesario para no contrariar a los socios que le apoyan y el que lidera la oposición magnifica sus críticas para no dar respiro al gobierno e intentar ocupar el terreno del tremendismo político practicado en su extremo.

Pedir perdón

En la situación actual de grave corrupción política incubada por altos cargos del PSOE valiéndose de su presencia al frente de un ministerio, la solución no puede limitarse a pedir perdón el Presidente, reducir la culpabilidad a tres personas y residenciarla en el ámbito del partido. El propio Sánchez estando en la oposición esgrimió este mismo argumento contra el Presidente Rajoy. La trama corrupta de los tres tenores del PSOE anidaba en un ministerio de su gobierno de coalición y es desde el Gobierno donde deben darse las explicaciones, con independencia de que se indague a fondo el papel jugado por dirigentes del partido. Es cierto que la reacción del PSOE ante estos casos de corrupción ha sido tajante, a diferencia de lo que hizo en el pasado el PP, pero el Presidente no puede imitar a Esperanza Aguirre contando que todo se resume en que dos de sus máximos colaboradores le salieron ranas y que ella no sabía nada. Es difícil que, llegado el caso, Pedro Sánchez reciba el mismo trato de favor dado por la fiscalía a la expresidenta madrileña, basado en que no había contra ella indicios suficientes para atribuirle una "ignorancia deliberada" que pudiera inculparla. Puede que en vía judicial esto baste para quitarse de encima el asunto, pero políticamente no hay peor ciego que el que no quiere ver y esto o es incapacidad o, peor, complacencia.

La solución a este terremoto político es compleja, empezando porque aún no se saben sus dimensiones y a quiénes puede alcanzar. Una moción de censura tiene grandes inconvenientes; el PP necesitaría el apoyo de dos grupos hoy irreconciliables, Vox y Junts. Podría intentar una jugada parecida a la moción de censura interpuesta por Vox con la promesa de una inmediata convocatoria de elecciones generales, proponiendo como candidato en lugar de Núñez Feijoo a un independiente encargado de cumplir esa promesa. Esto obligaría a retratarse a los socios del Gobierno, que estarían en una posición mucho más incómoda que cuando se votó la moción de Vox, y Feijoo no tendría que exponerse personalmente a un posible fracaso. Otra opción más inverosímil, pero no descartable, es una moción de censura en los mismos términos citados, con un candidato efímero, pero propuesta por diputados interesados por distintos motivos en que haya elecciones generales; por ejemplo, firmada por diputados de Podemos y algunos del PP y de otras fuerzas minoritarias.

Por parte del Presidente del Gobierno está descartada la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Para sus intereses sería suicida, aunque sería lo más adecuado desde el punto de vista democrático; incluso ya antes lo era al no haber presentado los Presupuestos Generales. La otra vía sería plantear el Presidente una cuestión de confianza en el Congreso, pero tendría un doble inconveniente. Podría perderla por la negativa de algunos diputados a darle su voto y, en todo caso, obligaría a los grupos que le apoyaron en su investidura a pasar por el duro trance de tener que explicar por qué le renuevan su confianza cuando la corrupción crece ante sus pies.

Hasta 2027 seguir así parece insostenible y los problemas de nuestra democracia constitucional son cada día mayores, porque no sólo afectan al funcionamiento del Gobierno y de las Cortes, sino también al del Poder Judicial, y territorialmente al Estado de las autonomías.

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