La ley de nacionalidad saharaui congelada por el 'no' del PSOE

En medio de la renovada atención internacional sobre el Sáhara Occidental —reavivada tras la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de dar un nuevo impulso al plan de autonomía promovido por Marruecos—, la propuesta de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis sigue un tanto en el aire. El ‘no’ del Partido Socialista (PSOE) a la propuesta –cuyo representante preside la Mesa de la Comisión de Justicia– "está bloqueando" la propuesta, denuncia la diputada de Sumar Tesh Sidi quien además señala que, aunque ya se ha aprobado cerca del 75% de la norma, aún no se ha avanzado hacia el cierre de la fase de enmiendas y, por tanto, se retrasa el envío de la ley al Senado.

Impulsada por el grupo Sumar, la iniciativa busca facilitar el acceso a la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas antes de 1976, cuando el territorio era la provincia número 53 de España, así como a sus descendientes.

Son muchas las cuestiones que pretende resolver la propuesta: "Yo tuve que esperar alrededor de 24 años para obtener la nacionalidad española y mi situación no es la excepción, sino que es la norma a la que se enfrentan todos los saharauis que piden la nacionalidad. Lo cierto es que estamos en un limbo legal absoluto", critica Tesh Sidi.

Pero la aprobación de la norma no estuvo exenta de obstáculos. El texto contó con el respaldo de Sumar, el Partido Popular (PP), el PNV, Junts, Podemos, Coalición Canaria, EH Bildu, ERC y el BNG; la abstención de Vox; y un único voto en contra: el del Partido Socialista. Desde 2022, cuando Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI alineándose con la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y calificándola como la más "seria, realista y creíble", los de Ferraz se han mantenido próximos a la postura de Rabat, mientras que otras fuerzas de izquierda mantienen un claro apoyo a la causa saharaui.

En 2023, Unidas Podemos presentó otra proposición similar, que nuevamente fue rechazada por el PSOE. Desde Sumar acusan ahora a los socialistas de impedir la puesta en marcha de la ley. Una crítica que además llega de la mano de una acusación tajante: "El Partido Socialista es el Ministerio de Exteriores de Marruecos. Se esperaba que votaran en contra de esta propuesta", denuncia la diputada.

Un "bloque"

Todas las enmiendas a la norma se presentaron en julio, entre ellas varias promovidas por los socialistas. Ahora solo falta convocar la ponencia que abra la negociación en la que cada grupo defenderá la idea que mantenga. Es en este aspecto donde la aplicación de la ley sigue estancada.

A juicio del portavoz de Sumar en Canarias, Rubén Hernández, la ley pretende "reparar un daño" que España, como potencia colonizadora, debe asumir. "Pedir perdón" es una de sus prioridades. Un punto en el que coincide Noemí Santana, secretaria de Podemos en Canarias: "No nos cabe en la cabeza que el PSOE pueda votar en contra de una iniciativa como esta. Lo mínimo que podríamos hacer es reconocer la ciudadanía española al pueblo saharaui y a sus descendientes".

Pero más allá de reconocer la nacionalidad, la propuesta busca corregir un vacío existente en la Ley de Memoria Democrática. Un limbo que se originó cuando se aprobó la norma con el objetivo de otorgar la nacionalidad española a los sefardíes, pero se excluyó al Sáhara Occidental. El pueblo saharaui pasó entonces a formar parte del régimen de países extracomunitarios, sin vínculo histórico reconocido con España. En este contexto, la ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis "es una ley de memoria restaurativa y democrática", explica Sidi.

Acerca de la propuesta

La proposición –que contempla un plazo de dos años (ampliables a tres) para solicitar la nacionalidad desde la entrada en vigor de la norma– plantea conceder la nacionalidad mediante carta de naturaleza a las personas nacidas bajo la administración española en el Sáhara Occidental. De ponerse en marcha, hasta un total de 200.000 personas podrían beneficiarse de la misma.

Otro de los aspectos importantes de la propuesta es la modificación del artículo 22 del Código Civil. La medida contempla reducir de diez a dos años el requisito de residencia para quienes provengan de países con vínculos históricos con España, una categoría en la que se incluiría al Sáhara Occidental debido a su condición de antigua provincia española. De este modo, los saharauis tendrían que residir únicamente dos años –y sus descendientes cinco– en lugar de los diez años actualmente exigidos. La modificación supondría un reconocimiento jurídico del lazo histórico entre España y el pueblo saharaui, al mismo tiempo que corregiría una situación de desigualdad respecto a otros colectivos con vínculos similares, como los ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, a quienes ya se les aplica este plazo reducido.

Próximos pasos

Las esperanzas de que la norma logre avanzar se mantienen vivas a pesar de la negativa de los de Ferraz. La nueva hoja de ruta de Naciones Unidas no afecta directamente a este tipo de iniciativas legislativas, aunque, en el plano político, refleja una clara inclinación hacia las tesis de Marruecos. Ante este escenario, Tesh Sidi subraya la relevancia de la propuesta. "Lo más preocupante no es tanto la posición del Consejo de Seguridad, sino que un gobierno progresista adopte esa tesis", apunta en referencia al partido socialista y añade que la resolución de la ONU se ha utilizado como una "herramienta de propaganda destinada a transmitir la idea de que el conflicto ya está resuelto bajo el control de Marruecos, algo que no es para nada cierto".

Mientras el Partido Socialista mantenga bloqueada la ponencia, la ley no podrá convertirse en norma. Aun así, Sidi confía en que prospere: "Las bases del PSOE son muy solidarias con el Sáhara Occidental y, aunque no se comprenden las decisiones que está tomando el partido, confío en que finalmente la ley salga adelante". Una postura que adquiere especial relevancia si se considera que, más allá de los Acuerdos Tripartitos de Madrid –firmados el 14 de noviembre de 1975 y mediante los cuales España se retiraba del territorio saharaui y dejaba su administración en manos de Marruecos y Mauritania aunque sin reconocimiento internacional–, no se ha firmado ningún otro documento o resolución significativa en relación con el conflicto del Sáhara Occidental,que este año cumple 50 años desde su inicio sin que se hayan registrado avances sustanciales hacia una solución definitiva.

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