Santos Cerdán pide al juez Puente que rectifique y le deje libre: "Somos cautivos de una ensoñación de los investigadores"

La defensa de Santos Cerdán ha vuelto a la carga para tratar de conseguir la libertad de Santos Cerdán antes de final de año, plazo anunciado por el magistrado Leopoldo Puente en el auto en el que rechazó su anterior petición. En su recurso de reforma afirma que ese auto "viene a transmutar acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el Gobierno central (con acciones que serían perfectamente equiparables y reproducibles en tantas otras administraciones públicas) en indicios (o mejor dicho, sospechas) de criminalidad". En su opinión, son "nuevamente cautivos de una especulación policial, de un relato mediático, de una ensoñación de los investigadores".

El recurso, de 15 páginas, se permite mencionar la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que se investiga desde hace años la utilización de software espía en los teléfonos de varios miembros del Gobierno, entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el procedimiento seguido en Barcelona por el espionaje con Pegasus a líderes independentistas, entre ellos, el expresidente catalán Pere Aragonès. Admite que "se dirá que es una mera hipótesis" vincular esos procedimientos con la causa se sigue contra Cerdán, "pero para poder descartarla en propiedad es necesario que se practiquen diligencias de investigación", como las diligencias que proponía la defensa y rechazó el magistrado.

La estrategia de los abogados de Santos Cerdán pasa por atribuir un papel de "agente provocador" al exasesor Koldo García y poner en duda los 10 terabytes de audios que se le intervinieron desde 2019. El magistrado rechazó las pruebas solicitadas por Benet Salellas y Jacobo Teijelo al entender que se podía "desfigurar la causa hasta convertirla en una ‘investigación a los investigadores’ al socaire de meras imputaciones, indefinidas y carentes del más mínimo apoyo justificativo, siquiera indiciario, procedentes del investigado”.

El recurso esgrime que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba está imputado por proporcionar teléfonos al comisionista Víctor de Aldama y lo relacionan con los audios encontrados en el registro del domicilio de Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Anticorrupción descartaba este extremo al recordar que las grabaciones comienzan en 2019 y Villalba no empezó a dar móviles al empresario hasta el 2021. La defensa, además, insiste en que el informe sobre las grabaciones admite que fueron manipulados, aunque el magistrado lo niegue y les confiriera veracidad.

El escrito ahonda en que la imputación contra Santos Cerdán trató de "influir en la acción del Gobierno", porque dice que conocerse que estaba siendo investigado "provocó su dimisión como diputado y, por lo tanto, la modificación de la configuración del Congreso"; desde que falta "el Gobierno no consigue sacar adelante la mayoría de las votaciones en la Cámara baja", concluye. Y ello demuestra que "quizás no hay tantas personas 'que puedan encontrarse en la misma línea de actuación política que el señor Cerdán', como dice el auto recurrido, y que "esta causa ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en la actividad del poder legislativo y de la estabilidad del Gobierno central".

Añade que "no se trata como se ha dicho" por el instructor "de 'mirar hacia el otro lado', pero tampoco de obviar la importancia de la institución de la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el señor Santos, mientras era investigado por la UCO por indicación" del magistrado con anterioridad a que cursara el correspondiente suplicatorio, que finalmente no hizo falta al renunciar a su escaño.

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