El juicio al fiscal general: Un episodio clave en la guerra entre Sánchez y Ayuso

El juicio que comienza esta semana en el Tribunal Supremo (TS) por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es, además de un proceso sin precedentes, un escenario de batalla esencial dentro de una guerra política muy cruda y con muchas implicaciones, la que enfrenta casi desde que ambos llegaron al poder, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Lo que el Alto tribunal deberá dilucidar es si García Ortiz, un hombre cuya proximidad al PSOE desde hace años no es ningún secreto -participó en actos de partido durante campaña electoral-, y que ya fue objeto de comentario cuando llegó al cargo en 2022 en sustitución de Dolores Delgado, incurrió en un delito poniendo en manos ajenas datos fiscales confidenciales de Alberto González Amador. El novio de Ayuso, autor de tres presuntos delitos de fraude fiscal (en dos ejercicios distintos) y de falsedad documental al haber defraudado unos 300.000 euros en el impuesto de Sociedades como consecuencia de un negocio en el ámbito sanitario.

Algo que habría hecho para combatir un bulo difundido por el director de Gabinete de Ayuso, el ínclito Miguel Ángel Rodríguez, quien logró que algunos medios de comunicación, incluidos periódicos madrileños de tirada nacional, publicasen la especie de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Algo que fue exactamente al revés, pues como es habitual fue la defensa de la pareja de Ayuso quien ofreció ese acuerdo al Ministerio Público.

La guerra entre Sánchez y Ayuso, además, tuvo un episodio determinante hace justo un año, cuando el senador socialista Juan Lobato dimitió como líder del PSOE de Madrid tras desvelar 'ABC' que había llevado ante un notario de la capital sus mensajes con Moncloa del día de marzo de 2024 en que la víspera había saltado a los medios el supuesto pacto que la Fiscalía ofrecía al novio de Ayuso. En concreto con Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del hoy ministro y entonces jefe del Gabinete de Sánchez, Óscar López. Esta última era, a la sazón, asesora de Lobato, y le sugirió a este, en los mensajes llevados al notario, que utilizase contra Ayuso en la Asamblea de Madrid los datos de su novio. Según su posterior declaración ante el TS, Lobato, técnico de Hacienda de profesión, le preguntó que de dónde salían esos datos y ella le dijo que los había recibido de la prensa.

Una eventual condena a García Ortiz daría aire a la cometa que Ayuso ha tratado de volar varias veces, la de que su pareja sería víctima de una turbia operación -incluso llegó a decir de Estado- diseñada desde la Moncloa; una absolución, por contra, llenaría de razón al presidente del Gobierno y a todos quienes con él, singularmente el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, vienen defendiendo a capa y espada la inocencia del fiscal general y lamentando que un "bulo" promovido desde la Puerta del Sol haya terminado en un procesamiento inédito contra un alto servidor público. “Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito”, suelen reiterar desde Moncloa acogiéndose a su argumentario habitual. Aunque tampoco cabe descartar que nadie dé su brazo a torcer en cualquier escenario.

Choque con el Supremo

El enconamiento entre el Gobierno y el TS no es nuevo, es muy profundo, y antecede con mucho al procesamiento del fiscal general. En caso de discutir una decisión del Alto tribunal, no sería la primera vez que ocurre. “Desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, siento profunda preocupación porque ciertas resoluciones puedan socavar la imagen de la justicia de este país porque lo que hizo fue decir la verdad y está obligado por ley a decir la verdad”, arremetía desde la sala de prensa de Moncloa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hace ahora un año coincidiendo con la resolución del Surpremo para investigar a García Ortiz.

Si en cambio hubiera absolución, la trompetería del PP de Madrid no se quedaría tampoco atrás. La barrera entre el respeto que ritualmente mostraban antaño los representantes institucionales ante cualquier tipo de decisión judicial y la crítica abierta a las mismas, en cualquier escenario, hace tiempo que se rebasó en un escenario tan polarizado como el español.

"Alberto Quirón"

La comparecencia del pasado jueves del presidente Sánchez en la comisión de investigación sobre corrupción en el Senado evidenció hasta qué punto existe esa polarización y hasta qué extremo la guerra entre Moncloa y Sol sigue en lo más alto. Aunque la vista oral contra García Ortiz quedase lógicamente eclipsada por el escándalo Ábalos-Koldo-Cerdán y todas sus derivadas, y por los casos que afectan a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano David, al que también se le abrirá juicio oral por su puesto en la Diputación de Badajoz.

Sánchez, no en vano, no perdió la ocasión de mencionar a "Alberto Quirón", como los socialistas se refieren siempre al novio de Ayuso, mezclando su nombre de pila con el del grupo hospitalario con gran implantación en la Comunidad de Madrid. Y la forma en la que se comprobó que lo tenía registrado en su móvil Miguel Ángel Rodríguez. Y tampoco olvidó mencionar, como en muchas otras ocasiones, al hermano de la presidenta madrileña, al que atribuye un caso de corrupción por su retribución como intermediario en la compra de mascarillas en la pandemia, pese a que no hay ningún proceso judicial en su contra tras archivar en su día la Fiscalía europea una denuncia al respecto. La guerra entre Sánchez y Ayuso, que marca desde hace ya casi una década buena parte de la política española, se libra ahora en las Salesas.

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