El Gobierno de Ayuso endurecerá su postura frente a los adultos que se hagan pasar por menores extranjeros no acompañados

Desde hace meses, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular en la región vienen endureciendo su discurso en materia migratoria. Además de manifestar un rechazo frontal al reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla amparado por la reforma de la Ley de Extranjería, ha solicitado el cierre de los centros para extranjeros dependientes de la Administración General del Estado de Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón y acusa permanentemente a Pedro Sánchez de connivencia con la inmigración ilegal.

Hoy lo ha vuelto a hacer la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien en el transcurso de un desayuno informativo ha asegurado que el Gobierno de España es "el último transportista de las mafias". A Sánchez, ha insistido, "no le importan los menores", ha impuesto un "reparto forzoso" de menores entre comunidades y lo ha hecho de manera "perfectamente orquestada para crear una convivencia cada vez más difícil".

"En el caso de la inmigración, la izquierda alimenta a Vox a través de este conflicto, convirtiéndolo en su mejor aliado. Necesitan que el bloque alternativo esté dividido y se extreme para que nunca pueda ganar", opina la consejera madrileña.

Con el sistema de acogida saturado al 130% de su capacidad, según ha anunciado, la responsable de Familia y Asuntos Sociales ha señalado que Madrid no puede aceptar "ni un menor más". Y ha adelantado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a denunciar a aquellos adultos que deliberadamente se hayan hecho pasar por menores cuando la fiscalía determine que no lo son.

"Cuando llega un menor que no tiene documentación y se sospecha de su mayoría de edad, se inicia un expediente y es la Fiscalía de menores la que coordina todo el expediente y realiza todas las pruebas documentales o pruebas radiológicas y la que cierra ese expediente con una determinación de edad", ha explicado. "En base a esa determinación de edad, cuando la Fiscalía nos diga que un menor que ha estado en un centro nuestro resulte ser mayor de edad, cuando tenemos la prueba fehaciente, procederemos a esa denuncia".

Dávila ha apuntado al Gobierno como responsable mientras "siga mezclando a mayores de edad con menores". La medida, coincidente en gran medida con las reclamaciones de Vox, se complementará con otras actuaciones. "Vamos a seguir actuando con todas las herramientas legales a nuestro alcance", ha apuntado Dávila. "De la misma manera, trasladaremos a la justicia aquellos casos en los que familias abandonen a sus hijos o hermanos menores, pretendiendo así que la Comunidad actúe como un tutor automático, sean españoles o extranjeros y residan donde residan", ha zanjado.