Junts asesta el primer golpe serio al Gobierno en pleno impulso de leyes en el Congreso

"El Gobierno no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura y no tendrá Presupuestos. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar", sentenció Carles Puigdemont el 27 de octubre. Este jueves, un mes después de estas palabras, Junts cumplió su promesa. Los siete diputados posconvergentes se unieron a PP y Vox para tumbar la senda de estabilidad, el paso previo para elaborar las cuentas públicas. El primero golpe serio al Ejecutivo llega en pleno impulso legislativo en el Congreso y con el Gobierno repitiendo el mantra de "votación a votación". Sin embargo, fuentes de Junts dejan claro que no podrán contar con su apoyo y, además, con la entrada de José Luis Ábalos en la cárcel, al Ejecutivo tampoco le sirve la abstención de los posconvergentes.

Al terminar la votación del jueves, en los pasillos del Congreso, fuentes de Junts se mostraban sorprendidas con los titulares que señalaban que su 'no' a la senda de estabilidad hacía efectivo el veto que han impuesto a las iniciativas del Gobierno. Los posconvergentes, que en las últimas semanas han salvado al Gobierno con alguna abstención, recuerdan que la portavoz, Miriam Nogueras, avisó a comienzos de noviembre de que votarían en contra de todas las propuestas del Ejecutivo. Salvo las previamente pactadas. De ahí, dicen, su sorpresa con los titulares. "Si tienen que verlo cada semana, pues así será", remataba la primera fuente.

El mensaje de los posconvergentes llega en un momento en el que el Gobierno está desplegando una intensa actividad legislativa en el Congreso. Tan solo en el último mes se han activado los trabajos para aprobar seis normas diferentes. Solo una de ellas, el proyecto de ley integral de Impulso de la Economía Social está dentro del listado de iniciativas que la propia Nogueras salvó del veto generalizo impuesto por Junts. El resto corre el peligro de caer a su paso por el pleno de la Cámara Baja. La suspensión de Ábalos al entrar en prisión ha modificado la aritmética parlamentaria y la mera abstención de los posconvergentes provocaría que cualquier iniciativa decaiga ante el habitual 'no' de PP, Vox y UPN.

Parálisis en el Congreso

Lejos de aquellas épocas en las que el Gobierno celebraba un pleno extraordinario a final de año para aprobar todas las iniciativas que tenía pendiente, el Ejecutivo tiene paralizadas ahora media decena de normas que han sido negociadas con varios socios pero que necesitan el improbable respaldo de Junts o el aún más improbable del PP. En este punto está la proposición de ley para regular a los grupos de interés (lobbies), actualmente en trámite de ponencia, para la que el Gobierno está buscando, al menos, la abstención de los populares.

También está en marcha la norma para crear la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Fuentes conocedoras de la negociación aseguraron a finales de octubre, un día después de que Puigdemont rompiera con el Gobierno, que se había "avanzado mucho" y que la intención era tener un pacto a mediados de noviembre. Sin embargo, no ha vuelto a haber más reuniones. El pacto sí está listo en torno a la ley para regular los alquileres temporales y por habitación, aunque es un acuerdo entre el Gobierno y sus socios de izquierdas, por lo que se ha frenado la tramitación ante la falta de una mayoría que la apruebe y no parece que se vaya a debatir en pleno antes de que acabe el año.

El Gobierno activó también la negociación en la ley contra la multirreincidencia que presentó el PNV y llevaba meses demandando Junts. Sin embargo, tras la constitución de la ponencia, hace ya dos semanas, no se ha producido ninguna reunión más.

La estrategia del PP

En el bloque de la investidura empieza a existir, además, otro temor. En las últimas leyes tramitadas, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para introducir cambios en las normas. Lo habitual es que estos sean eliminados cuando el texto regresa al Congreso, pero los populares están dando el visto bueno también a las modificaciones que solicitan el PNV o Junts, lo que hace más difícil que estas sean retiradas más adelante. Así, hay grupos que consideran que sin un acuerdo cerrado en el Congreso para blindar una norma resulta muy arriesgado impulsar un texto que después pueda ser modificada a su antojo por el PP en el Senado.

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