El fiscal general, procesado
El fiscal general defiende que cerró su cuenta de correo porque recibió mensajes "hostiles" tras filtrarse un informe de la UCO
La Abogacía del Estado argumenta en el escrito en el que pide la absolución de García Ortiz que la exposición pública de sus datos obligó a reforzar la seguridad

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, a la llegada al Tribunal Supremo / José Luis Roca

El escrito elaborado por la Abogacía del Estado en defensa del fiscal general del Estado, y que argumenta a favor de su absolución en la causa por revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, incluye una nueva explicación sobre el cierre de su cuenta en Gmail. Esta decisión se vincula con la filtración de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el pasado mes de octubre que permitió la exposición de sus datos, lo que "motivó que recibiera mensajes de todo tipo, incómodos y en ocasiones hostiles".
En este punto, los servicios jurídicos del Estado distinguen la eliminación de la cuenta personal de García Ortiz, que tuvo lugar a principios del presente año, del borrado de sus mensajes de Whatsapp anteriores al pasado 16 de octubre, el mismo día en el que el Tribunal Supremo le abrió causa por la filtración del procedimiento por fraude a Hacienda que se había presentado contra Alberto González Amador.
En uno de los folios del informe del citado informe de la UCO figuraba, sin suprimir, la dirección completa de la cuenta del correo personal del fiscal general, y la coincidencia de esta circunstancia con la llegada a esta dirección de los mensajes "hostiles" fue puesta en conocimiento del comisario jefe de la Brigada de Seguridad Informática el pasado mes de enero. Fue en dicha fecha cuando se cerró la cuenta, y no antes.
La cancelación del correo del fiscal general fue revelado por los agentes en otro informe aportado al Tribunal Supremo el pasado mes de febrero en el que se advertía que la recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en servicio de Google Drive no había sido posible "debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada a este servicio".

Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo. / Alberto Ortega - Europa Press
Cuenta clave
Se trataba de la cuenta personal del fiscal general a la que, según reveló el registro de su despacho, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024 llegaron los correos electrónicos que demostraban que la defensa del empresario Alberto González Amador había ofrecido un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio, y cuyo contenido fue utilizado para elaborar una nota de prensa que saliera a desmentir una información errónea sobre esta cuestión. Según indicó entonces el propio proveedor de servicios a la Guardia Civil, esta cuenta "ha sido eliminada recientemente y quizá se pueda recuperar", si bien las diligencias posteriores acordadas por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, no han dado resultados positivos.
El escrito de defensa dado a conocer este jueves también revela que el pasado 9 de enero García Ortiz comunicó a su jefa de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo que en otro informe de la UCO, con fecha de 3 de enero de este año, se hacía constar una línea móvil que había sido filtrada a la prensa y que, en consecuencia, resultaba necesario cambiar por también allí se estaban recibiendo numerosas "llamadas y mensajes molestos".

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a medios a su llegada a reunirse con la ministra de Igualdad, en la sede de la Fiscalía General del Estado, a 24 de julio de 2024, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press
La exposición pública de sus datos personales (correo electrónico, número de DNI, dirección postal, número de teléfono personal y oficial) "significaba un riesgo para su seguridad como alta autoridad del Estado, que a partir de ese momento hubo de ser reforzada".
En cuanto al borrado de mensajes, el escrito de conclusiones, que insta la absolución de García Ortiz, incide en que éste "suprimió, como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura, los datos personales de su dispositivo móvil" de conformidad con diversos reglamentos y convenios de protección europeos y de lo que señala una Instrucción de la propia Fiscalía de 2019.
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