Presupuestos
Hacienda avisa que las comunidades tendrán menos recursos si el Congreso tumba la senda fiscal
El Ejecutivo trabaja en una propuesta para aumentar el margen de déficit de las comunidades, pero reconoce la falta de acuerdo con los socios. Si se rechaza, los Presupuestos se construirán con la actual senda, menos beneficiosa para las administraciones autonómicas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el último pleno en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca / EPC
El Gobierno lleva desde que arrancó el curso político, hace mes y medio, asegurando que su intención es presentar “pronto” la senda fiscal. La primera piedra sobre la que erigir la arquitectura de los Presupuestos, cuya demora lleva ya a Moncloa a asumir una prórroga de las cuentas a partir del 1 de enero de 2026, sin margen para someter la votación de totalidad del proyecto antes de que acabe el año. Fuentes de Hacienda reconocen que no han conseguido alcanzar “por ahora” un acuerdo con sus socios para aprobar los objetivos de déficit. Su determinación es presentarlos igualmente, para poder cumplir con su compromiso de llevar los presupuestos al Congreso. Ante ello, desde el departamento que dirige María Jesús Montero avisan, con un mensaje dirigido también al PP, que si se tumba su propuesta de senda fiscal, los Presupuestos se elaborarán con la senda actual y las comunidades autónomas tendrán menos recursos.
Sin concretar la nueva propuesta de margen de déficit, que antes de aprobarla en el Consejo de Ministros se deberá plantear en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) todavía no convocado, en Hacienda avanzan que darán “más recursos a las comunidades autónomas”. En caso de rechazarse, minimizan las consecuencias e, incluso, reconocen que beneficiaría a la Administración General del Estado.
Mientras en Junts no solo niegan un acuerdo, sino que hasta aseguran no tener negociaciones con el gobierno, para ERC sigue siendo una línea roja para apoyar las cuentas públicas que se avance en la propuesta de financiación singular para Catalunya. En el Gobierno apuntan que están intercambiando documentos con la Generalitat, pero se alejan de la proposición de ley de los republicanos para la cesión del IRPF. Mucho más de lo que denominan “cupo catalán”.
Su pretensión es presentar una reforma del modelo de financiación autonómica, que incluya la singularidad de Catalunya y se haga extensible a todos los territorios. En Hacienda están ahora trabajando en su “esqueleto” para presentar una reforma “completa” de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El objetivo de María Jesús Montero es dejarla avanzada y “desbrozado” un cierto consenso antes de abandonar el Gobierno para ser candidata del PSOE en las elecciones andaluzas previstas para mediados del próximo año. La distancia con el PP lo hace ahora imposible y en el propio Ejecutivo reconocen las dificultades por no contar con un “interlocutor” sobre este asunto en Génova.
Como guiño a Junts, Sánchez volvió a reiterar esta semana su intención de reunirse con Carles Puigdemont. Una foto, reclamada por los posconvergentes en el marco de la denominada “amnistía política”, que quiso desvincular de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
La falta de consenso en la senda de déficit haría todavía más compleja la negociación de los Presupuestos, por lo que en el Gobierno no pierden la esperanza de acercar antes posiciones. De ahí que tampoco quieran comprometerse con el calendario, evitando fijarse un plazo máximo para su presentación. Además, están todavía en conversaciones con Sumar, el socio minoritario de la coalición, para cerrar un acuerdo previo respecto al proyecto de Presupuestos.
Nueva prórroga
De forma preventiva, y siempre desde la óptica de que se presentarán los Presupuestos aun sin los apoyos garantizados, en el Gobierno desligan la continuidad de la legislatura de que salgan adelante. Con todo, su presentación se producirá ya fuera de plazo constitucional. La Carta Magna, en su artículo 134.3, dispone que el Gobierno deberá presentar ante del Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos, tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
En el Ejecutivo intentan así minimizar la importancia de tener nuevos Presupuestos apoyándose en los fondos europeos y en la buena marcha de la economía. "Con estos Presupuestos, que son de una administración progresista, tenemos carriles para garantizar las principales prioridades, en materia social y de modernización del tejido productivo", defendía Sánchez en los micrófonos de la 'Cadena Ser' en la entrevista del pasado martes.
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