El juez ordena a la UCO entrar en Ferraz para clonar los correos de Santos Cerdán e investigar obras adjudicadas por Adif y Carreteras

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado toda una batería de diligencias para desentrañar la presunta trama de corrupción que afecta de lleno al PSOE a través de sus dos últimos secretarios de Organización. Entre ellas, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede central del partido de la calle Ferraz para "proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" que el último, Santos Cerdán, tenía a su disposición, así como de cualquier otra dirección de email con la que contase.

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El auto, de 46 páginas, pide al PSOE que facilite la labor de los agentes en este cometido, cuya entrada en la sede central de los socialistas se ha producido a la vez que se conocía la resolución. La basa en que el informe de la UCO se comprueba que Koldo García Izaguirre se intercambiaba con él mensajes a través de la cuenta de correo electrónico del partido, con información que el magistrado considera "relevante".

El requerimiento es similar al que dirige al ministro de Transportes para el clonado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, que como sigue siendo diputado y por tanto aforado arrastra la investigación al alto tribunal de todo lo relacionado con su actuación.

El magistrado también ha ordenado analizar las cuentas y patrimonio de Cerdán, tal y como solicitó la propia UCO en su informe del pasado día 5. La resolución precisa que el número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500. Pero de la relación excluye las que pertenezcan al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias, aunque en ellas también aparezca como autorizado o apoderado.

El juez considera que Santos Cerdán “pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.

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Todos los identificados

El instructor ha citado entre el 4 y el 7 de julio como imputados a los cinco empresarios cuyos domicilios y empresas fueron registradas el pasado día 10 (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos; Fernando Merino, por Acciona, aunque ya está desvinculado; José Ruz Martínez, de Levantina Ingeniería y Construcción, y Joseba Antxon Alonso, de Servinabar), como personas que, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio”.

El juez explica que “tratándose de personas que pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial”. Considera necesario analizar sus cuentas y las de quienes hayan podido resultar beneficiadas, como la fundación de Ábalos Fiadelso.

Pardo de Vera y Herrero

El instructor señala que el informe policial identifica las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue ministro de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas irregularmente. Para profundizar en las pesquisas el auto pide a Adif que, en un plazo máximo de 15 días le remita los expedientes de cinco obras que adjudicó presuntamente seguiendo las instrucciones que le daba la trama (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).

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La resolución señala que tanto quien era su presidenta, Isabel Pardo de Vera, como el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo García, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía.

Pero esos indicios no son suficientes para que el Supremo asuma la investigación en su contra y lo que hace el magistrado es enviar testimonio a la Audiencia Nacional para que sea allí donde se les tome declaración como imputados, como ya estaba previsto en relación con Pardo de Vera, cuando el alto tribunal apreció indicios de que había participado en la contratación irregular de una de las parejas de Ábalos, Jésica Rodríguez.

La resolución también se pronuncia sobre uno de los puntos más controvertidos de la investigación, como es la escritura que los agentes encontraron en el domicilio del administrador único de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, por la que Cerdán habría adquirido 1.350 participaciones de las 3.000 que constituyen la entidad. El juez no considera necesario requerírsela a la UCO, como pedía la defensa para cotejarla y poder pronunciarse sobre ella, aunque sí le pide que entregue una copia antes de que el propio Cerdán preste declaración, lo que finalmente se ha fijado para el día 30.

El magistrado descarta, además, el registro del domicilio y despacho de Santos Cerdán solicitado por las acusaciones populares, porque, como ellas mismas advertían, "ha tenido ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación" abierta en su contra y si hubiera querido, podría haber destruido las pruebas que se pretendían proteger con la diligencia.