El juez mantiene a Ábalos y Koldo en libertad después de que el exministro negara el cobro de mordidas y reconocerse en los audios

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente estudia si acuerda el ingreso en prisión del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, después de que éste haya negado el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública y haya dicho que no se reconoce en los audios grabados por el que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García.

No se reconoce ni por la voz que aparece como suya ni en su contenido, ya que cree imposible haber tenido esas conversaciones, apuntando a que "podrían haber sido manipulados", según fuentes presentes en la declaración. Su prisión, y también la de Koldo, la ha pedido la acusación popular bajo la dirección del PP tras su comparecencia de hora y media, en la que ha respondido a algunas preguntas del juez y del fiscal Anticorrupción.

El Ministerio Público ha solicitado que se mantengan las medidas cautelares que hasta ahora pesan contra el exministro -- prohibición de salir del país y comparecencias periódicas--y, subsidiariamente, ha mencionado que también sería posible imponerle una fianza cuyo importe no ha especificado.

Koldo García --igualmente citado este lunes-- ha optado por no declarar tras fracasar su último intento de aplazamiento de la citación, para lo que había alegado que su nueva abogada defensora no ha tenido tiempo de acceder a todas las actuaciones. Solicitaba un mes de suspensión según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, si bien el magistrado ha rechazado esta posibilidad y Koldo García ha llegado al Supremo casi media hora antes de la hora de su cita, y también ha sido insultado de una decena de personas. El que fuera chófer y escolta de Ábalos optado por acogerse a su derecho a no declarar y para él también se ha solicitado prisión por parte de las acusaciones populares.

Los registros en casa de Ábalos y algunas empresas elevan a casi una treintena las adjudicaciones bajo sospecha de la trama Cerdán-Koldo

Ábalos, por su parte, había llegado acompañado de su abogado, Aníbal Álvarez, a la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban decenas de periodistas que le han preguntado si tenía previsto declarar, aunque el exministro no ha hecho ninguna manifestación. Un grupo de personas también le esperaban en la calle al grito de "corrupto" y "putero". Dentro ha respondido a las preguntas del juez, del fiscal jefe Anticorrupción, Alejando Luzón, mientas que su defensa no ha hecho ninguna pregunta.

Se trata de la tercera ocasión en la que Ábalos acude por el caso Koldo ante el alto tribunal --las dos anteriores fueron los pasados diciembre y febrero-- y en ambas ocasiones negó su participación en supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Ahora, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica en la trama al hasta hace unas semanas su sucesor en la secretaría de Organización de PSOE, Santos Cerdán.

Desvincula a Santos Cerdán

Con respecto a éste, Ábalos ha señalado que jamás tuvo que ver con las contrataciones de su Ministerio, y él mismo también se ha colocado fuera de las contrataciones que el instructor de la causa señala como irregulares, y que afectan a Adif y a la Dirección General de carreteras. Igualmente, ha negado que participara en la redacción de la nota que se emitió sobre el rescate de Air Europa o interviniera en la colocación de Claudia Montes, una mujer con a la que conoció en un acto público y con la que únicamente reconoce haber mantenido una relación por Instagram, a pesar de que logró plaza en la entidad pública Logirail.

La comparecencia del exministro de Transportes ha comenzado reconociendo éste que no se encontraba en su mejor momento, puesto que su casa de Valencia ha sido vandalizada. También se ha referido al disco duro que en el registro del pasado 10 de junio trató de sacar de su vivienda oculto entre la ropa de una mujer que le acompañaba en ese momento sólo es una copia de otro dispositivo que ya estaba en manos de la UCO.

Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado defensor, Benet Salellas, pidió retrasarlo para poder estudiar la causa. Puente le ha convocado para el 30 de junio, ya en calidad de investigado toda vez que perdió el aforamiento cuando dejó su acta de diputado. Precisamente, el informe de la UCO sobre Cerdán ha sido el motivo de esta nueva tanda de declaraciones. La Guardia Civil le sitúa como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.

El 'informe Cerdán' se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación entre Cerdán y Koldo y luego con Ábalos fue cambiando a lo largo del tiempo. En un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.

Los investigadores apuntan sus sospechas en relación con contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros.

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De esos audios también se desprende la existencia de una trama paralela que se habría ocupado de colocar en puestos clave, para las supuestas adjudicaciones irregulares, a las personas correctas, así como a encontrar trabajo a los principales protagonistas y sus contactos. La UCO sospecha que se valían de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif y de Javier Herrero, como director general de Carreteras. Por las mismas razones, los audios muestran que Cerdán pretendía cesar al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura, porque habría puesto problemas en una adjudicación.

Personación del Gobierno de Navarra

En una segunda providencia dictada este martes, el magistrado Puente rechaza la petición del Gobierno de Navarra de personarse en la causa como acusación particular. El juez señala que el escrito presentado por el Ejecutivo navarro, “en extremo lacónico, omite efectuar referencia alguna a qué concretos hechos (y/o qué eventuales figuras delictivas), de entre los que conforman el objeto de la presente causa especial, determinarían la condición de víctima o perjudicado del Gobierno de Navarra, en los términos previstos en los artículos 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, condición indispensable para personación en la calidad pretendida”.