Funcionarios de Canarias alertaron de los contratos con la red delictiva: "Me da igual de donde venga, tengo que comprobar unos mínimos"

Altos funcionarios del propio Gobierno de Canarias encendieron las alarmas al advertir irregularidades y omisiones en el procedimiento de compra de material sanitario a la red delictiva liderada por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento Koldo García. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las contrataciones a empresas de la trama formalizadas por la comunidad autónoma durante la pandemia, es decir, durante la presidencia del ahora ministro Ángel Víctor Torres, evidencia cómo los altos funcionarios que intervinieron en la tramitación de estas compras –al menos dos de ellos– dejaron bien a las claras que el procedimiento estaba viciado por una serie de deficiencias y falta de información relevante.

Los funcionarios, la ya fallecida María Salomé Ballesteros –por entonces jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales del Servicio Canario de Salud (SCS)–, y un segundo trabajador, este de la dirección general de Recursos Económicos del SCS, avisaron en varios correos electrónicos que se cruzaron con quien en aquel momento estaba al frente de esa dirección general, Ana María Pérez, que los precios de compra estaban fuera de mercado, que se estaban saliendo del "circuito" ordinario de este tipo de contrataciones, que no había ficha financiera –fondos debidamente acreditados para la adquisición del material sanitario– y hasta que su papel de funcionarios no podía ser otro que el de comprobar que todo el procedimiento cumpliera, al menos, "unos mínimos".

"Me da igual de dónde venga. Soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos", respondió Ballesteros a un correo en el que Ana María Pérez le indicaba que se siguiera adelante con la operación y en el que le destacaba: "Seguro que te diste cuenta de dónde procede la propuesta". Unas palabras de las que, según la UCO, se puede entender que la oferta llega desde el Ministerio de Fomento у Transportes a través del viceconsejero canario de la Presidencia, Antonio Olivera.

Ballesteros alertó de varios indicios sospechosos, entre ellos de que el precio de las mascarillas ofertadas por la trama superaba el de mercado y que en Canarias existía suficiente stock para cubrir las necesidades durante dos meses con los pedidos ya realizados. "¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? Son 12 millones de euros. Hemos comprado mascarillas más baratas (1,89 euros)", cuestionó. También expresó dudas sobre la viabilidad de abonar una cifra tan elevada sin la debida supervisión: "Ni siquiera estoy segura de que podamos hacer una compra de 12 millones sin pasar por el Gobierno. Habrá que convalidarlo y ¿lo hacemos con un correo?", añadió la funcionaria en el último de los email que se cruzó con Pérez el 22 de abril de 2020. Según recoge el informe de la UCO, ese mismo día por la tarde, la que era directora de Recursos Económicos informó a la empleada pública de que ya se había formalizado el pedido de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.

Solo dos días después, Ana María Pérez solicitó a la Dirección General de Recursos Económicos la creación de un pedido con la factura proforma del primer encargo de mascarillas. Ante esa instrucción, el destinatario le preguntó "por qué nos salimos del circuito", sugiriendo que se estaba actuando de forma excepcional en la tramitación de la factura de Soluciones de Gestión. El funcionario precisó, además, que el control del pago debía recaer en quien lo iba a ejecutar, en alusión a Ballesteros, quien apenas 48 horas antes había advertido de las irregularidades de la operación.

Otra de las anomalías que este segundo funcionario destacó se refería a las condiciones de los fletes. Según señaló, deberían formar parte del precio de la mercancía, pero él había comprobado que ese concepto se iba a abonar en una factura independiente. "Yo preferiría que Salomé gestionara todos estos aspectos con el proveedor. Condiciones, puntos de entrega, plazos y pagos. Hasta ahora, con los proveedores que gestiona, no tenemos problemas", concluye el alto funcionario autonómico.

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