El PP europeo señala la okupación como uno de los problemas más graves de la crisis de vivienda

Europa se enfrenta a una crisis de vivienda que amenaza con seguir dejando fuera del mercado a millones de jóvenes y familias. La falta de oferta, el encarecimiento de la construcción, la "fuerta carga" administrativa, la inseguridad jurídica y, en especial, el "auge" de la okupación son algunos de los factores que desde el Partido Popular Europeo (PPE) creen que están bloqueando el acceso a una vivienda digna en gran parte del continente. Desde Badalona, ciudad que se ha convertido esta semana en el epicentro del debate europeo sobre vivienda, el PPE ha defendido que la solución debe pasar por dar más protagonismo a las autoridades locales, facilitar la colaboración público-privada y garantizar un marco jurídico estable que favorezca la inversión y la construcción.

Durante una cumbre impulsada por el Comité de las Regiones del PPE en Badalona, su presidenta, Sari Rautio, ha subrayado que la vivienda no puede entenderse solo como un activo económico, sino como un pilar esencial de cohesión social y oportunidad para las nuevas generaciones. "Sin hogar, no hay futuro. Y sin políticas que funcionen desde lo local hacia lo europeo, no hay solución real", ha advertido. Y en su apuesta por mejorar esta situación, Rautio ha señalado como uno de los "problemas más graves" la "okupación ilegal" y la "falta de protección de los propietarios", un diagnóstico compartido por buena parte de los ponentes, que durante la mañana debatirán sobre la crisis de la vivienda en el Hotel Marina de Badalona.

Un cambio de política en España

En la cumbre participan alcaldes, concejales y expertos en la materia de distintos países europeos. Entre ellos, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y miembro del Comité de las Regiones que ejerce de anfitrión. El edil del PPC ha pedido un "cambio en la política de vivienda" de España y lo ha puesto como ejemplo de una forma de gobernar fallida. "Tenemos una normativa equivocada por un gobierno que se niega a cambiar las reglas que ya han demostrado ser un fracaso y que perjudica la construcción y la puesta en mercado de viviendas de alquiler", ha dicho Albiol, que ha criticado con contundencia la primera ley de vivienda de la democracia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023, cuyas consecuencias, ha dicho, es que se "desprotege a los propietarios" de los impagos.

También se ha unido a las críticas contra el ejecutivo español Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y portavoz en materia de vivienda, que en su turno ha criticado la "ineficacia" de las leyes actuales, que considera que "protege a los okupas": "Los jóvenes no quieren BOE, quieren llaves", ha dicho. En la misma línea, Bravo ha pedido medidas como avales públicos, bajadas de impuestos, simplificación administrativa y apoyo a la oferta, especialmente mediante colaboración con el sector privado.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible

Sari, Albiol y Bravo han coincidido también en el papel "importantísimo" que deben tener las autoridades locales y regionales para dar respuesta a esta falta de techo. Por eso, han pedido que se siga dando recursos a la "primera línea política" -la que está más cerca de la ciudadanía-, y que se colabore en todas las dimensiones, desde Europa hasta los municipios, para que el Plan Europeo de Vivienda Asequible, que la Comisión Europea presentará este año, dé respuestas reales en los próximos años.

Paralelamente, en el Parlamento Europeo se ha creado el primer comisionado para hacer frente a al crisis de la vivienda, del que forma parte el eurodiputado español del PPE, Borja Jiménez, presente en la cumbre este lunes. El representante del Parlamento Europeo presentó la semana pasada un informe específico sobre vivienda, que levantó críticas entre los partidos de izquierda del hemiciclo europeo. El documento propone reducir la burocracia, fomentar la inversión privada, trabajar con las autoridades locales y avanzar hacia una regulación más flexible que tenga en cuenta la diversidad regional dentro de la Unión Europea. “La UE no tiene un único mercado de vivienda: hay 27 realidades distintas, y debemos respetarlas”, ha subrayado.

En su intervención, Jiménez también ha hablado de uno de los puntos que recoge el informe y que considera "imprescindible" para el marco español: el impacto de los apartamentos turísticos, un fenómeno que -según ha indicado- está afectando en algunos casos al mercado de alquiler residencial. En nombre del PPE, ha defendido la necesidad de "regular" y "ordenar" de forma específica este tipo de negocios, basándose en datos, de forma proporcionada y adaptada al contexto local, que permita combatir la “oferta ilegal” sin poner en riesgo el sector turístico legal, especialmente relevante en países como España.

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