El Gobierno aboga por obligar a las empresas a usar lenguas cooficiales sólo allí donde se hablen

El Gobierno se aparta de la versión ofrecida por Junts del acuerdo incluido en el proyecto de ley de atención al cliente que prepara su ministerio, por el que las empresas de más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación estén obligadas a atender a la clientela en lenguas cooficiales. Una medida que el partido de Carles Puigdemont quiere aplicar a todas las compañías, independientemente de dónde se encuentre su sede, mientras el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aboga por limitar este requisito a aquellas que estén en los territorios donde se reconozcan estas lenguas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro admitió estar negociando enmiendas a esta ley, y se mostró partidario del "derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Esto es algo que está reconocido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, y creo que es sensato, razonable y de sentido común", defendió, limitando así esta obligación a las comunidades autónomas que tienen reconocidas estas lenguas.

Preguntado por la disparidad de versiones, después de que los de Puigdemont asegurasen que afectaba a todo el territorio nacional, Bustinduy marcó las posiciones del Ejecutivo, limitándolo solo a los territorios con lenguas reconocidas: "La voluntad del Gobierno la voluntad del Gobierno y del Ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales all donde son reconocidas como tales".

Frente a esto, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, defendió este miércoles a su llegada al Congreso que esta obligación se haría efectiva a las empresas de todo el país. "Los catalanes hemos de tener los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí, será en toda España", defndió.

Aunque las versiones parecen contrapuestas, tanto desde Junts como desde el Ministerio de Consumo insisten en que no hay disparidad. Los de Carles Puigdemont aseguran ceñirse al acuerdo que ellos mismos anunciaron este martes a última hora, que defendía que esta obligación era para todas las empresas que atendieran a consumidores que hubieran adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

Desde el Ministerio de Consumo apuntan a que será un requisito para empresas que operen en territorios con lenguas cooficiales, y se remiten al texto del proyecto de ley [consultar aquí], que en su artículo 7.2 ya establece que la presentación de quejas o reclamaciones "podrá realizarse en castellano, así como en cualquiera de las lenguas cooficiales cuando el servicio de atención a la clientela sea dirigido a clientela sita en comunidades autónomas que dispongan de lenguas cooficiales". Si los servicios no están dirigidos al cliente de estos territorios, por tanto, no habrán de contar con atención al consumidor en estas lenguas.

El argumento al que se agarra Junts para hacerlo extensivo a toda España es una enmienda idéntica presentada tanto por ellos mismos -enmienda número 6- como otra firmada por PSOE y Sumar (enmienda 150). Una modificación de la exposición de motivos -no del articulado de la ley-, que se establece "la obligación para las empresas de que la respuesta a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias se lleve a cabo en la misma lengua en la que se realizaron", eliminando el apartado que fijaba el requisito de que se respondiera "al menos, en castellano" y sin establecer marco territorial.

Precisamente para este martes se había convocado la ponencia de esta ley, pero fue desconvocada y hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las 234 enmiendas registradas por los grupos parlamentarios.