CASO CERDÁN-ÁBALOS
Los abogados del caso Cerdán: un exjuez y letrados del procés, Malaya e Hidrocarburos
José Antonio Choclán (Víctor de Aldama), José Aníbal Álvarez (José Luis Ábalos), Benet Salellas (Santos Cerdán), Patricia de la Hoz (Koldo García) y Rosa María Seoane (Isabel Pardo de Vera) son los abogados de los principales investigados en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional
El abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán (i) y el empresario Víctor de Aldama (d), salen del Tribunal Supremo / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
La implicación del que fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace una semana Santos Cerdán en la trama de corrupción del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García ha provocado un terremoto en la causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, y en la asociada que se desarrolla en la Audiencia Nacional para los no aforados, como es el caso de la que fuera presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) Isabel Pardo de Vera. La implicación de Cerdán se fundamenta en el contenido de al menos ocho grabaciones que realizó Koldo García entre el 9 de abril de 2019 y el 12 de diciembre de 2023, y que fueron descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024 durante el registro de la vivienda del exasesor.
En esos audios se evidencian las supuestas gestiones que desarrolla Koldo García, como asesor del Ministerio, para garantizarse la entrega de mordidas destinadas a sus superiores: Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y todos y cada uno de estos investigados, al que habría que añadir al calificado por la UCO como "nexo corruptor", Víctor de Aldama, han recurrido para su defensa a abogados consagrados y de gran prestigio que han participado en causas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, como la del procés, pero también en otras como Gürtel, Púnica, Gaslow, Hidrocarburos o Malaya, por poner unos ejemplos. Estos son los abogados de los principales investigados.
El abogado José Antonio Choclán / Matias Chiofalo
No hay una causa relevante en la Audiencia Nacional en la que no intervenga el letrado José Antonio Choclán. Exjuez de la Audiencia Nacional, que abandonó en 2004, este abogado se ha especializado en llegar pactos y gracias a eso atenuar las penas de sus clientes. El último caso es muy relevante: Víctor de Aldama, comisionista de las mascarillas al que la propia UCO de la Guardia Civil llegó a calificar como "nexo corruptor" con las administraciones dirigidas por el PSOE. Y esa colaboración permitió a su cliente abandonar la prisión, que había decretado el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por un supuesto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos.
La decisión de Pedraz de liberar a Aldama ha sido muy criticada entre el resto de investigados y en entornos progresistas. De hecho, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, llegó a otorgar "cero credibilidad" al presunto conseguidor, a quien llegó a denominar como "nuevo 'Pequeño Nicolás' por las fabulaciones vertidas". Sin embargo, la investigación desarrollada por la UCO ha logrado confirmar muchos de estos aspectos controvertidos, sobre todo el presunto cobro de mordidas.
También fue objeto de críticas el principal arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza. Con la ayuda de su letrado, José Antonio Choclán, logró un nuevo pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que permitió que abandonar la prisión. Choclán también logró un acuerdo en otra causa instruida en la Audiencia Nacional contra la familia Carceller por fraude fiscal. Eludieron la prisión a cambio de pagar una multa de 92 millones de euros.
También defendió a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en el caso Máster, en el que fue exonerada, y durante unos meses al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Cristiano Ronaldo pagó casi 19 millones de euros para eludir su ingreso en prisión. En estos momentos defiende, entre otros, al expresidente del Banco Popular Ángel Ron.
El exministro José Luis Ábalos (c) junto a su abogado Aníbal Álvarez (d) sale del Tribunal Supremo / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
El letrado de José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, es, como José Antonio Choclán, muy conocido en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Sin embargo, su nombre apareció con más frecuencia en los medios de comunicación a raíz de una causa que fue juzgada en la Audiencia Provincial de Málaga. Fue el letrado defensor del presunto cabecilla de la Malaya sobre corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, que acabó condenado a 17 años de cárcel por el Tribunal Supremo.
Especializado en la defensa de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, José Aníbal Álvarez fue letrado de algunos de los implicados en el caso GAL. Y por eso, cuentan las crónicas periodísticas de la época, fue el encargado de iniciar en el Tribunal Supremo el interrogatorio al entonces presidente del Gobierno, Felipe González.
Ahora mismo ejerce la defensa letrada en el denominado como caso Cuarteles de otro uniformado de relevancia: el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava. También ha estado personado en otros casos relevantes: Campeón, Villarejo, Espionaje en la Comunidad de Madrid y Lezo.
Pese a mantener a su abogado, las declaraciones realizadas por Ábalos a la Cadena Ser apuntan a un posible cambio de estrategia del exministro, que habría acusado a Santos Cerdán de haberle utilizado.
El exdiputado de la CUP Benet Salellas, nuevo abogado de Santos Cerdán en el caso Koldo / EFE
Natural de Girona, el exdiputado de la CUP Benet Salellas es el letrado elegido por el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, que renunció a su escaño en el Congreso al ser identificado como la persona que gestionaba el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública investigada.
Salellas, que fue uno de los abogados que en el juicio del 'procés' ejerció la defensa del entonces presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también estuvo personado en la causa que se siguió en la Audiencia Nacional contra los presuntos responsables de Tsunami Democràtic, procedimiento que quedó archivado después que el juez instructor, Manuel García Castellón, prorrogara fuera de plazo la instrucción mientras estuvo bajo secreto. Lleva décadas ejerciendo en la Audiencia Nacional, donde defendió junto a su padre Sebastià Salellas, ya fallecido, a presuntos yihadistas.
La abogada asturiana Leticia de la Hoz Calvo, que ha sucedido al letrado Ismael Oliver en la defensa de Koldo García, defendía hasta ahora en la Audiencia Nacional a la exmujer del asesor Patricia Úriz. Contará con la ayuda de su compañero gijonés Luis Manuel Fernández, que colaborará con ella en la defensa de Joseba García, hermano de Koldo. Sin embargo, De la Hoz siempre ha sido una de las personas de la máxima confianza del exasesor de Ábalos, por lo que el cambio ha sido considerado por las fuentes consultadas como "natural".
Ahora afincada en Madrid como directora del departamento jurídico en "IDBO Consultants", se dio a conocer hace unos años por lograr demostrar, junto a su socio Luis Manuel Fernández, la culpabilidad de un profesor del colegio Gaztelueta de Vizcaya, que abusó de uno de sus alumnos. Está muy involucrada en la lucha contra los abusos sexuales a menores y participó con otros letrados en el informe sobre la pederastia en la Iglesia católica española que se presentó en 2023 en el Congreso.
Además, es socia fundadora de la Asociación Infancia Robada, integrada por víctimas de abusos sexuales y de Banklitis, cuyo principal objetivo es la reclamación judicial y extrajudicial de intereses abusivos, y productos bancarios tóxicos. También ha impartido seminarios y cursos, realizando actividad docente en la Universidad Carlos III, según informó La Nueva España.
Está personada en causas de fraude en el IVA de los hidrocarburos, en concreto Gaslow, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Sin embargo, la primera comparecencia de Leticia de la Hoz como abogada de Koldo ante el juez Puente no será fácil, pues el instructor ha rechazado posponer la declaración, que tendrá lugar este lunes: "No es al investigado a quien corresponde organizar la agenda de este tribunal, debiendo aquél comparecer en la fecha y hora señaladas. Si, en efecto, ha resuelto designar un nuevo abogado, así podrá manifestarlo, continuando la diligencia señalada en los términos legalmente previstos, sin que, en definitiva, haya lugar a su suspensión", zanjó el magistrado.
El informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) señala directamente a la presunta implicación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero en las adjudicaciones irregulares a constructoras, que a su vez abonaban mordidas a los cabecillas de la trama. Pero al ya estar imputada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en relación con la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido al juez Ismael Moreno que valore la posibilidad de investigar los "indicios consistentes" contra la que también fuera secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España entre 2021 y 2023.
En la Audiencia Nacional la defensa de Pardo de Vera ya la ejercía la que fuera abogada del Estado jefa de Penal Rosa María Seoane, que participó en el juicio del procés. En septiembre de 2023 pasó al sector privado, en concreto fichó por el bufete González Franco, especializado en el campo de la defensa penal de delitos económicos y de empresa. Especialmente de directivos y miembros de los Consejos de Administración, según se puede leer en la web del despacho.
Rosa María Seoane (i) y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera / efe
El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán (i), y el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo (c), y Alberto Durán (PP) / Matias Chiofalo - Europa Press
El 8 de noviembre el abogado del PP Alberto Durán presentó un escrito en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reclamando su personación en el caso Ábalos, al mismo tiempo que recordaba que esta formación política había sido "la primera en personarse en las Diligencias Previas 65/2023 (caso Koldo) de las que dimanaba la Exposición Razonada elevada" contra el exministro de Transportes. Y esta iniciativa le ha servido a la postre al Partido Popular para liderar a todas las acusaciones populares, entre las que destaca la asociación Hazte Oír, cuyo letrado es Javier María Pérez-Rollán. Este abogado lidera por su parte a las acusaciones populares en el conocido como caso Hidrocarburos en el que también está imputado Víctor de Aldama.
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