Los fiscales progresistas solicitan la intervención de la relatora de la ONU ante las "graves anomalías" en la causa contra García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Álvaro García Ortiz y también la que será nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha solicitado la intervención de la relatora de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, "ante las graves anomalías detectadas en el procedimiento" que ha concluido con la condena al primero a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de Alberto González, Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pretenden, según desgranan en un comunicado "poner en su conocimiento la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido" en este procedimiento penal en el Tribunal Supremo. "Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", afirman.

Entre los hechos que los fiscales progresistas han puesto en conocimiento de la relatora están determinadas decisiones a lo largo de la instrucción y el juicio, así como "comportamientos públicos impropios" de algunos de los magistrados que componían la Sala que enjuició a García Ortiz. Entre ellos, "intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad", el curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación en el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejercía una de las acusaciones populares, "comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción" y vínculos académicos recientes entre el magistrado Antonio del Moral y el abogado que representaba a González Amador.

Con su petición, la Unión Progresista de Fiscales pretenden que la profesora Satterthwaite analice los hechos y "valore si comprometen la independencia judicial", y que además "inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales".

Los reclamantes de esa revisión no descartan que la relatora de Naciones Unidas "considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso". Inciden en que su intención "no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla. Un Poder Judicial fuerte es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad".

Estos fiscales consideran que en torno a este procedimiento penal contra García Ortiz, que presentó su renuncia tras conocer el fallo que le condenaba --aunque aún no se le ha notificado la sentencia-- son "anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho".

No es politizar

Recuerdan que relatora tiene el mandato de Naciones Unidas de supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques, tanto directos como indirectos, a la independencia de fiscales y jueces. "Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político: es un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España".

Otra de las "anomalías" que esta asociación de fiscales ha trasladado a la ONU es la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados, que algunos de los magistrados que integraban la Sala que enjuició a García Ortiz también participaron en la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción mediante recursos, revisando decisiones clave. "Este solapamiento compromete la apariencia de imparcialidad que exigen los principios básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura", argumentan.

Igualmente, ponen en conocimiento de la relatora que se realizó una instrucción con medidas extremadamente invasivas. Así, la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas. Parte de información incautada -- los mensajes de WhatsApp de los días clave había sido borrado por el fiscal general-- fue posteriormente filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones".

Incluyen también en su denuncia la decisión del Tribunal Supremo de "anunciar un fallo condenatorio sin motivación durante semanas". Consideran que ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican, y que esta práctica "afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones".

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